Una juez séptima penal municipal con función de control de garantías de Ibagué dictó medida de aseguramiento en contra de los 10 trabajadores y exfuncionarios capturados por presunta tortura y maltrato a menores de edad en condición de discapacidad , de la Fundación ‘Peces Vivos’ que operaba bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la capital del departamento de Tolima.

Ante la decisión, los siete abogados defensores de los acusados informaron que apelarán el fallo, en busca de la libertad o el beneficio del arresto domiciliario.

A tres de las personas implicadas se les imputó los delitos de concierto para delinquir, destrucción de material probatorio y tortura mientras que a los siete restantes se les atribuyó  el delito de tortura agravada. Ninguno aceptó cargos.

Bajo el argumento que amarrar a un menor con demencia o esquizofrenia no podía ser catalogado como tortura, el abogado Enrique Arango defendió en su momento a los señalados.