Las entidades que no reportan a la Contraloría Departamental
En los 500 días que lleva el contralor César Cerchiario como contralor departamental en el Cesar, solo el 54 % de las entidades que deben reportarle la contratación, lo hicieron. El funcionario anuncia sanciones.
De las 298 entidades públicas que deben rendir cuentas de las contrataciones ante la Contraloría Departamental del Cesar, 166 incumplieron con los informes exigidos en el 2016 y en lo que va del año solo lo han hecho 99, pero incompletos.
Así lo dio a conocer el contralor Departamental del Cesar, César Cerchiaro De La Rosa, quien indicó que sancionará a los incumplidos. En entrevista con EL PILÓN, el funcionario dijo que la Contraloría registra que para la vigencia 2017, correspondiente al informe requerido para el primer cuatrimestre, 161 entidades no han registrado ningún tipo de información y solo 99 rindieron informe pero de forma incompleta, es decir, que 260 entidades tienen pendientes con la Contraloría.
¿Cada cuánto deben entregar las entidades la información a la Contraloría Departamental?
Los sujetos de control de la Contraloría General del Departamento del Cesar deben rendir información con respecto a la contratación y a la gestión administrativa y financiera de la entidad así:
– Contratación: Mensualmente en el aplicativo SIA Observa de la Auditoría
General de la República.
– Gestión Administrativa, Presupuestal, Financiera, entre otras:
Semestralmente y anual acumulado en el aplicativo SIA Contraloría de la Auditoría General de la República.
¿En qué consiste la información que deben entregarle las entidades?
La información entregada y rendida por los sujetos de control de la Contraloría General del Departamento del Cesar consiste en los contratos celebrados y las gestiones administrativas, presupuestales y financieras propias de una entidad pública.
¿Una vez que las entidades hacen la entrega de la información, qué proceso hace la Contraloría con dicha información?
Esta sirve de material e insumo para la planeación y ejecución del plan general de auditorías, haciendo más expedito el proceso auditor y la vigilancia, puesto que, de esta forma se puede contar de antemano con la información necesaria que es objeto de revisión y vigilancia por parte del ente de control.
¿Por qué hasta ahora usted como contralor se va a pronunciar al respecto?
Con respecto a este punto, es importante aclarar que el control fiscal es posterior y es en este sentido que la Contraloría ejerce su función de control y vigilancia de la vigencia fiscal 2016 durante la vigencia 2017, siendo esta la razón por la cual se hace el pronunciamiento en el momento pertinente.
Han pasado 500 días de su gestión como contralor, ¿qué sanciones ha hecho a las entidades sujetas de control?
Dentro de la gestión como Contralor General del Departamento del Cesar, en la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva en la vigencia 2016 se han tramitado 50 Indagaciones Preliminares y 137 procesos de responsabilidad fiscal, se han aperturado 84 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $5.170 millones, se expidieron 17 decisiones de fondo y se logró el resarcimiento al patrimonio con la devolución de $73.542.898 a las entidades públicas afectadas con la entrega de los títulos judiciales que se encontraban en poder de esta Contraloría en virtud de los procesos de responsabilidad fiscal y de jurisdicción coactiva tramitados por la dependencia encargada para tal fin.
Igualmente, con la función ejercida por parte de la Dirección Técnica de Control Fiscal y del equipo auditor, en la vigencia 2016 se trasladaron 69 hallazgos disciplinarios, 15 hallazgos penales y 28 hallazgos fiscales. Los hallazgos fiscales ascendieron a una cuantía de $1.429 millones (Fuente tomada de la rendición pública de cuentas de la Contraloría General del Departamento del Cesar vigencia 2016).
En la vigencia 2017, tenemos los siguientes: El Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 012 de 2012, en el cual se profirió fallo con responsabilidad fiscal por una cuantía de $791 millones, fallo que fue confirmado en segunda instancia y actualmente se encuentra ejecutoriado. Traslado de Hallazgo con incidencia penal resultado de la Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular al Hospital Local de Tamalameque-Cesar, en el cual se evidenció el giro y cobro de varios cheques sin ninguna formalidad presupuestal por una cuantía de $105 millones, el cual fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
¿Una de las entidades que controla la entidad que usted dirige es la Gobernación del Cesar, que hoy tiene numerosas contrataciones cuestionadas por las irregularidades que se presentan tanto en la contratación como en la ejecución?
Para responder esta pregunta es necesario aclarar que la competencia de la Contraloría General del Departamento del Cesar es con respecto al control fiscal de los recursos propios del Departamento.
Siendo así las cosas, encontramos que muchos procesos de contratación adelantados por la Gobernación del Cesar tienen su fuente de financiación en los recursos provenientes de regalías y del sistema general de participaciones, los cuales son vigilados exclusivamente por la Contraloría General de la República y es por esta razón que el ente de control que actualmente represento no tiene la competencia para revisar y vigilar esas contrataciones ni las ejecuciones de las mismas.
Los que no rinden cuenta
Entre las alcaldías que en el 2016 no presentaron la información a la Contraloría Departamental se encuentran: Aguachica, San Alberto, El Copey, Gamarra, Palitas y Tamalameque. Este año no lo han hecho San Alberto, Bosconia, Chiriguaná y Tamalameque.
En 2016 la Asamblea tampoco lo hizo, ni los concejos de Aguachica, San Alberto, Astrea, Becerril, Pueblo Bello, Bosconia, San Martín, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, Curumaní, San Diego, Gamarra, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Manaure, Río de Oro, La Paz y Pelaya.
Los hospitales San Alberto, Becerril, Chiriguaná, Curumaní, Gamarra, El Paso, La Paz y Tamalameque fueron otros que no enviaron la información a la Contraloría Departamental, así como las empresas de servicios públicos de los municipios de Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Codazzi, Pelaya, La Jagua de Ibirico, Manaure, San Martín, Río de Oro, Pailitas, El Paso y El Paso
En lo que va del año 2017, de acuerdo con los requerimientos de la Contraloría, no han reportado la información el Instituto de Transporte y Tránsito de Aguachica, Instituto de Cultura Deporte y Recreación de Bosconia, el Instituto de Cultura de Chiriguaná, el Instituto para el Desarrollo del Cesar – Idecesar y el Instituto de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar – Idreec. Al igual que las personerías de San Alberto, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Codazzi, Curumaní, Gamarra, González, La Jagua de Ibirico, San Martín, Pailitas y Pelaya.