La Universidad, como institución educativa de nivel superior, cumple en toda sociedad la función clave de crear y desarrollar una cultura científica y humanista, de manera que la ciencia esté al servicio del buen vivir y de la armonía total.

En el mundo académico actual el concepto Universidad está asociado a la formación de pregrado, postgrado, investigación y extensión. Así las cosas, la gran mayoría de las llamadas universidades, entre ellas, la Universidad Popular del Cesar, están lejos de clasificar como tales. No caben en la definición. Son, más bien, Escuelas de Educación Superior.

Pero aun así, la UPC podría ser un ente transformador si atendiera la razón fundamental de su existencia: Formar individuos críticos, solidarios, justos, capaces de pensar por sí mismos, dispuestos a aprovechar los saberes para actuar en función del bien de todos. Cuán distante está la UPC de esos ideales para los que fue creada y por los cuales luchó un grupo de jóvenes liderados por Miguel Arroyo, Antonio Córdoba, Olegario Sánchez, William Martínez S. y muchos más.

La breve historia de la UPC refleja crecimiento, incremento de cantidades, pero no desarrollo en términos de armonía, calidad educativa, excelencia académica. Son lamentables, frustrantes e inaceptables los informes y denuncias que circulan sobre la baja calidad académica y la profunda descomposición moral que vienen minando la UPC y amenazan su existencia. Cualquier exageración parece poca frente a una realidad que habla de una institución penetrada por los peores vicios del entorno.

Que la escogencia de rector estuviera marcada por componendas politiqueras, por la funesta práctica de la compra-venta de votos, por la vulgaridad de todas las formas de soborno, indica que la crisis tocó fondo y que la Universidad Popular del Cesar es una institución fallida, que demanda acción y reacción ciudadana porque se trata de un bien público financiado con recursos aportados por los contribuyentes.

En el proceso para elegir nuevo rector se dispararon todos los vicios y las amenazas internas y externas saltaron a la vista. Se hicieron evidentes todas las formas de corrupción. A tal punto, que la viceministra tuvo que hacer presencia y sus declaraciones escandalizaron aún más. Que “la UPC es una de las peores universidades públicas” de Colombia, “no tiene ni un solo programa acreditado” y tampoco ningún programa en vísperas de ser calificado como de alta calidad, dijo y agregó: “Al contrario, los testimonios que hemos recogido es que en mucho tiempo, a pesar de que hoy tiene los registros calificados, ha perdido prestigio en algunas carreras”.

Como si fuera poco apareció el informe de la Corporación Transparencia por Colombia y reveló que todas las universidades públicas se rajan al medir la transparencia. Quizás eso explica el afán de ser rector, es que el botín es atractivo y escapa a todo control.
En estas circunstancias la esperanza de rectificación futura en la UPC serían los estudiantes. Pero alguien advirtió que muchos de ellos son víctimas de sobornos y participan de la corrupción. Repudiable, si es así.
Cuando la sal se corroe hay que apelar a la razón y a la buena intención de los pocos sensatos para implementar un programa de saneamiento.