Después de cinco días del anuncio hecho por el alcalde Fredys Socarrás Reales, en el que transfiere al Ministerio del Interior el predio que estaba destinado para la Plaza de Vendedores Ambulantes y Estacionarios de Valledupar, también conocida como La Granja, los comerciantes informales salieron a protestar y pedir les sea devuelto el terreno.

Desde las 6:00 de la mañana de ayer un grupo de personas se ubicaron en la carrera 7ª número 20B-08 en el barrio La Granja, para dar a conocer su inconformidad porque en ese lote se había planteado, desde la administración de Ciro Pupo Castro, la cimentación de lo que sería la tranquilidad para los vendedores, pero ahora sería utilizada para la construcción de la sede de la Policía Metropolitana.

El malestar de los manifestantes se aumentó cuando los uniformados que vigilaban el sitio les impidieron la entrada al terreno que afirman les pertenece, en el que por 20 años esperaron que el gobierno local les hiciera realidad un sueño que, al parecer, se frustró.

Durante aproximadas tres horas, a través de carteleras y megáfonos, los comerciantes solicitaron al Alcalde no arrebatarles el único y estratégico sitio para su reubicación.

Luis Casadiegos, representante de los comerciantes de la zona céntrica de la calle 17, dijo que la manifestación pacífica estuvo a cargo de la Asociación de Vendedores Estacionarios de Valledupar, Asovemev, quien lucha por la recuperación del sitio que les dejaron las administraciones anteriores para su reubicación.

“Estamos exigiendo el derecho al trabajo, porque nos quieren quitar la labor que nos da para el pan de cada día. Queremos una reubicación digna, un sitio digno para trabajar y no en la azotea de Calle Grande donde no irá nadie a comprar”, dijo Casadiegos.

El comerciante insinuó que la política administrativa del Alcalde está en contra de los vendedores, por lo que los trabajadores informales exigen se les respete el derecho al trabajo.

Entre las casi 100 personas que manifestaron en las salidas de La Granja, se encontró a Alexander Aguirre Vanegas, asociado de Asovemev- entidad que tiene alrededor de 800 miembros- y quien vende productos de cacharrería en las afueras de Almacenes Éxito de Valledupar desde hace 24 años.

Aguirre Vanegas insistió en que no ve salida por ningún lado a la problemática de espacios adecuados para su asociación, primero porque el terreno fue entregado al Gobierno Nacional y segundo, porque el traslado hacia el Parqueadero Municipal significaría la quiebra de los negocios informales, puesto que en su opinión allá no iría a comprar nadie por lo encerrado que está.

Protesta masiva
Miembros de Asovemev indicaron a EL PILÓN que pedirán para los próximos días un permiso al Gobierno Municipal con el fin de hacer una marcha pacífica para rechazar la decisión del alcalde Fredys Socarrás Reales, con quien buscarán dialogar.

Si la respuesta ante esta propuesta de los vendedores ambulantes es negativo, los comerciantes afirmaron que aunarán esfuerzos con los mototaxistas para buscarle una salida a la problemática de la falta de empleo que atañe específicamente a ese sector que vive hoy de la informalidad, que por el Decreto 000396, que restringe la circulación de motocicletas en la ciudad, los tiene quebrados, según ellos.

Uno de los manifestantes aseguro que el alcalde era arbitrario al darle a la Policía el terreno. “Vamos a pelear, nos da ese terreno o nos lo da”, recalcó.

Razones de sobra
Los comerciantes inconformes pidieron la renuncia del alcalde Socarrás Reales, quien dijo que existen decisiones que a veces son impopulares pero son las mejores para la ciudad, tal como sucedió con la entrega del terreno a la Policía Metropolitana, un proyecto que debe cristalizarse para mejorar la seguridad de Valledupar.

De igual manera, afirmó que varias fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, que para él es la mejor. Entre los motivos está:

1. Pérdida del lote. Estaba en embargado y en remate pero fue recuperado con la entrada en vigencia de la Ley 550.
2. En la construcción de la Plaza de Vendedores hubo improvisación de gobiernos anteriores.
3. El último contrato que dejó firmado el exalcalde Luis Fabián Fernández fue de ‘papel’, sin recursos en Tesorería.
4. El proyecto que se estaba planteando era superior a los 25 mil millones de pesos, suma millonaria con la que no cuenta el Municipio.
5. Existen prioridades y con los 25 mil millones que se requieren para la terminación de la obra es prioridad la construcción de una sede de la Policía que le brinde mayor seguridad a la ciudad. Además, porque dicha cifra sólo iba a beneficiar a 700 comerciantes y no a todos, y comparó que las viviendas entregadas hasta la fecha superan el mismo valor para casi 10 mil familias.

“Nosotros consideramos que la prioridad es la seguridad de Valledupar y el Gobierno nos tiene aprobada la Policía Metropolitana y no teníamos dónde hacer esa importante obra en Valledupar, la que le mejorará la seguridad a los habitantes, al duplicarse la población de agentes”, especificó el mandatario local.

