Los Oñate ganaron su primera batalla jurídica el pasado viernes al conseguir la libertad de Armando Gnecco Vega, Orlando Mendoza Zuleta y Victoria Mendoza Zuleta, detenidos desde el pasado mes de agosto al ser vinculados a la investigación por el homicidio del dirigente político Efraín Ovalle.

Por este crimen ocurrido el 25 de febrero de 2012, ya rindió indagatoria el cantante vallenato Jorge Oñate, luego de ser mencionado por los investigadores del caso en las audiencias contra los primeros capturados como coautores, pero a la fecha no hay investigación formal contra el artista.

La libertad otorgada a su sobrino Armando Gnecco, más conocido como ‘Mandarina’, por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías ambulante Bacrim, desvirtuaría la teoría del caso con la que se la jugó la Fiscalía; que a Efraín Ovalle lo habrían mandado a matar por negar apoyo político a la candidatura de Nancy Zuleta (esposa de Jorge Oñate) a la Alcaldía del municipio de La Paz.

La jueza tuvo en cuenta los elementos materiales probatorios presentados por la defensa de Armando Gnecco Vega, Orlando Mendoza Zuleta y Victoria Mendoza Zuleta, con los que quedan en entre dicho las actuaciones de los investigadores de Policía Judicial.

“Estoy planteando que no es como dice la medida de aseguramiento, el móvil no es político porque no había competencia política como tal, hipótesis de trabajo había otras que se podrían verificar y no lo hizo la Fiscalía”, dijo el abogado José David Albarracín al referirse a las supuestas amenazas que habría recibido Efraín Ovalle Oñate, meses antes de su asesinato, por una supuesta deuda económica de su hijo Juan Pablo.

Albarracín que además representa a Eduar Alberto Rodríguez Mendoza, capturado en junio de 2012 junto a Efraín Jesús Ferias Ramírez, Jhonny Alberto Otero Hernández, y Jorge Enrique Ochoa Cadena, como presuntos autores materiales del homicidio de Ovalle Oñate, puso al descubierto irregularidades en investigación del ente acusador.

“Hay un formato de entrevista a Fernando Arroyo Genes, del 18 de septiembre de 2012 en Valledupar, en el que delata a estas personas, pero ese señor estaba a disposición del Inpec en Barranquilla, nunca hubo remisión del recluso a Valledupar y en la Policía está el registro de que la comisión de la Sijín viajó para Barranquilla el 20 de septiembre de 2012 ¿Qué pasó allí?”, expusó el jurista que además presentó la documentación que acreditaba lo dicho.

De igual forma puso de presente la supuesta compra de testigos, miembros de ‘Los Urabeños’ recluidos en la Penitenciaría de Valledupar que aseguraron haber recibido inicialmente la propuesta de asesinar a Efraín Ovalle.
“Tenemos reporte de los giros por Efecty que familiares de Efraín Jesús Ovalle (hijo) hicieron a la mujer de John Carlos Landeros Linares, alias ‘Curumaní’, uno de los testigos claves de la Fiscalía que fue encontrado muerto en su celda. Inclusive dos investigadores de la Fiscalía le consignan a esta mujer”, afirmó Albarracín.

Sobre esta información, la juez manifestó que “queda la gran duda sobre la finalidad de esas consignaciones”.
La togada también se refirió a las declaraciones de otra fuente identificada como Juan Carlos Lora. “Palabras textuales dice que eso es un montaje: recibí dinero de Velásquez (uno de los policías que lideró la investigación), que también le había ofrecido beneficios jurídicos”.
Otro ‘Urabeño’ testigo estrella es Manuel Ricardo Benavides, quien el 7 de septiembre de 2014, en entrevista con un investigador privado cuenta que sus señalamientos sobre los autores del crimen de Ovalle, fueron manipulados por los investigadores.

“Los señores de la Sijín me dicen que quieren sacar ese caso adelante, es decir la muerte de Efraín Ovalle, y que estaban dispuestos a pagar por saber la verdad, aunque ellos decían que ya sabían quiénes eran los culpables, que solo faltaba que alguien los señalara. Ellos me ofrecieron para que diera unas declaraciones”, dijo uno de los polémicos informantes.

