Fue la violencia de todo género la que sirvió de catalizador del proceso de desplazamiento forzado de más de 6.9 millones de personas, que convirtieron a Colombia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), en el primer país en el mundo afectado por este flagelo, por encima de Siria e Irak. Esta es una verdadera tragedia humanitaria, que vino a acentuar la enorme brecha entre el campo y la ciudad, que se puede sintetizar en el enorme contraste de los indicadores tanto en necesidades básicas insatisfechas (NBI) como el de pobreza e indigencia.

Mientras las NBI en los cascos urbanos es del 19.66% en el campo es de 53.51% y en cuanto a la pobreza, al tiempo que en los cascos urbanos es de 25.6% en el campo es de 41.6% y, para colmo de males, la indigencia en el campo registra un vergonzoso 18.2% vs 5.4% en los cascos urbanos. Según el censo del Dane de 2015 el 20% de la población del campo entre los 5 y los 16 años están por fuera del sistema educativo, al tiempo que el 23.5% de hogares cuenta entre los suyos personas mayores de 15 años analfabetas y 82% (¡!) registra bajo logro educativo (menos de 9 años promedio de escolaridad). Detrás de estas cifras hay un drama social de caracteres alarmantes. Pero, indudablemente la peor lacra social que padece el campo colombiano es la desigualdad, al punto que, según el IGAC, su coeficiente gini es de 89.7 (¡!).

Según el profesor Absalón Machado, “Colombia es más rural de lo que se cree” y no es para menos, dado que más de 12 millones de nuestros compatriotas dependen directa o indirectamente del campo colombiano. Es más, como lo sostiene Machado, “Colombia cuenta con más hectáreas en minería que en producción de alimentos”.

Tanto en el primero como en el cuarto puntos del Acuerdo Final con las Farc se contempla una política de desarrollo agrario integral y la solución al problema de las drogas ilícitas, las cuales están tan imbricadas en la vida real. Entre las tareas a cumplir para honrar los compromisos adquiridos, ahora que se está en la implementación de los mismos, están la tenencia de la tierra, su restitución a quienes fueron despojadas de ella y el acceso a la misma. Y ello pasa por el saneamiento de títulos, para lo cual será fundamental el catastro multipropósito acordado, el cual de paso dará la certeza y la seguridad jurídicas, tan importantes para tener asequibilidad al crédito y poder ser objeto de los programas gubernamentales de asistencia y ayuda al campesinado. Así mismo se tendrá que adelantar con agilidad el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 en todo lo concerniente a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, empezando por la restitución de tierras. Y, cómo no, adjudicarles su pedazo de tierra a quienes carecen de ella, para lo cual se dispondrá de un banco de tierras con 3 millones de hectáreas a través de la Agencia Nacional de Tierras.

Pero, como de lo que se trata es de “saldar la deuda histórica con el campo”, como lo plantea la Misión rural, “promoviendo la movilidad social ascendente, garantizando oportunidades económicas y derechos económicos, sociales y culturales” a la población campesina, la tenencia, la restitución y el acceso a la tierras son una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar tal cometido. Para cerrar esa enorme brecha entre la urbe y la ruralidad es menester poner en marcha un ambicioso plan de inversiones en bienes públicos esenciales, como lo son las vías terciarias, la electrificación rural, la conectividad, obras de drenaje y distritos de riego, así como una mayor cobertura y una mayor calidad en salud y educación. Sólo así se evitará la “institucionalización” de la pobreza en la periferia y la generación de más conflictos por la tierra, que son los malos presagios de James Robinson, el autor del célebre libro Por qué fracasan las naciones.