Aunque a inicios del 2018, el gerente de Fonvisocial, Aníbal Quiroz Monsalvo, aseguró que el Gobierno municipal tenía como meta para el primer semestre del año solucionar el problema de las invasiones en la ciudad, que compromete la propiedad privada y la planeación territorial en el municipio, el tema sigue dando de qué hablar.

En la parte urbana no se han permitido nuevas invasiones; sin embargo, en algunos corregimientos, un grupo de personas se ha tomado arbitrariamente las tierras de terceros.

Hay quienes aseguran que la mayoría de los que se apropian de un predio privado, lo hacen con la intención de beneficiarse con el programa de viviendas gratuitas del Gobierno Nacional. Otros dicen que invadir es la única manera de obtener un hogar digno, debido a que no tienen los recursos suficientes para adquirir su casa propia; pero esto perjudica a los propietarios de los terrenos.

Tal es el caso de Rosemary Fuentes Gutiérrez quien es dueña de un predio ubicado en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar, que desde el mes de enero fue invadido por un grupo de personas y pasado casi cinco meses, las autoridades no han procedido con el desalojo.

“Yo presenté una querella policiva para hacer el desalojo, pero desafortunadamente a fecha de hoy no ha sido posible, porque cada vez que se coordina para la reunión de los entes involucrados, no hay disponibilidad del ESMAD y se han venido presentando una serie de situaciones que hasta el momento no ha sido posible el proceso, pero estamos pendientes del procedimiento”, dijo Fuentes Gutiérrez.

Asegura que las personas que invadieron tienen conocimiento que ese es un predio privado, por lo que también presentó una denuncia por invasión de terreno ante la Fiscalía. “La invasión se presentó desde enero y lo más triste del asunto es que muchas personas de Valledupar con condiciones económicas apoyan las invasiones, allá se ven vehículos de alta gama y se dice que hay muchas personas de otros corregimientos; además que hay muchos venezolanos que también están llegando a invadir”, acotó.

Según lo dio a conocer el inspector de esta población, Álvaro Vallejo, se trata de unas 50 familias las que se han instalado ahí y desde la Secretaría de Gobierno se viene manejando el proceso. “Esta situación está afectando el medio ambiente porque han generado una deforestación para limpiar el predio; sin embargo en relación al orden público no hemos tenido inconvenientes. Aquí hay autoridades indígenas que están desesperadas para que haya una solución con los dueños del predio a donde han llegado personas que no son de Río Seco”, expresó.

Rosemary Fuentes, propietaria del predio hace un llamado a las autoridades para que una vez enteradas de situaciones como las invasiones, que son actos ilegales que van en contra de la Ley, que sean más eficaces y actúen. “Que le den celeridad a los casos.

Lamentablemente esos procesos son demorados y se perjudica uno como ciudadano de bien, porque yo quiero estar tranquila que me devuelvan mi propiedad y no puedo. Que tomen seriedad en el asunto”, precisó.

Ante esto el secretario de Gobierno, Gonzalo Arzuza, dijo que cuando llegó al cargo encontró unas invasiones organizadas en Río Seco, Los Venados y en el botadero de basura.

“Hemos venido trabajando para erradicar este tipo de situaciones y lo vamos haciendo poco a poco, organizando la ciudad. La molestia de quitar a las personas que están invadiendo va a pasar pero va a quedar el orden público que necesitamos recuperarlo par el disfrute de los ciudadanos”, indicó.

Para el caso de Río Seco ya se han programado varios desalojos pero no se han logrado llevar a cabo el proceso.

Las invasiones en la capital del Cesar o en cualquier parte del país han significado para las autoridades un problema social. En el 2012, Valledupar se ‘plagó’ de estos asentamientos debido a la necesidad de vivienda de miles de familias afectadas por el conflicto armado en esta región y de otras poblaciones del país que decidieron invadir dejando otros tres predios más ocupados, a parte de los que existían.

Con las modificaciones hechas al Plan de Ordenamiento Territorial, el municipio logró la legalización de algunas, pero todavía quedan pendientes por solucionar otras.

EL NEGOCIO EN AGUAS BLANCAS

Otro caso de invasión que preocupa en la zona rural es en el corregimiento de Aguas Blancas, donde según el inspector José Ospino, se trata de un grupo de aproximadamente 300 personas que se han adueñado de predios privados y del municipio.

El Secretario de Gobierno denunció que estas invasiones son promovidas por unas personas que invaden unas tierras que son del municipio y otras que son de terceros porque se enteran que por ese lugar va a pasar la vía Ruta del Sol, pretendiendo una indemnización.

“Es algo coordinado y estamos tratando con la Policía Nacional de judicializar a las personas que están encabezando este tipo de acciones que van en contra de la buena conducta y atentan contra la propiedad privada”, dijo el funcionario Arzuza afirma que el municipio no permite una invasión más y la de Aguas Blancas, a mas tardar hoy estará siendo desalojada.