De los más de 15 mil audios con los que cuenta la Fiscalía por las interceptaciones telefónicas a miembros de una banda criminal y a integrantes de la familia Oñate, la defensa de los tres sindicados expuso que estos fueron erróneamente interpretados por los investigadores.

Teniendo en cuenta estos y otros argumentos, la juez consideró que fueron desvirtuados los elementos probatorios con que la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento contra Armando Gnecco Vega, Orlando Mendoza Zuleta y Victoria Mendoza Zuleta, el 5 y 6 de agosto de 2014.

“Aquí vemos comprometidos de alguna manera a muchas personas, pero estas tres personas en particular, sobre ellas no hay una sindicación directa, puedo decirlo con toda la revisión que hago”, dijo la jueza Yadira Pedroza.

Así las cosas, estas personas recobrarán la libertad en los próximos días, mientras la Fiscalía Especializada contra el crimen organizado determina si próximamente presenta el escrito de acusación.

Según el abogado de los sindicados, esta decisión tendrá un efecto dominó en los otros procesos por la muerte de Efraín Ovalle.

“Automáticamente cuando se hagan las solicitudes pertinentes esto indica que otras investigaciones que adelanta la Fiscalía deberían inhibirse o tener la misma suerte, especialmente el caso de los muchachos capturados inicialmente”.
Cabe anotar que la revocatoria de medida de aseguramiento decretada por el Juzgado Segundo Penal Municipal, fue apelada por la Fiscalía que solicitó a un juez de segunda instancia revertir la decisión.
En ese mismo sentido, se pronunció Pablo Bustos en representación de la familia del político asesinado, que también pidió investigar las informaciones sobre posibles sobornos para que se dieran estas libertades.

“Igual me tomó por sorpresa una información de esta naturaleza, pero como la señora  juez de primera instancia dio a conocerlo debe ser objeto de investigación exhaustiva porque pone en tela de juicio la dignidad de la administración de justicia”, puntualizó.

Cartel de la chatarra

Mientras que en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Valledupar se adelantaba la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento solicitada por Armando Gnecco Vega, en las mismas instalaciones pero ante la Fiscalía Quinta Especializada se hacían indagatorias por el llamado ‘cartel de la chatarra’, en el que estarían implicados miembros de estas dos familias por los delitos de concierto para delinquir, falsedad documento público, documento privado, fraude procesal.

Entre los llamados a indagatoria estarían los hijos del desaparecido Efraín Ovalle Oñate: Andrea Ovalle, Efraín Jesús Ovalle, Juan Pablo Ovalle, Pilar Ovalle. Hay otros nombres como Carlos Echavez, Cristina Villadiego, Carolina Oñate Morón, Carlos Adolfo Morón, Jorge Luis Oñate, Nicolás Mendoza e Iván Zuleta Torres.

Según se conoció, el proceso estaba archivado pero fue reactivado por la Fiscalía Quinta Especializada de Valledupar, que tratará de establecer responsabilidades en el llamado ‘Cartel de la chatarra’, porque el modus operandis era apoderarse de carpetas de vehículos de distintos vehículos accidentados, en el Tránsito del municipio de La Paz, aportando documentos falsos de los siniestros para obtener un nuevo cupo, convirtiéndose en tractomulas, que eran vendidas a otros departamentos por la suma de 30 a 40 millones de pesos.

El ‘cartel’ hacía cancelación de matrículas de los vehículos sin el consentimiento del propietario, que eran chatarrizados sin su consentimiento y según la investigación adelantada hicieron más de 150 chatarrizaciones ilegales.

Allegados a la familia Ovalle manifestaron que la reactivación de esta investigación es una persecución política luego de dar a conocer las aspiraciones de Andrea Ovalle a la Alcaldía de La Paz.

Procesados en Bogotá

El  proceso que adelantaba el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Valledupar contra Eduar Alberto Rodríguez Mendoza, Efraín Jesús Ferias Ramírez, Jhonny Alberto Otero Hernández, y Jorge Enrique Ochoa Cadena, pasó al Distrito Judicial de  Cundinamarca.

La decisión se dio por solicitud de la Fiscalía 11 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, debido a las amenazas, desaparición y muerte de testigos.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN