Por: Luis Nieto Pardo

Luego de un largo y prolongado receso casi que sabático, dedicado a culminar y plasmar en dos libros las experiencias vividas en dos casos relacionados con el ejercicio profesional que en su momento produjeron gran impacto social y mucha actividad en los medios dada las características especiales de los mismos como lo fueron el asesinato de una joven enferma de un mal desconocido a manos de un chamán charlatán y dos hermanos bien intencionados pero ingenuos de la víctima; y de la situación vivida en el año 2003 por la Bacterióloga RINA BOLAÑOS, quien luego de ser plagiada por la Guerrilla y luego de ser liberada fue encarcelada como miembro de esa agrupación al margen de la ley, ese episodio cobra gran significación y actualidad, pues guardadas  las proporciones, no cabe duda que es exactamente igual o de corte parecido a lo sucedido con el Senador vallecaucano Sigilfredo López; y lógico, que, por obvias razones bien vale la pena escribir a fondo sobre ello desde el punto de vista personal y jurídico, por lo cual pronto tendrán la oportunidad de hacerlo, si bien me lo permiten.

Como supongo que les inquieta saber el origen del título de esta crónica, les ilustro al respecto comentándoles que tal como lo cantara el Joe Arroyo, yo, a raíz del atropello que se cierne sobre los Defensores Públicos por cuenta del nuevo Director General al imponer  un examen  de capacidad para determinar quienes siguen y quienes se quedan en esta brega de defender al 90% de la población menesterosa de Justicia en este país, vuelvo como el Centurión de la Noche lleno de motivación y con muchas ganas de escribir para lanzar mi voz de protesta en representación de los Colegios de Defensores Públicos de esta región del País porque no resulta ni justo ni lógico, que luego de que llevamos mas de una década prestando tal servicio ahora les inquiete saber si somos o no capaces de servirle a los usuarios de la defensoría pública;   siendo lo peor de todo que la remuneración contractual, en lugar de mejorar paso hacer más denigrante, ya que , si antes dije que se nos trataba o se nos remuneraba como a los “extras en el cine”, ahora quedamos devengando casi que igual aun notificador de un Juzgado Penal Municipal.

Por todo ello resulta, no tanto paradójico como contradictorio que, a pesar de tanta carga laboral, registremos una gran desventaja salarial, en comparación con el resto de funcionarios con igual o similar grado de responsabilidad (hablamos de jueces y fiscales), porque los que fungen o se desempeñan como representantes del Ministerio Público (Procuraduría), motivo a pesar de que su asistencia a las audiencias no es obligatoria, ni su concepto vinculante o necesario, quién lo creyera, amigos lectores: devengan cinco veces más a el equivalente de lo que devenga un Defensor Público.

Es por ello que, sin ánimo conflictivo ni de polemizar (simplemente para ser claros y objetivos), consideramos que nos asiste la razón de reclamar, pero nadie se atreve a decir nada

“Cuidando la cucharita de platino, dice el Alex. Le pedimos a alguien que pueda asumir y tomar nuestra vocería (llámese Senador, Representante, ONG, fuerzas vivas, etc.) que realicen los esfuerzos legales y necesarios para tratar de mejorar nuestra situación prestacional (ganamos menos que un general, pues ni prestaciones sociales tenemos), salarial y de bienestar de quienes conformamos desde hace ya más de una década (caso personal) esta hermosa y creciente familia.

Por todo lo anterior, pensamos que no es caprichoso ni llorón nuestro respetuoso pedimento, puesto que resulta obvio y escandaloso, que al hacer una odiosa comparación entre las escalas salariales deferidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el resto del mercado laboral colombiano (en materia penal; nos encontramos, repito, en serias desventajas, a pesar de que, siendo tan necesario, tan tenaz y tan eficaz nuestro servicio y protagonismo, se nos termina remunerando de manera irrisoria y humillante.

A pesar de lo que se diga, jamás resultará equitativo el salario que devengamos, teniendo en cuenta que, dándose los extremos del contrato de trabajo, nuestra vinculación es incierta; sólo ganarnos el básico, que no se ve incrementado por ningún otro concepto: ni la antigüedad, ni de actividad desarrollada, ni de orden público, ni de subsidio familiar, ni primas… !Será justicia!, decía al terminar sus escritos el gran maestro cartagenero del Derecho Penal Especial, el doctor Pedro Pacheco Osario; o, como dijera Gabo una vez que se le negó un justo reconocimiento: “tanto sacrificio y ahora resulta que merezco menos consideración que un gallo”.