Los títulos denominados Bonos de agua, a través de los cuales particulares prestaban sus dineros a los municipios, con la garantía de que la deuda se pagara con las transferencias que hace la Nación, llegaron a su fin.
El sistema financiero, por medio del cual 117 alcaldes de Colombia priorizaron recursos inmediatos, sin calcular el compromiso que acarrearía a los municipios a las deudas con un costo equivalente a un 14% de interés anual por dos décadas y con una cláusula que no les permitía prepagar el compromiso, dejó de existir.
El esquema de crédito molestó a varios alcaldes, entre esos al de Valledupar, Fredys Socarrás Reales, quien aseguró que con este tipo de prestaciones el Municipio se encontraba ‘amarrado’ por años, por una deuda que él considera “abusiva y lesiva financieramente”, refiriéndose al polémico empréstito de 36 mil millones, adquirido por la Empresa de Servicios Públicos, Emdupar.
El crédito adquirido por esta localidad, en el 2010, bajo el mandato de Luis Fabián Fernández, fue calificado como el más oneroso en la historia del Valledupar, debido a que la administración debía cancelar más de 100 mil millones de pesos, casi que el triple de lo adeudado, sin verse reflejado las obras para beneficios de la comunidad.
Ante esta situación, Socarrás Reales acotó “con esa deuda de los 36 mil millones de pesos, estábamos condenados a pagar durante 19 años una tasa onerosa de UVR –Unidad de Valor Real- más 11 puntos, lo que indicaba que además de los casi 16 mil millones de pesos ya pagados solo en intereses, debíamos pagar casi 60 mil millones más. Nos quitamos ese peso financiero de encima y nos da la posibilidad de abrirnos a inversiones importantes para Valledupar”.
El Alcalde agregó “el hecho de que nos hayamos quitado este lastre de encima, significa que la tasa ya no será a la UVR, sino en dinero constante y más blando, a un 40% de la tasa de interés, con pago anticipado si queremos, donde nos ahorraríamos alrededor de 26 mil millones de pesos y mejoraríamos nuestra capacidad de endeudamiento del Municipio e inmediatamente nos habilita para tener más acceso a recursos y poder fortalecer más nuestra infraestructura de servicio, ya sea de agua, de vías”.
Por tal motivo, Socarrás Reales anunció que las obras que están estancadas en el Municipio por falta de recursos, como el colector de la carrera 27 y la construcción de otras vías, podrían resolverse con nuevos créditos, puesto que la localidad estaba sin capacidad de endeudamiento para poder enfrentar estos retos, a los cuáles se suma la renovación de las redes de la vía de la Ciudadela 450 Años que debe tener un costo por encima de los mil millones de pesos.
Consecuencias del empréstito
A raíz del empréstito de los 36 mil millones de pesos para mejoramiento de acueducto y alcantarillado en Valledupar, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia el 5 de agosto pasado a Luis Fabián Fernández Maestre, quien según la entidad, asumió compromisos de crédito público por valor de 36.765.376.531 de pesos, afectando las vigencias futuras del Municipio, por un tiempo de 19 años, sin contar con autorización del Ministerio de Hacienda ni con la evaluación de una entidad calificadora de riesgos.

Acción disciplinaria que se impuso luego del control de advertencia que envió la Contraloría de Valledupar al Alcalde y al Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, por considerar que el proyecto presentado al Concejo para que le autorizaran vigencias futuras con cargo al 75% de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, podía sobrepasar la capacidad de endeudamiento del ente territorial.
La falta de Fernández Maestre fue calificada por la Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública como gravísima.

La historia de los bonos
En el 2008, según un informe publicado por la revista Semana, en el 2013, comenzó a funcionar la figura de ‘Bonos de agua’ según la cual los particulares podían invertir en obras públicas. Una sofisticada ingeniería financiera, liderada por la firma Konfigura, sería la creadora del sistema financiero, que también es conocido como ‘Plan Carrasquilla’, un sistema que resultó innovador y de gran reconocimiento por ser sostenible.
Sin embargo, en el 2013 se prendieron las alarmas, cuando la Contraloría General de la Nación advirtió sobre el riesgo de comprometer recursos propios por tanto tiempo.
La dichosos bonos comenzaron a ser investigados cuando el entonces ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, le envió una carta a los alcaldes para señalar las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales de los burgomaestres que no comprobaran que los créditos mejoraran el alcantarillado y la continuidad del agua, que era el objeto de dichos recursos.
La misiva hizo desatar una serie de respuestas por parte de los 117 alcaldes de Colombia que se comprometieron con este crédito, quienes anunciaron al exministro sobre las irregularidades presentadas en algunas de las obras ejecutadas con el dinero de los empréstitos.
En el documento, los administradores locales informaban que los trabajos realizados estaban a medias- se hicieron sin criterio técnico, ni planeación-, otras ni siquiera se hicieron.
A través de la fuente extraordinaria de financiación, los pueblos se comprometían durante 19 años en pagar un porcentaje de lo que recibían del Sistema General de Participaciones.
Debido a lo antes expresado y a que muchos de estos recursos terminaron convertidos en créditos de libre inversión, la Procuraduría, la Contraloría, los ministerios de Vivienda y Hacienda, la Oficina Anticorrupción de la Presidencia se dio a la tarea de revisar los contratos y las obras, lo que conllevó al cierre de los bonos.
La decisión de culminar la operación de sustitución de deuda por una nueva línea de crédito blanda, a través de la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, fue tomada y anunciada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Con la nueva estructura financiera diseñada por Findeter, el Gobierno Nacional otorgará a Valledupar, junto a otros 117 municipios de Colombia, una solución viable para subsanar las deudas que habían adquirido en el sector de agua potable y saneamiento básico a través de dicho bonos.
El presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda, dijo que “la entidad se siente orgullosa de ser el vehículo financiero del Gobierno Nacional para impulsar las políticas públicas regionales, a través de alternativas que le permitan a los entes territoriales aliviar sus deudas y contar con las mejores condiciones del mercado, para que los proyectos de este sector puedan ser una realidad y generar bienestar en las regiones colombianas”.
Aunque socios de Konfigura, según la revista Semana, manifestaron que si las fallas en los créditos existen, corresponden a los alcaldes y no al sistema de financiación, el ministro Cárdenas, afirmó que el objetivo era ponerle fin a los bonos de agua con el objetivo de generar más desarrollo en las regiones”.
“Esto, realmente, es una gran noticia para Valledupar. Yo reclamé que era un contrato nocivo para el municipio y el Gobierno nos está dando completa razón y nos está ayudando a aliviarnos económicamente”: alcalde Fredys Socarrás Reales.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
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