Varios son los reparos que tienen los integrantes del Concejo de Valledupar al proyecto 006 de enajenación de una porción del predio del antiguo Idema, en la carrera 7 con calle 36, en la avenida Salguero, donde se proyecta construir 2.600 apartamentos para la población clase media de la capital del Cesar.

“¿Por qué el avalúo es tan bajo si es un lote tan cercano al centro comercial Los Mayales y a la sede de bachillerato del colegio Leonidas Acuña, que cuenta con todos los servicios públicos?, ¿Qué estudios ha realizado la administración para saber cuál es la utilidad que le corresponde al municipio?, y ¿Cómo le va a dar cumplimiento a la deuda que tiene con el Ministerio de Agricultura?”, son algunos de los interrogantes que los corporados le han planteado a Fonvisocial luego de estudiar el proyecto (radicado en el Concejo el 11 de mayo del 2018) y que hasta la fecha no han sido resueltos.

Así lo aseguró el ponente de la iniciativa, Jaime Bornacely Figueroa, precisando que el proyecto presentado está firmado por la Lonja, bajo la firma del arquitecto Eduardo José Ustariz, donde indica que el lote está avaluado en 92 mil pesos el metro cuadrado, cuando otros conocedores del tema, aseguran que ese lote ubicado al lado del Centro Comercial Los Mayales debe tener un valor muy superior.

Indicó además que el lote estaba embargado por el Ministerio de Agricultura, que en el gobierno pasado se sometió a un proceso de Ley de 550 y el pago de su deuda fue pactado para el año 2028. “En el proyecto que baja la administración dice que esa deuda que asciende a $7.700 millones se va a pagar en el 2018 y 2019 para darle viabilidad al lote.

Las dudas surgen porque este año está que se acaba y aún no sabemos cómo le van a dar cumplimiento a esa deuda que está en el acuerdo de pasivos. Si la administración municipal incumple, se corre el riesgo de que pierda el lote y pase al Ministerio de Agricultura”, precisó.

Otra de sus inquietudes es que aún no se sabe quién es el constructor y no hay diseños definitivos en fase 3.

Cabe anotar que con este proyecto se pretende hacer 2.600 viviendas: 1.200 VIP (Vivienda de Interés Prioritario), que consta de un área de 45 metros cuadrados, con un costo de 54 millones por apartamento; y 1.400 VIS (Vivienda de Interés Social) de 52 metros cuadrados, con un costo de 74 millones aproximadamente.

Este proyecto hace parte de la bolsa de subsidio de Mi Casa Ya, que va hasta el año 2019, con beneficios que van hasta 26 millones para cada personas que gane desde 0 hasta 6 salarios mínimos. Según los análisis de Bornacelly Figueroa, estas 2.600 viviendas no se van a lograr vender en un año o dos años, puesto que estudios de expertos precisan que en Valledupar se venden cerca de 300 apartamentos por año.

“Son 15 hectáreas; es decir, 155 mil metros cuadrados, que según el avalúo presentado por la administración equivale a cerca de 14 mil millones de pesos, de los cuales tiene que pagar los $7.700 millones al Ministerio de Agricultura, los $6.300 millones que quedan la administración deberán invertirlo en el propio proyecto y obtener utilidad. ¿Será que vale la pena dar las facultades para enajenar este lote, o lo mejor es esperar que llegue el 2028 y se pague?”, enfatizó el concejal.

Por su parte, el presidente del Concejo, Yesith Triana Amaya, aseguró que ante “la falta de información sobre el alcance y el propósito real y concreto de este proyecto de acuerdo, la Corporación no ha podido avanzar en su estudio, aunque entiende que es una iniciativa importante que apunta a la atención de una necesidad esencial para muchos ciudadanos, como es la vivienda, pero la forma como fue formulado no permite elementos concretos ni sustentos de orden jurídico que garanticen seguridad en la decisión que corresponde asumir al Concejo”.

De igual forma, Triana considera prudente una mayor socialización no solo con el Concejo sino con las comunidades,  en procura de aclarar las condiciones de pago pactadas con el Ministerio de Agricultura, condiciones a convenir con el operador que se seleccione para la ejecución del proyecto y la figura jurídica concreta para la enajenación del inmueble donde se proyecta la ejecución del programa de vivienda.

¿QUÉ DICE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL?

