Entre los años de 1974 y 2004, las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta padecieron 1.145 actos de violencia. Uno de los principales factores fue el contrabando de marihuana y las incursiones ilícitas perpetradas por guerrillas y luego la aparición de los paramilitares en Colombia.
Los cinco pueblos nativos que habitan ese territorio: arhuacos, koguis, wiwas, kankuamos y wayúus, vivieron su propio calvario en el marco del conflicto armado que vinculó a los 18 municipios de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira con relación a la Sierra Nevada. Un hecho en que los dolientes fueron y siguen siendo los 57.586 miembros de las comunidades indígenas y que la Dirección de Contexto y Análisis de la Fiscalía investigó para realizar un informe en el que se registró la victimización que padece esta zona. De hecho, se estableció que la instauración de la violencia en los caminos de la Sierra la convirtió en uno de los recursos estratégicos del conflicto.

Esto es que los armados ilegales —frentes 19 y 37 de las Farc, bloque Resistencia Wayúu del Eln y bloque Norte de las Autodefensas— desplegaron todas sus armas para asegurar el territorio, lo que incluye eliminar o desplazar a los indígenas. “Estos actores han recrudecido el conflicto en la región generando dinámicas como disputa territorial entre la guerrilla y los grupos paramilitares; siembra de minas antipersonales, ocupación del territorio, restricciones de alimentos, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados y señalamientos”, indica el estudio de la Fiscalía. Añadió que todas estas acciones violentas atentan contra los derechos fundamentales de las comunidades e incluso, las pone en riesgo de extinción.
Prueba de ello son las 30 masacres que ocurrieron entre 2000 y 2001, cuyo saldo, además, fue de 156 víctimas o las 166 ejecuciones extrajudiciales de 2002 que precedieron los 31 asesinatos que ocurrieron en julio de 2003. Menos de un año después fueron desplazados 2.509 arhuacos y entre 2002 y 2004 hubo 108 indígenas desaparecidos. Cifras que indican una fractura en el tejido social de los pueblos indígenas y la escalada del conflicto entre 1997 y 2007, época para la cual, explicó el informe, se presentó “una confluencia de diversos grupos armados frente al auge de actividades económicas ilícitas que hicieron de la Sierra Nevada de Santa Marta un extenso escenario de la actividad armada”.
A los paramilitares que hacían presencia en la zona, se le atribuyen desplazamientos que superan las 1.500 personas y “una desproporcionada ola de victimización que marcó el accionar de las autodefensas en las comunidades de la Sierra Nevada y la notable pérdida cultural”.
La Fiscalía también encontró un factor relevante en la disputa territorial referido a la presencia que hizo la Fuerza Pública en la zona, pues los uniformados perpetraron 32 actos de violencia entre 2002 y 2009. Según consta en el informe, el Ejército ha “llevado a cabo acciones que han estado por fuera del respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. En ese sentido existen victimizaciones ocurridas por las Fuerzas Militares a pobladores de la Sierra Nevada de Santa Marta”, traducidas en ejecuciones extrajudiciales de estos pueblos que fueron presentados como bajas en combate, amenazas e intimidaciones a las comunidades a las que acusaban de favorecer a las guerrillas, privaciones arbitrarias de la libertad, violencia sexual a menores y alianzas con grupos paramilitares.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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