”Si usted calla la verdad y la sepulta bajo tierra, ella no hará más que crecer”: Emile Zola. Con esta cita comienza el informe ‘El lado oscuro del carbón’, elaborado por Pax -Países Bajos-, en septiembre de 2014, que analiza el impacto general de la minería sobre los derechos humanos y particularmente la violencia paramilitar en la zona minera del Cesar. Es un relato detallado y muy bien sustentado sobre violaciones de derechos fundamentales, asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. Se mencionan además otras afectaciones relacionadas con el impacto ambiental, sobre la salud, el mal uso de las regalías y de los ingresos fiscales y otros efectos socioculturales derivados de la actividad minera.
Las luchas sociales asociadas a la explotación carbonífera en el Cesar y La Guajira aumentan cada año. Protestan los trabajadores asalariados, los independientes, las comunidades rurales y los pobladores urbanos, pero los problemas no cesan, más bien se acentúan.
El turno es ahora para las 18 familias que habitan el corregimiento de Loma Colorada –Cesar- que han sido advertidas del reasentamiento involuntario, quiere decir, que deben abandonar su territorio y darle paso a una línea férrea para transportar el carbón. Es inconcebible que los intereses económicos de una empresa transnacional prevalezcan sobre los derechos de ciudadanos colombianos; es inaceptable que sea más importante cumplir con cuotas de exportación de carbón para proveer de energía a ciudadanos europeos, que respetar el derecho elemental de los dueños de una riqueza mineral de la cual sólo derivan perjuicios. ¿Alguien puede esgrimir un argumento para sostener tan aberrante injusticia? Y ¿qué hace la Defensoría del Pueblo ante estos casos?
