La Guajira, entre protestas y respaldo a los wayuu
En los últimos días, integrantes de la etnia indígena Wayuu, asentada en La Guajira, ha tenido inconvenientes con la fuerza pública y algunas entidades del Estado. En primer lugar, seis líderes y un menor de edad fueron capturados el fin de semana, luego de que el Esmad de la Policía los sacara con gases lacrimógenos […]
En los últimos días, integrantes de la etnia indígena Wayuu, asentada en La Guajira, ha tenido inconvenientes con la fuerza pública y algunas entidades del Estado.
En primer lugar, seis líderes y un menor de edad fueron capturados el fin de semana, luego de que el Esmad de la Policía los sacara con gases lacrimógenos de la comunidad de Katsialamana, quienes desde el 31 de enero mantenían bloqueada la vía férrea de El Cerrejón, en el kilómetro 70, sobre el paso que conduce de Uribia a Cuatro Vías.
Frente a estos hechos, la Organización Nacional Indígena (Onic) se pronunció y exigió a las agencias nacionales, internacionales y demás organizaciones de la sociedad civil garantizar la protección de los pueblos indígenas que protestan en la defensa de sus derechos étnicos y territoriales.
De otro modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amplió las medidas cautelares que había otorgado a los niños para que se garantice su vida e integridad personal, al considerar que las mujeres gestantes wayuu de Manaure, Riohacha y Uribia están en una situación de gravedad y que su vida está en riesgo.
El respaldo se dio luego de una petición hecha por la abogada Carolina Sáchica y el líder indígena Javier Rojas, quienes consideraron que la vida de unas 9.000 mujeres gestantes de esa etnia tienen situación de riesgo, debido a la falta de acceso a la atención médica en la zona y altos niveles de desnutrición.
La CIDH solicitó al Estado colombiano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad de las mujeres gestantes y lactantes wayuu de esas poblaciones, asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud para las mujeres, para que tengan acceso a atención médica, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, tomar medidas inmediatas para que tengan acceso al agua potable de manera sostenible y suficiente, entre otras.
En diciembre del 2016 se cumplió un año desde que la Comisión otorgó medidas cautelares a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. Esto teniendo en cuenta la muerte de niños por desnutrición, cuya cifra el año pasado llegó a 89 y en lo que va corrido del 2017 asciende a seis menores fallecidos.
Por Carlos Mario Jiménez
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