Al respecto, el gerente de Fonvisocial, Aníbal Quiroz Monsalvo, recalcó que desde agosto del 2017 por orden del alcalde Augusto Ramírez Uhía se adelantó un proceso de lobby ante el Ministerio de Agricultura ante la dirección de entidades liquidadas, donde se radicó una propuesta a finales de agosto que fue sustentada durante tres meses consecutivos ante las directivas liquidadas del Ministerio y ante el perito evaluador del Banco Agrario, que fue el que revisó el avalúo que presentó el municipio. El municipio pretende que en las 222.000 hectáreas del antiguo lote de Idema, 15 de ellas se desafecte la nota de hipoteca que hoy tiene el terreno para desarrollar un proyecto de 2.600 apartamentos de menos de 80 millones de pesos, con paneles solares, y la posibilidad de un tema de reciclaje. “Lo que hicimos dio sus frutos en febrero de este año, cuando el Ministerio contesta que acepta la propuesta del municipio y acepta que no le paguen la deuda en el 2028, sino que se le pague la mitad en el 2018 y la otra mitad en el 2019”.

El PILÓN dialogó con el funcionario respondió los siguientes interrogantes:
¿Cómo van asegurar que los subsidios de la bolsa de ‘Mi Casa Ya’ cobije a todas las personas que se inscriban en este proyecto?

“Por fortuna ganó el presidente Iván Duque, quien cuando era candidato se reunió con las directivas de Camacol Nacional y la Comisión Nacional de Infraestructura, asegurando que prorrogarán estos subsidios porque hoy tenemos 76 mil subsidios de esta bolsa sin aplicar. El gobierno nacional tiene un rezago de cerca del 50% de esos subsidios, que no ha podido colocar porque en todo el país existe una especie de enfriamiento en los proyectos de vivienda. Con el apoyo del Presidente y la llegada de un vallenato a la cartera de vivienda creemos que la prorroga será inevitable”.

La deuda con MinAgricultura asciende a los $7.700 millones de pesos, la cual en el gobierno pasado se había pactado pagar hasta el 2028, ¿cómo pagarán ese mismo rubro en los años 2018 y 2019?

“Esto es un proyecto que por las condiciones que le pedimos al Concejo Municipal queremos que nos den las facultades para enajenar el lote y así armar el rompecabezas para armar el proyecto. Comfacesar será el aliado ideal para escoger una fiducia, y que un constructor o consorcio de constructores se presenten con una oferta para que nos ayuden a terminar los diseños en fase 3, que le paguen al Ministerio esos $7.700 millones, y el excedente se use para construir la segunda sede de la Alcaldía en este terreno”.

¿Qué puede decir ante los reparos de concejales y algunos constructores sobre que el avalúo está muy bajo?

“Este es un lote que nadie veía, nadie había hecho una oferta al municipio, a nadie se le ocurrió. En Colombia existen los peritos, que son los que tienen por Ley la fe pública del trabajo que hacen, y Lonja, que ha hecho todos los avalúos de toda la ciudad para los mismos constructores nos hizo el avalúo; no entiendo por qué empiezan a cuestionarlos. Al que le dolía era al deudor, que era el Ministerio de Agricultura, y no dijo nada frente al valor del metro cuadrado. Queremos que esos apartamentos sean para la clase popular de Valledupar: profesores, taxistas, periodistas, que tienen años ahorrando para su casa y no han podido comprarla”.

¿Cómo van a lograr el cierre financiero y entrega de inmuebles en el 2019?

“Este es un proyecto que tiene una fase de maduración y de construcción cercana a los seis años, que se trabajarán por fases y seguramente el 31 de diciembre del 2019 se entregará al menos 1.000 apartamentos, donde el constructor que se gane la licitación tendrá que demostrar el músculo financiero para construirlo y salir a venderlos. Queremos dejar sembrada lo que puede ser el proyecto más importante de vivienda de Valledupar.

Hoy tenemos 14 mil personas preinscritas, y tenemos un estudio de demanda y oferta de vivienda que demostró que hace seis años no hay una oferta de vivienda de menos de 80 millones de pesos en el corazón de la ciudad”.

Los concejales aseguran que le han entregado varios requerimientos con las dudas del proyecto, y usted no se las ha respondido. ¿Por qué se ha dado este hecho?

“Les propongo un cabildo abierto, lo cual quedó radicado el día de ayer, para que Valledupar conozca si esto es un mito o una realidad, para conocer la seguridad jurídica con que se la ha jugado un alcalde que decidió tomar una decisión de construir vivienda popular en el centro de la ciudad. Sabemos que esto levanta ampollas, pero queremos que los vallenatos les dejen una mejor herencia a sus hijos, que es una casa”.

¿A qué ampollas se refiere?

“Personas que creen que las personas de clase media solo pueden vivir en la periferia; eso es lo que a veces molesta. Si los concejales creen que el problema es Aníbal Quiroz estoy dispuesta a dar un costado y renunciar de mi cargo con tal que el proyecto salga adelante”.