El sector de recursos naturales, especialmente los no renovables, ha constituido por décadas uno de los principales motores del crecimiento de la economía colombiana, particularmente durante el largo ciclo de precios altos de las materias primas entre el 2003 y el 2012. Luego vendría la destorcida de los precios y el consiguiente decaimiento de la actividad extractiva, arrastrando consigo la inversión, las exportaciones, las finanzas públicas, cuyo decaimiento ha repercutido en la desaceleración del crecimiento de la economía.
En este contexto resulta de la mayor importancia el fortalecimiento de la institucionalidad del sector y la buena gobernanza del mismo, tal como lo demanda una de las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Son parte esencial de la buena gobernanza contar con unas reglas de juego claras y estables, en las que los agentes de la cadena productiva sepan a qué atenerse y que el relacionamiento entre las empresas, el Estado y los grupos de interés sea transparente. Según el premio Nobel de economía Douglas North, la seguridad jurídica junto con los costos de transacción pueden constituirse en las dos principales palancas del crecimiento sostenido de la economía o en el freno de mano que lo impida. No hay nada que ahuyente más a la inversión y a los inversionistas en un país que la falta de estabilidad y certeza en las reglas de juego.
