Los hechos de violencia ocurridos en varias cárceles de la costa Caribe, han suscitado denuncias de los órganos de control para enfrentar el problema carcelario.

En Santa Marta, un motín dejó como saldo un interno muerto y 12 más heridos, en Cartagena, cuatro reclusos terminaron quemados a causa de riñas entre grupos, mientras en Valledupar, los internos de la Cárcel Judicial hicieron huelga de hambre por varias horas.

Por éste último hecho en la capital del Cesar y otros temas como el Hacinamiento, salubridad y la seguridad de Valledupar, el personero Alfonso Campo Martínez, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que decrete emergencia carcelaria en la ciudad. Además de la repoblación en los establecimientos penitenciarios, existe algo similar en la estadía de reclusos en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y la Estación Permanente Central de la Policía Nacional.

El caso específico de Valledupar es fatal, el hacinamiento de la Cárcel de Mediana Seguridad llega a un 350%, según una inspección de la Defensoría del Pueblo, que encontró en los siete patios del centro carcelario albergada tres veces más de la población pactada para recibir, son 256 internos y en estos momentos llega a más de 1.150.

El Personero de esta ciudad señaló que las cárceles Judicial de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar no están recibiendo reos, aduciendo que ya han superado el máximo de su capacidad; por consiguiente, las personas privadas de su libertad son trasladadas a las instalaciones de la Permanente Central y de la URI, violando la Ley y sus derechos.

“A la fecha, hay 63 personas en la Permanente Central, cuyas instalaciones tienen capacidad para albergar un máximo de 10 personas, mientras que en la URI hay seis recluidas desde abril de este año, vulnerando sus derechos fundamentales por falta de condiciones básicas dignas, prestación de servicio de salud, visitas conyugales, entre otras situaciones que garantizan los centros de reclusión”, aseguró Alfonso Campo.

De acuerdo con el artículo 28A de la Ley 1709 de 2014, “la detención en Unidad de Reacción Inmediata (URI) o unidad similar no podrá superar las 36 horas, debiendo garantizarse las siguientes condiciones mínimas: separación entre hombres y mujeres, ventilación y luz solar suficientes, separación de los menores de edad y acceso a baño”.

De igual forma, Campo Martínez solicitó a los congresistas y al Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, para que coadyuven esta problemática debido a que el Inpec y el Gobierno Nacional han sido indiferentes, “pero solicitamos que se mire concretamente lo de Valledupar, porque al no recibir las cárceles a los internos existiría una clara violación de Derechos Humanos”.

Una de las principales estrategias para el proceso de descongestión es la construcción de nuevas cárceles. En Valledupar, por ejemplo, se trabaja en un proyecto para edificar una con capacidad para 1.500 internos.

Cabe recordar, que en un fallo de tutela fechado el pasado 14 de enero, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Ministerio de Justicia, al Congreso y al Inpec a emprender acciones conjuntas y urgentes para acabar con el hacinamiento en las cárceles del país.

El traslado

En días pasados, el Inpec anunció la reubicación de 170 reclusos para reducir el hacinamiento en el establecimiento penitenciario de la capital del Cesar. Los internos serían trasladados desde Valledupar a las cárceles municipales de Chiriguaná y Codazzi.

Hasta el momento no se ha tenido reporte del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario, por esa razón Alfonso Campo Martínez elevó el pronunciamiento a las esferas nacionales, debido a que la Policía Nacional viene asumiendo funciones que no le corresponden generando un hacinamiento en las cárceles transitorias.

“Solicitamos que se mire concretamente lo de Valledupar, porque al no recibir las cárceles a los internos existiría una clara violación de Derechos Humanos”: Alfonso Campo Martínez.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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