Un tira y afloje se vive en el Interior de la Universidad Popular entre los miembros del Consejo Superior, el rector Jesualdo Hernández y algunos vicerrectores por el control que los primeros ejercen en cumplimiento de sus funciones, como la ejecución presupuestal de manera razonable y las autorizaciones de órdenes de prestación de servicios (OPS) […]
Un tira y afloje se vive en el Interior de la Universidad Popular entre los miembros del Consejo Superior, el rector Jesualdo Hernández y algunos vicerrectores por el control que los primeros ejercen en cumplimiento de sus funciones, como la ejecución presupuestal de manera razonable y las autorizaciones de órdenes de prestación de servicios (OPS) en la institución.
El Consejo Superior que de acuerdo con el Artículo 69 de la Constitución Nacional, que regula la autonomía universitaria, y la Ley 30 de 1992, es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, que lo faculta para velar por que se cumplan los procesos administrativos, académicos y presupuestales en todos sus órdenes, le pidió al Rector presentar y ponerse al día en la presentación de los informes trimestrales de su gestión, que según conoció EL PILÓN en esta vigencia solo ha presentado el del primer trimestre.
Aunque el rector Hernández argumenta que su retraso en parte es por los mismos aplazamientos hechos por el Consejo Superior, el ambiente es tenso porque en un consejo pasado los consejeros decidieron crear unas comisiones para supervisar especialmente las órdenes de prestación de servicios, que en su número casi alcanzan el total de funcionarios de la planta administrativa de la Universidad Popular del Cesar, es decir, se podría estar al frente de una nómina paralela.
Si bien es cierto que las OPS son necesarias y obedecen a los requerimientos administrativos de la universidad, en este caso todo indica que el exceso de órdenes de servicios autorizadas y firmadas, en su mayoría de las vicerrectorías Académicas, de Investigación y Extensión, y algunas decanaturas, fueron para atender favores políticos a los candidatos de su preferencia al Senado y la Cámara de Representantes y para preparar el terreno a la virtual aspiración de Jesualdo Hernández a ser nuevamente rector en las próximas elecciones que se darán en el 2015.
En medio de esta tormenta, sale al escenario la petición de un ciudadano que pidió la remoción del rector Hernández por el incumplimiento de sus informes trimestrales. Es este mismo peticionario, el que meses antes solicitó la aplicación de una Sentencia de la Corte Constitucional que determina que los gobernadores no hacen parte del Consejo Superior en las universidades del orden nacional, y como resultado los consejeros acogieron dicha Sentencia y hoy el Gobernador del Cesar no asiste a las sesiones.
El rector Jesualdo Hernández junto con el Vicerrector Académico, Raúl Bermúdez, y varios miembros del Consejo Académico consideran que el Consejo Superior ha excedido sus funciones fundamentado en la autonomía universitaria y eso ha creado división. Así las cosas trascendió que en la sesión del Consejo Superior, la semana pasada, se removería al Rector de su cargo, cosa que no ocurrió, pero que sí generó tensión e incertidumbre entre la comunidad universitaria.
Por los contratiempos presentados en dicha sesión a la que no asistió el rector titular, sino que delegó a su Vicerrector Académico, el Consejo no tomó decisión sobre la remoción solicitada, y pidió al rector pronunciarse en la próxima sesión.
Lo cierto es que mientras por un lado la Universidad marcha bien en el tema académico (estudiantes, docentes), en su parte administrativa existe un panorama poco claro, que se espera sea solucionado de la mejor manera entre los altos directivos de la Universidad, que deben estar por encima de intereses políticos y económicos.
Un tira y afloje se vive en el Interior de la Universidad Popular entre los miembros del Consejo Superior, el rector Jesualdo Hernández y algunos vicerrectores por el control que los primeros ejercen en cumplimiento de sus funciones, como la ejecución presupuestal de manera razonable y las autorizaciones de órdenes de prestación de servicios (OPS) […]
Un tira y afloje se vive en el Interior de la Universidad Popular entre los miembros del Consejo Superior, el rector Jesualdo Hernández y algunos vicerrectores por el control que los primeros ejercen en cumplimiento de sus funciones, como la ejecución presupuestal de manera razonable y las autorizaciones de órdenes de prestación de servicios (OPS) en la institución.
El Consejo Superior que de acuerdo con el Artículo 69 de la Constitución Nacional, que regula la autonomía universitaria, y la Ley 30 de 1992, es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad, que lo faculta para velar por que se cumplan los procesos administrativos, académicos y presupuestales en todos sus órdenes, le pidió al Rector presentar y ponerse al día en la presentación de los informes trimestrales de su gestión, que según conoció EL PILÓN en esta vigencia solo ha presentado el del primer trimestre.
Aunque el rector Hernández argumenta que su retraso en parte es por los mismos aplazamientos hechos por el Consejo Superior, el ambiente es tenso porque en un consejo pasado los consejeros decidieron crear unas comisiones para supervisar especialmente las órdenes de prestación de servicios, que en su número casi alcanzan el total de funcionarios de la planta administrativa de la Universidad Popular del Cesar, es decir, se podría estar al frente de una nómina paralela.
Si bien es cierto que las OPS son necesarias y obedecen a los requerimientos administrativos de la universidad, en este caso todo indica que el exceso de órdenes de servicios autorizadas y firmadas, en su mayoría de las vicerrectorías Académicas, de Investigación y Extensión, y algunas decanaturas, fueron para atender favores políticos a los candidatos de su preferencia al Senado y la Cámara de Representantes y para preparar el terreno a la virtual aspiración de Jesualdo Hernández a ser nuevamente rector en las próximas elecciones que se darán en el 2015.
En medio de esta tormenta, sale al escenario la petición de un ciudadano que pidió la remoción del rector Hernández por el incumplimiento de sus informes trimestrales. Es este mismo peticionario, el que meses antes solicitó la aplicación de una Sentencia de la Corte Constitucional que determina que los gobernadores no hacen parte del Consejo Superior en las universidades del orden nacional, y como resultado los consejeros acogieron dicha Sentencia y hoy el Gobernador del Cesar no asiste a las sesiones.
El rector Jesualdo Hernández junto con el Vicerrector Académico, Raúl Bermúdez, y varios miembros del Consejo Académico consideran que el Consejo Superior ha excedido sus funciones fundamentado en la autonomía universitaria y eso ha creado división. Así las cosas trascendió que en la sesión del Consejo Superior, la semana pasada, se removería al Rector de su cargo, cosa que no ocurrió, pero que sí generó tensión e incertidumbre entre la comunidad universitaria.
Por los contratiempos presentados en dicha sesión a la que no asistió el rector titular, sino que delegó a su Vicerrector Académico, el Consejo no tomó decisión sobre la remoción solicitada, y pidió al rector pronunciarse en la próxima sesión.
Lo cierto es que mientras por un lado la Universidad marcha bien en el tema académico (estudiantes, docentes), en su parte administrativa existe un panorama poco claro, que se espera sea solucionado de la mejor manera entre los altos directivos de la Universidad, que deben estar por encima de intereses políticos y económicos.