Siempre he creído que la Ley 30 de 1992 le ha hecho más daño que bien a las universidades locales; la autonomía universitaria que tanto reclamábamos en mi época de estudiante, nos deparó unas sorpresas: no estábamos preparados ni administrativa ni éticamente para asumirla.

Coincidió su implementación inicial con el apoderamiento que de muchas universidades de provincia hicieron las AUC, imponiendo compromisos a sus rectores con esta organización criminal mostrando casi sus brazaletes en los consejos superiores.

Muchos de sus rectores se sincronizaban con estas conductas despreciables a cambio de poder para contratar, botar y enganchar personal sin meditar sobre las consecuencias legales futuras; eran rectores de pacotilla que jamás pensaron que esto iba a terminar; las “rectoradas” estaban a la orden del día. Aquí mando yo, era la presunción, quien no esté conmigo está en contra mía, nadie se atrevía a controvertir, ni siquiera en corrillos, los grupos tipo Gestapo estaban infiltrados en todas las actividades; fue una época de terror.

Los despidos injustificados se hicieron sistemáticos. Hubo una época en que los viernes se volvieron terroríficos, ese día eran muchos los que perdían su trabajo en forma caprichosa; a veces, la adulación los salvaba del despido.

Esta cadena de despidos originó una oleada de demandas que, entre 1996 y 2011 son casi 100 cuyos costos tiene a la UPC en una crisis financiera. La presencia de los gobernadores en las universidades del orden nacional casi siempre fue nociva, estos imponían los rectores. En 2003, cuando aspiré a la rectoría de la UPC sostuve la tesis de que había una mala interpretación del artículo 64 de la citada ley en cuanto a participación de los gobernadores en los consejos superiores pero no tuve respaldo; además, había que demandar la ley porque los CSU de por sí no tienen facultades para interpretar una ley.

Parece que ya existe un fallo de la Corte Constitucional, de lo contrario, sacar al gobernador del CSU no sería legal. A la sazón, la UPC ha cancelado la suma de seis mil millones de pesos, plata de las matrículas de estudiantes pobres, en su mayoría, y están pendientes de pagar tres mil millones más. El reenganche de quienes han ganado sus demandas podría generar una cadena de otras demandas por cuanto los provisionales designados y luego sacados se creerán con el derecho de seguir en sus puestos de trabajo.

Esto es un círculo perverso que acabaría con las finanzas de la UPC. La verdad, la Ley 30 permitió que a los rectores nadie los rondara, basta tener un CSU espurio.