El procedimiento se había programado para el pasado martes en tres invasiones en el terreno donde se construirá la carretera que conducirá a la variante del sector, pero no se pudo desarrollar porque según el funcionario se presentaron inconvenientes por la falta de algunas personas que debían estar presentes.

Ante esto, Nora Fuentes, propietaria de algunos de los predios que fueron invadidos, se quejó debido a que asegura que ella ha buscado ayuda en la Alcaldía y Policía para que se diera un desalojo, sin embargo esto no se dio. Asegura que por falta de un representante de la Personería de Valledupar.

“Llamamos en varias oportunidades al personero y nunca apareció, y yo tuve que comprar desayuno y almuerzo para 100 personas. Yo pago mis impuestos, tengo derecho a que me respondan. Sí él no podía debió mandar a un funcionario”, dijo Fuentes.

Ante esto, el personero Alfonso Campo Martínez, pidió excusas a la señora y aseguró que la Secretaría de Gobierno tiene la obligación de avisarles con anticipación cuando se va adelantar un procedimiento cómo ese, pero esta vez la comunicación les llegó el mismo día a las 4:10 de la tarde. “Nosotros teníamos otras órdenes de desalojo que ellos mismos programaron, entonces no disponíamos de funcionarios para enviar a Aguas Blancas. Debe existir una mejor planificación por parte de esa sectorial. Esto fue un error de procedimiento y tiempo por parte de la Secretaría de Gobierno”, dijo el funcionario del Ministerio Público.
Por su parte, el Secretario de Gobierno insiste en que la administración no va a permitir invasiones y puntualizó entonces que el día de hoy,

se procederá a realizar el operativo contra las personas que habitan actualmente en terrenos ajenos. La idea es que, “la policía actúe con la Fiscalía junto al CTI y Sijín, y de esa manera, dar un golpe contundente”, expresó.

EN LA ZONA URBANA

En Valledupar ha mejorado la situación de invasiones por la tarea que viene haciendo la administración. Sin embargo, recientemente frente al Batallón la Popa se está presentando, aparentemente, una invasión a un terreno privado. Ante eso, el Secretario de Gobierno informó que se están tomando medidas en ese sentido.

“Se le informó al dueño par que haga la querella y nosotros efectuar la correspondiente desalojo. Estamos atentos a sacar a esas personas. Todos los que estén invadiendo serán desalojados. Le manifestamos a las personas que tienen algún fin delictivo de invadir tierras del municipio o de terceros que no se lo vamos a permitir, porque además de eso la administración está trabajando en soluciones de viviendas para todos los estratos. El Alcalde tiene una decisión importante que las personas puedan tener su casa y no aceptamos ningún tipo de invasión”, acotó.

REUBICACIÓN DE INVASORES

El Concejo de Valledupar aprobó el proyecto de acuerdo N° 007 del 15 de mayo de 2018 por medio del cual se autoriza al alcalde asumir compromisos con vigencias futuras excepcionales para la vigencia fiscal 2019. Esto, con el fin de construir 802 soluciones de viviendas para igual número de familias victimas del conflicto armado que viven hace mas de 12 años en predios privados, cumpliendo así un fallo de la Corte Constitucional que ordena la reubicación de las mismas; por lo tanto, el municipio necesita 5.800 millones de pesos.

El 16 de abril de 2013, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional conoció la acción de tutela interpuesta por Nelly María Carrillo y otros, contra Acción Social, el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar, que pedía respetar los derechos a un grupo de invasores de un predio ubicado al noroccidente de la ciudad, propiedad de Alberto Pimienta Cotes, quien había ganado una acción judicial que conminó a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar, a darle una solución esos problemas de vivienda.

La tutela fue instaurada por la falta del cumplimiento de la sentencia T-946 de 2011, que fue proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional en la que se resolvió: “Ordenar al Alcalde de Valledupar que en el término de un mes, contado a partir de la notificación del presente auto, diseñe y remita a la Sala un plan específico en el que se indique las acciones y procedimientos que se adoptarán para reubicar y garantizar el derecho a la vivienda digna de las personas asentadas en el predio La Sabana I”.

El concejal ponente, Dorismel Celedón, indicó que se hizo el estudio y aprobación de este proyecto que busca obtener los recursos para la financiación de un programa de vivienda para la atención de víctimas del conflicto armado.

Estas son 802 familias desplazadas que viven en las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta y Brisas de la Popa; esas fueron las que ordenó la corte en sentencia para el proceso de reubicación con viviendas dignas.

“De esta manera se mejorará las condiciones de vida de estas familias, reducción de pobreza, cumplimiento al plan de desarrollo”, dijo el gerente de Fonvisocial, Aníbal Quiroz.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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