El Censo
Con respecto al censo que existe en Valledupar sobre los comerciantes informales, el Alcalde manifestó que este sí se hizo, pero en el 2012 con la ayuda de la Cámara de Comercio, dando como resultado a 600 personas que se dedicaban a dicha actividad.

Pese a que han trascurrido dos años, luego de esa primera evaluación, el Administrador Local explicó que no se volvería a realizar puesto que en ese entonces, se llegó al compromiso de reubicar sólo a los censados para no permitir que la población se aumentara y así impedir que no exista capacidad de solución.

Bajo ese contexto, Socarrás Reales manifestó que alrededor de 850 vendedores estacionarios y ambulantes podrían ser reubicados en el Parqueadero Municipal. Sin embargo, fue enfático en decir que los comerciantes no pueden poner condiciones y exigir inversión al Municipio que no está en capacidad para ello.

“Ellos no pueden ponernos contra la pared cuando le hemos ofrecido solución y a ellos les estamos ofreciendo una opción que realmente les resuelve el problema de espacio público en Valledupar”, declaró.

El proyecto
Entre junio y julio comienza la implementación del proyecto que cristalizaría la Policía Metropolitana en Valledupar, el cual está en trámite. La Administración Municipal presentó ante el Concejo Municipal el proyecto para que autoricen la donación del terreno a la Policía.
La obra tendrá aportes del Gobierno Nacional, con un valor que estaría por encima de los 25 mil millones de pesos, mientras que el Municipio aporta el lote.

¿Qué dice el Ormet?
Alex Castrillo Galván, coordinador del Observatorio Regional del Mercado de Trabajo, Ormet, especificó que en el tema de trabajo informal no sólo están los vendedores estacionarios o ambulantes, sino que “estamos frente a un fenómeno de proliferación de informalidad laboral y empresarial en todas sus formas”.

Castrillón Galván dijo que cada vez se observan más personas desarrollando actividades informales en la capital del Cesar que no sólo le generan menor calidad de vida a las mismas personas, sino que le agregan muy poco valor a la economía local y eso da cuenta de una ciudad que, de hecho, ocupa el cuarto lugar en informalidad a nivel de Colombia.

“Tenemos la cuarta tasa de informalidad más alta de Colombia, superada por Riohacha en primer lugar, Quibdó en segundo lugar y Florencia, quien le quitó el tercer lugar a Valledupar en junio de 2014”, dijo el funcionario.
Antes esos resultados, según el también investigador del Ormet, a “Valledupar la estamos pariendo, reproduciendo y peor aun, retroalimentando y estimulando, toda vez que no se crean nuevas empresas, no hay emprendiemiento y el sector privado no está creando nuevas plazas laborales, porque tampoco se moderniza, no es productivo y es menos competitivo”.

El espacio público es otra de las aristas que presenta la informalidad en Valledupar, cada día se observan menos espacios públicos y peatonales.
¿Entonces qué solución se le puede dar a la informalidad en Valledupar? Castrillón Galván dice que varias son las acciones que se deben emprender para contrarrestar el fenómeno del informalismo, en el que también debe intervenir el sector privado, el Estado y, por supuesto, la sociedad civil.

Entre los planteamientos está:
1. Generar nuevas oportunidades laborales para que esas personas dejen de pensar que la informalidad es la que mejor paga, de hecho es de corto plazo y la que menos paga en el largo plazo.
2. Alcaldía, universidades, sector privado y miembros o representantes de la sociedad civil deben sentarse en mesas de trabajo organizadas por la Red de Inclusión Productiva, para discutir este tema.
3. Buscar alternativas de inclusión laboral y productiva.
4. Censar a la población, carnetizar y progresivamente ir desmontándolas, habilitando sitios con infraestructuras donde se puedan mover a esas personas que están en el informalismo.
5. Control de las autoridades de la Policía en los puntos que se desalojarán para evitar que nuevas personas vuelvan a ubicarse en ellos.
6. Crear nuevas plazas y nuevos estímulos de iniciativas empresariales que aporten a la economía local.

OPINES
Janet Ibáñez, vendedora de cacharrería
“Queremos que nos reubiquen pero en una parte que podamos trabajar todos. El que hayan cedido el lote está muy mal hecho, están regalando lo que era para nosotros, los vendedores ambulantes”.

Alexander Aguirre Vanegas, miembro de Asovemev
“Nosotros vamos a pelear porque La Granja es para los vendedores. Cómo se le ocurre al Alcalde que va a poner un comando de la Policía Metropolitana sabiendo que es para nosotros los vendedores”.

Mario Aguirre, asociado de Asovemev
“En el Parqueadero Municipal nos quebraríamos, tampoco entrarían todos los vendedores. Nosotros lo que queremos es que nos reubiquen en La Granja, una parte digna, donde nosotros podemos estar tranquilos”.