Un llamado preventivo realizó la Personero de Valledupar a la Administración Municipal para que empiece a revisar lo que está sucediendo frente a las construcciones adelantadas en la ciudad que presentan irregularidades u omisiones.

Así lo dio a conocer ayer el personero Alfonso Campo Martínez en rueda de prensa, en la que expresó que “no queremos que Valledupar crezca con construcciones ilegales, amparadas en la subjetividad de que cada constructor hace lo que piensa, sin la vigilancia de curadores y la administración municipal. La idea es tomar correctivos de manera inmediata antes de evitar contratiempos innecesarios como el ocurrido en Cartagena donde se desplomó un edificio”.

El jefe del organismo de control explicó que el curador urbano número uno de Valledupar, Augusto Orozco, expresó en la audiencia ciudadana adelantada el 26 de mayo por la Procuraduría General que la ilegalidad en las construcciones urbanas aumentó del 65 % al 95 %, debido a que los constructores no pagan la obligación urbanística correspondiente al impuesto de delineación y la licencia de construcción. “Aún vencidos los términos para la expedición de la licencia urbanística se realizan las obras, lo cual es una alarma que hay que tener en cuenta. Afortunadamente no hemos tenido una desgracia en Valledupar, pero aún estamos a tiempo de preverla”, acotó.

Para Campo Martínez, la estrategia de la Alcaldía de Valledupar de control físico urbano ha sido deficiente, puesto que aún con la edificación sellada, las obras continúan su ritmo hasta su terminación total, sin que haya multas, demoliciones o recuperación de espacio público.

Agregó que mediante la Circular 008, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió a los curadores urbanos que por acción u omisión los que estén involucrados en el incumplimiento de la vigilancia y control normativo de las licencias de construcción, responderán disciplinariamente ante la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía correspondiente, sin perjuicio del poder preferente que tiene el Ministerio Público. De igual manera, los particulares que ejecuten obras sin las licencias correspondientes, se expondrán a las sanciones previstas en el Código Nacional de Policía y quienes presenten licencias adulteradas o falsificadas responderán ante la justicia ordinaria por eventuales infracciones de carácter penal.

Por lo anterior, el Personero de Valledupar solicitó de manera preventiva al alcalde Augusto Ramírez Uhía tomar correctivos eficaces en Valledupar y en el interior de su administración, recalcando que el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia prevé la competencia de las alcaldías en cabeza de las inspecciones de policía, para ejercer el control de comportamientos contrarios a la integridad urbanística.

Voz del curador

Para el curador urbano número uno de Valledupar, Augusto Orozco, en recorridos por el municipio se observa la ilegalidad latente en las construcciones, donde lo que más prima es el desistimiento de licencias que han ocurrido en las dos curadurías, presentándose más de 600 desistimientos en un año.

“Esa es una evidencia; se necesita que lo corrobore la Administración, que es a la que le delegaron la función de revisión y control físico del municipio, tanto en su zona urbana como rural. El Alcalde está obligado a nombrar inspectores de policía para ejercer el control físico con autoridad. Creemos que todas estas denuncias están dadas ante el momento crucial que vive el país, en relación con los accidentes y catástrofes que ocurrieron en algunas regiones. La idea es entrar a revisar los procedimientos legales que el Alcalde debe ejercer para que haya una fluida intervención de todos los actores”, aseveró.

Municipio acoge el llamado

Al respecto, el jefe de la oficina de Planeación Municipal, Aníbal Quiroz, manifestó que “reciben con buenos ojos el mensaje propositivo del Personero en este control de advertencia. Esto es consecuencia de un Código de Policía que fue aprobado y construido sin tener en cuenta a las regiones, que le dejó las competencias a las Inspecciones de Policía e inspectores urbanos, que no tienen el equipo técnico que lo acompañen para adelantar las brigadas de control en la ciudad. Es un problema que no solo ocurre en Valledupar, sino en todas las ciudades capitales donde hay curadores urbanos, que son los privados, con funciones públicas que expiden las licencias de construcción”.

Aseguró que convocaron un Consejo Consultivo para revisar las brigadas de normalización que tendrá la ciudad en cabeza de los inspectores, acompañado de la Oficina Asesora de Planeación.

Las construcciones que se encuentren sin licencias serán sancionadas con multas que llegan hasta los 150 millones de pesos con las respectivas demoliciones a la que hubiera lugar.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN