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Columnista - 29 marzo, 2014

La Paz: Derecho y Deber Constitucional

La construcción de la paz es un asunto de la humanidad en su conjunto que requiere el esfuerzo y participación de todos los estamentos de la sociedad colombiana sin distinción, interpretada, entendida y aplicada en su integridad como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según el artículo 22 de la Constitución Nacional, como […]

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La construcción de la paz es un asunto de la humanidad en su conjunto que requiere el esfuerzo y participación de todos los estamentos de la sociedad colombiana sin distinción, interpretada, entendida y aplicada en su integridad como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según el artículo 22 de la Constitución Nacional, como base fundamental para encausar y enderezar el camino del sosiego con verdadera justicia social y reconciliación; razón primordial por la cual urge con pronta y decidida acción orientada al fortalecimiento de las organizaciones y el robustecimiento de espacios de participación para que la comunidad tenga incidencia en el difícil reto de desarraigar el ímpetu del beligerante de la violencia y ojala por fin hacer una realidad el sueño que todos anhelamos “la Paz para Colombia”, cristalización de este propósito que conlleve sin equívoco alguno a la materialización de la prosperidad y desarrollo para todos.

En el marco contextual de esta reflexión se invoca y exhorta a los ciudadanos en general de este país a transitar por un escenario en el que impere la real democracia con garantías plenas para quienes actúen en la actividad político – social y de esta manera abrir nuevos espacios para el ejercicio de la misma. En la estructuración de esta propuesta encaminada hacia el logro de la paz, se hace necesario, urgente y vital construir una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia, no estigmatización ni menos discriminación.

Cuando tratamos esta temática que involucra al conflicto y posconflicto que vivimos, todos los colombianos tenemos que contribuir en el avance de procesos que permitan desarmar los espíritus rencorosos y belicosos, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad. Para ello es indispensable la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyan el diseño y ejecución de un programa coherente de reconciliación, convivencia y prevención.

Es de capital trascendencia la creación, desarrollo y viabilidad de una pedagogía didáctica en todos aquellos gremios sociales en donde está inserto y enquistado el germen malévolo de la corrupción, el caos, la desintegración social y por ello es importante el fortalecimiento en Colombia de la cátedra de una cultura política para la reconciliación y la paz, cuyos ejes centrales esquemáticos establecen un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia; igualmente la configuración de un mecanismo especial, para la atención, tramite y seguimiento de denuncias, al igual que alertas a los ciudadanos por posibles hechos de corrupción; de forma idéntica es vital la promoción de una masiva campaña institucional referente a las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración pública, fortalecer la discusión, el debate, ejecución y evaluación de procesos alusivos a la planeación presupuestal de obras e iniciativas, factor que cobra importancia día a día en el desarrollo de la sociedad. En este orden de ideas es preciso destacar la necesidad de fortalecer el rol de las juntas administradoras locales (JAL), en la elaboración de planes de desarrollo.

Columnista
29 marzo, 2014

La Paz: Derecho y Deber Constitucional

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Jairo Franco Salas

La construcción de la paz es un asunto de la humanidad en su conjunto que requiere el esfuerzo y participación de todos los estamentos de la sociedad colombiana sin distinción, interpretada, entendida y aplicada en su integridad como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según el artículo 22 de la Constitución Nacional, como […]


La construcción de la paz es un asunto de la humanidad en su conjunto que requiere el esfuerzo y participación de todos los estamentos de la sociedad colombiana sin distinción, interpretada, entendida y aplicada en su integridad como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según el artículo 22 de la Constitución Nacional, como base fundamental para encausar y enderezar el camino del sosiego con verdadera justicia social y reconciliación; razón primordial por la cual urge con pronta y decidida acción orientada al fortalecimiento de las organizaciones y el robustecimiento de espacios de participación para que la comunidad tenga incidencia en el difícil reto de desarraigar el ímpetu del beligerante de la violencia y ojala por fin hacer una realidad el sueño que todos anhelamos “la Paz para Colombia”, cristalización de este propósito que conlleve sin equívoco alguno a la materialización de la prosperidad y desarrollo para todos.

En el marco contextual de esta reflexión se invoca y exhorta a los ciudadanos en general de este país a transitar por un escenario en el que impere la real democracia con garantías plenas para quienes actúen en la actividad político – social y de esta manera abrir nuevos espacios para el ejercicio de la misma. En la estructuración de esta propuesta encaminada hacia el logro de la paz, se hace necesario, urgente y vital construir una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia, no estigmatización ni menos discriminación.

Cuando tratamos esta temática que involucra al conflicto y posconflicto que vivimos, todos los colombianos tenemos que contribuir en el avance de procesos que permitan desarmar los espíritus rencorosos y belicosos, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de la civilidad. Para ello es indispensable la puesta en marcha de mecanismos y acciones que incluyan el diseño y ejecución de un programa coherente de reconciliación, convivencia y prevención.

Es de capital trascendencia la creación, desarrollo y viabilidad de una pedagogía didáctica en todos aquellos gremios sociales en donde está inserto y enquistado el germen malévolo de la corrupción, el caos, la desintegración social y por ello es importante el fortalecimiento en Colombia de la cátedra de una cultura política para la reconciliación y la paz, cuyos ejes centrales esquemáticos establecen un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia; igualmente la configuración de un mecanismo especial, para la atención, tramite y seguimiento de denuncias, al igual que alertas a los ciudadanos por posibles hechos de corrupción; de forma idéntica es vital la promoción de una masiva campaña institucional referente a las obligaciones y deberes de las autoridades en materia de participación y control de la administración pública, fortalecer la discusión, el debate, ejecución y evaluación de procesos alusivos a la planeación presupuestal de obras e iniciativas, factor que cobra importancia día a día en el desarrollo de la sociedad. En este orden de ideas es preciso destacar la necesidad de fortalecer el rol de las juntas administradoras locales (JAL), en la elaboración de planes de desarrollo.