Por: Luis Rafael Nieto Pardo
Defensor público
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Luego del receso de fin de año, retomamos nuestra indeclinable tarea ética y contractual de propender por la defensa de los Derechos Humanos: para vivir en paz.
Así reza nuestro lema como defensores públicos y por vocación propia, repito, jamás podemos desfallecer en esa ardua y tesonera labor, si en verdad queremos y pretendemos dejarles un mejor país a nuestros hijos y nietos.

En ese compromiso debemos estar suscritos todos los ciudadanos que de una u otra manera tenemos vínculos con el Estado; inclusive todos los ciudadanos de bien, que quieren una patria mejor.

En tal sentido, es bueno aclarar que todo funcionario público que llega a ocupar posiciones que requieren convocatorias y votación mayoritaria para su elección, al conseguirse tal objetivo, es decir, la designación en el cargo, de inmediato debe borrar de su mente (en sentido figurado) el reporte de quién o quiénes votaron o no por el; sencilla y llanamente porque de inmediato se convierte en funcionario de todos y para todos, y de lógica, que su ideario de allí en adelante debe ser el bien común.

Precisamente, el artículo 29 de la Constitución Nacional sólo se refiere a “juez competente”.  Sin embargo, el artículo 228 de la Carta Política es categórico cuando dice: “la administración de justicia es función pública.  Sus decisiones son independientes.  De esta manera se establece una separación absoluta de las decisiones judiciales de las demás ramas del poder público.  Una administración de justicia influida por los vaivenes políticos del ejecutivo o del legislativo, se convierte o puede convertirse en un instrumento de represión contra aquellas personas que difieren del grupo político gobernante.

De todas formas, y en aras de que a futuro no se sigan presentando las bochornosas situaciones y deshonrosas y pecaminosas insinuaciones de decisiones supuestamente parcializadas;  todos los abogados demócratas debemos luchar porque el juez tenga una completa y absoluta independencia, no sólo en lo que tiene que ver con los aspectos logísticos, sino también en relación con el organismo ante el cual él debe rendir cuentas, ya disciplinarias, ya penales.
Esta posibilidad de dependencia por razones de quien lo investiga, debe entenderse como algo natural en el ser humano, porque nadie querrá enfrentarse al funcionario que lo investiga o que lo puede investigar.  Si un determinado criterio es el que impera en la delegada de un determinado tribunal, difícilmente los jueces estarán interesados en fallar contrario a ese criterio. Aquí resaltamos que la independencia del juez es una necesidad para que se concrete la garantía del juez natural.

Aparte de todo registramos con satisfacción la elección unánime del nuevo personero de Valledupar, Doctor Alfonso Campo Martínez.  Su elección es no sólo producto de una excelente hoja de vida y servicios a la comunidad, sino sobretodo lo concreto razonado y lógico de su propuesta, en la cual, sin duda alguna, cabe destacar: 2º fomentar la cultura y respeto a los Derechos Humanos; y el cumplimiento de la Ley 1448, Ley de Víctimas.  Desde ya le ofrecemos nuestro modesto concurso bibliográfico en la orientación y desarrollo de tales materias.