Que la ley entre por casa

Qué sancionen a los funcionarios públicos que revictimizan a la mujer cuando acuden a las instituciones a buscar ayuda porque son víctimas de violencia de género.

Esa es la solicitud qué hacemos como voceros naturales de la comunidad, especialmente de las poblaciones vulnerables. En los medios de comunicación se reciben con frecuencia denuncias de mujeres que cuentan que en sus hogares son víctimas de violencia física y que además de ser golpeadas, deben soportar los atropellos de los funcionarios de las instituciones que están facultadas para ayudar a una mujer víctima de violencia.

Es en ese punto donde deben hacer un pare las instituciones, la sociedad y los grupos sociales que trabajan en este tema. De nada ha servido hasta ahora la Ley 1257 de 2008, que ordenaba a la Policía, la Fiscalía, las defensorías, entre otras entidades, a capacitar a su

personal para atendieran con decencia y respeto los casos de mujeres víctimas de violencia.
Frases como “váyase para la casa”, “para qué lo va a denunciar si después va a volver con él”, “quién sabe qué le hizo para que le pegara”, se escuchan todos los días en las oficinas que reciben denuncias de este tipo.

En Valledupar se encuentran varios puntos, en la URI, en la Inspección de Policía de la Cuarta (ahora en el barrio Los Fundadores), en las casas de justicia de los barrios La Nevada y Primero de Mayo, y es ahí donde revictimizan a las mujeres.

Seguramente no van a aceptar los señalamientos, pero es el momento de revisar sus protocolos, de analizar si en realidad están atendiendo como dice la Ley a las mujeres violentadas, si cumplen con la ruta de atención.

No deben olvidar que la Ley 1257 establece una ruta donde lo primero que tiene que suceder es que la entidad tenga conocimiento del hecho, luego la direccione a la Fiscalía especializada (CAIVAS). La atención puede ser en la Comisaría de Familia o en cualquier hospital.

Igualmente si hay lesiones personales, y la respectiva valoración de las víctimas en Medicina Legal, proceso que debe terminar en una remisión para que establezcan las medidas respectivas para que la mujer cuente con la protección necesaria que permitan garantizar su integridad física.

Que no se quede en el tintero la capacitación a los funcionarios públicos, que se sancione a los que incumplan la Ley y revictimizan a las mujeres.

 

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