Con el pretexto de buscar un ganado extraviado, Nicolás Manuel Palma Herazo, alias ‘Alfredo’ llegó a la finca La Isla, ubicada en la vereda Canoa, en jurisdicción de Pivijay (Magdalena). Ese día, 5 de junio de 2002, Manuel Antonio Suárez Ramírez, dueño del predio ordenó a sus trabajadores que encerraran las reses en el corral ante la inesperada visita y le dijo a su mujer que le buscara una cuerda, la misma con la que los paramilitares liderados por ‘Alfredo’ lo amarraron para llevarlo al patio de la casa donde minutos después lo mataron a tiros.

Los ‘paras’ con el mismo pretexto del ganado extraviado irrumpieron en la finca La Televisión, de Marcos Fidel Suárez Parra, hijo de Manuel Antonio y con armas lo amedrentaron para llevarse 306 reses, a lo que el hombre manifestó que era mejor que lo mataran y así lo hizo alias ‘Condorito’.

La casa de madera fue destruida y se apoderaron de un transformador de energía para trasladarlo a la finca El Silencio, propiedad de Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, considerado como el mayor despojador de tierras en este país y que era buscado con circular roja por la Interpol por homicidio y desplazamiento forzado, fue capturado en Venezuela y expulsado a Colombia en noviembre del año pasado.

El caso de los Suárez fue utilizado como ejemplo en la Corte Suprema de Justicia para explicar los motivos para dejar en firme la exclusión de ‘Jorge 40’ de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz).

Ese crimen hace parte de los 20.855 hechos que la Fiscalía le endilga al exjefe del Bloque Norte de las Auc, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ y de los que han sido indagados en el marco de las versiones libres de Justicia y Paz.

El 5 de octubre de 2007, él aseguró que no tenía claridad sobre lo ocurrido, pero que en una nueva oportunidad se cercioraría para dar una respuesta más acertada.

El 8 de noviembre del mismo año, en otra versión libre, dijo que estaba tratando de ubicar al comandante ‘Alfredo’ para que este relatara mejor lo sucedido. Pero en la siguiente diligencia, el 20 de febrero de 2008, solo se limitó a aceptar su responsabilidad indirecta por los homicidios, pero sobre los desplazamientos anunció que hablaría en otras versiones, pero nunca lo hizo.

Como en el caso de los Suárez, las 25.853 víctimas del Bloque Norte en los departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Atlántico, Bolívar y Córdoba quedaron a la espera de conocer la verdad de ‘Jorge 40’.

El 19 de mayo de 2007, ‘El Papa Tovar’ como también era conocido este líder paramilitar habló por primera vez sobre los crímenes cometidos por su grupo armado y durante 15 versiones siguientes confesó 99 hechos, según la Fiscalía, pero la defensa del desmovilizado insiste en que fueron 538 hechos.

El 13 de mayo de 2008 fue extraditado a Estados Unidos y desde entonces iniciaron los traspiés para seguir colaborado con la justicia colombiana que envió 10 cartas rogatorias, entre el primero de agosto de 2008 y 8 de octubre de 2013, en las cuales se solicitó a las autoridades norteamericanas programar y llevar a cabo audiencias virtuales de versión libre con ‘Jorge 40’. De parte de la defensa del extraditado también hay documentos de junio de 2008 y octubre de 2011, en los que él manifestó que quería continuar en el proceso de justicia transicional.
No obstante, a partir de la muerte de su hermano Sergio Tovar, asesinado por sicarios en Valledupar el 24 de diciembre de 2009, no volvió a rendir versión libre a la Fiscalía.

La última diligencia en Justicia y Paz se dio ante la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que lo excluyó de la Ley 975 de 2005, la cual estipula una pena alternativa de ocho años de prisión para los desmovilizados de las Auc.

La defensa de ‘40’ y los representantes de las víctimas apelaron la decisión y fue así como la última palabra quedó en la Corte Suprema de Justicia que el pasado 19 de agosto ratificó la exclusión que habían decretado los magistrados de Barranquilla al considerar que se ha rehusado a cumplir el trámite de Justicia y Paz.

