La complejidad de los procesos para la construcción de paz demanda un gran compromiso de la ciudadanía en general. No es sólo cuestión del gobierno y de expertos.

Las comunidades deben ser protagonistas porque la paz debe tener una perspectiva restauradora de la sociedad.

Las víctimas están, por lo tanto, íntimamente ligadas al proceso de paz.

Su participación efectiva garantiza que el proceso avance en dirección correcta. Hay problemas con esto, pero nadie podía esperar que fuera una secuencia fácil, ni fluida.

Desde la definición del estatus de las víctimas hay falencias: Clasificadas según el origen socio-económico hay víctimas buenas y malas, pobres y ricas; según el victimario, hay legítimas e ilegítimas, así como víctimas que ameritan reparación y las que merecen sólo el olvido. De ahí surgen sentimientos contradictorios.

Rechazamos a los victimarios pero a veces asumimos comportamientos discriminatorios ante sus víctimas. Hay que revisar esas actitudes porque la paz es un asunto de todos, o en todo caso de la mayoría que prefiere la reconciliación y la convivencia pacífica en medio de las divergencias.

El compromiso de las víctimas está relacionado además con la defensa de sus derechos definidos en el marco de la Ley de Víctimas y en los mecanismos que se adopten al implementarla y que tienen que ver con la Justicia Transicional y La Justicia Restaurativa.

La justicia transicional puede ser un pilar en la reconstrucción del país en la etapa del postconflicto al procurar el fortalecimiento de un Estado de Derecho que aborde con seriedad la injusticia social estructural, la reconciliación de la sociedad sin que implique impunidad, es decir, garantizándole a las víctimas, justicia, verdad y reparación integral y garantizando desde lo estructural la no repetición.

Suelen emplearse para todo ello mecanismos como el indulto, la amnistía, indemnizaciones, peticiones públicas de perdón, conmemoraciones y otras formas de reparación simbólica. Hay que estar preparados para estas eventualidades.

Pero, ante todo, las víctimas deben estar atentas al ejercicio de sus derechos fundamentales:
Derecho a la verdad. Es preservar la memoria histórica, saber lo que ocurrió, por qué y quién lo hizo.

La verdad es un complemento importante para la reconciliación y la paz; ayuda además a elaborar los duelos y a superar los traumas.

Derecho a la Justicia. Es la posibilidad de hacer valer los derechos e impedir la impunidad.

Derecho a la reparación. Abarca Indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción.

Comprende medidas individuales y/o colectivas Se trata de restablecer la dignidad de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado y de los victimarios.

Derecho a la no repetición. Encierra la obligación del Estado de lograr la disolución de los grupos armados, sanciones para los funcionarios que han violado DDHH y el DIH, acompañamiento de procesos de desarme, desmovilización y reinserción, fortalecimiento de la democracia, de la sociedad civil, así como garantía para el retorno de los desplazados externos.

Más que olvido e impunidad, como piensan muchos, el propósito es rectificar el rumbo del país y superar muchos de los problemas entre víctima, victimario y comunidad en el camino hacia la paz.