En el fallo, el tribunal indicó que las pocas veces que el postulado compareció faltó a las obligaciones de confesar y ofrecer información precisa sobre los delitos perpetrados.

“La satisfacción de la verdad supone, entre otras actividades, el relato de lo sucedido de la manera más amplia posible, precisando hechos, responsables, tiempo, formas, razones y todo aquello que conduzca a arrojar luces sobre la confusión que provoca el dolor y la ignominia”, dice la decisión de la Corte.

El máximo tribunal de justicia en Colombia no acogió los argumentos de los abogados que defienden a Tovar Pupo en el proceso que por narcotráfico le adelanta la justicia de Estados Unidos, país al que fue extraditado hace siete años, tiempo que las autoridades colombianas consideran ha sido utilizado por ‘Jorge 40’ para una “deserción silenciosa” de Justicia y Paz.

Los juristas de Tovar Pupo aseguran que cualquier declaración que rinda a la justicia colombiana puede agravar su situación con la norteamericana, al autoincriminarse por lo que esperarían la sentencia en Estados Unidos para retomar las versiones libre en su país.

La defensa arguye que a este comandante le era imposible tener control de todo lo que hacían sus casi cinco mil hombres, pero que estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad indirecta por línea de mando, porque siempre ha querido contribuir al esclarecimiento de la verdad de los hechos de violencia.

Clamor de las víctimas
La posición de las víctimas frente a la exclusión de ‘Jorge 40’ es divida; aunque la mayoría a través de sus representantes manifestaron a la tribunales la necesidad de mantener al desmovilizado en Justicia y Paz, otras aseguran que es necesario quitarle los beneficios y que pague largas condenas ante su silencio desde que fue extradito.

Dice uno de los apartes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que Reginaldo Lora, apoderado de víctimas, apoyó la exclusión argumentando que “la colaboración de ‘Jorge 40’ ha sido insignificante pues habiendo sido ‘amo y señor en toda la Costa’, únicamente entregó carros viejos y unos pocos bienes inmuebles”.

Por el contrario, Antonio Calvo Silva, representante de más de 200 víctimas del Bloque Norte de las Auc y coordinador de la ONG holandesa Pax Holanda, dijo a EL PILÓN que se prepara un encuentro regional de víctimas para analizar qué otras posibilidades hay para que la verdad no se pierda.

“Nosotros ya frente a la decisión del Tribunal interpusimos recurso de apelación ante la Corte y ésta se acaba de pronunciar confirmando la decisión del Tribunal. Desde el punto de vista estrictamente procesal no queda ningún recurso, pero las víctimas tienen derecho a seguir luchando por conocer la verdad sobre los empresarios y políticos que apoyaron el paramilitarismo”, manifestó el abogado.

Incertidumbre
La Corte del Distrito de Columbia iba a dictar sentencia por narcotráfico contra Rodrigo Tovar Pupo, el pasado 8 de abril, pero el Tribunal suspendió la diligencia debido a una moción de última hora de la defensa que pidió al juez Reggie Walton que desestimara el caso. Al poco tiempo la petición fue rechazada y Walton decidió mantener abierta la causa, que ha sido enjuiciada durante siete años con el máximo hermetismo.

El pasado 25 de junio, por segunda vez fue aplazada lectura de fallo para la cual la Fiscalía estadounidense pide una pena de 30 años de prisión y el pago de una multa de un millón de dólares.

A la fecha se desconoce cuándo será la audiencia definitiva para ‘Jorge 40’ en Estados Unidos, de la cual dependerá el tiempo en que quedaría a disposición de la justicia ordinaria en Colombia, donde ha sido condenado por homicidios, desapariciones y secuestros.

“Nosotros ya frente a la decisión del Tribunal interpusimos recurso de apelación ante la Corte y ésta se acaba de pronunciar confirmando la decisión del Tribunal. Desde el punto de vista estrictamente procesal no queda ningún recurso, pero las víctimas tienen derecho a seguir luchando por conocer la verdad sobre los empresarios y políticos que apoyaron el paramilitarismo”: Antonio Silva, representante de víctimas.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN