Desde el año 2011 cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas se abrieron nuevos escenarios para comenzar la difícil, pero no imposible, tarea de reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Este no ha sido un proceso fácil, pero ya ha dado sus resultados, más de 400 mil víctimas han […]
Desde el año 2011 cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas se abrieron nuevos escenarios para comenzar la difícil, pero no imposible, tarea de reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Este no ha sido un proceso fácil, pero ya ha dado sus resultados, más de 400 mil víctimas han sido reparadas por vía administrativa y se trabaja en el tema de reparación colectiva de varias comunidades.
En ese mismo contexto de reparación, aparece ahora un informe de la organización holandesa Pax, que denuncia la presunta relación entre los paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ y las mineras Drummond y Prodeco, que buscaba que los paramilitares le garantizaran a las multinacionales la seguridad y “limpiaran” la zona de guerrilla, grupo que hacía atentados frecuentes contra la línea férrea e infraestructura de éstas. En conclusión, el informe que se denomina ‘El lado oscuro del carbón’ da cuenta de 55 mil desplazados, 2.600 homicidios y 260 desaparecidos en los municipios de la zona minera (La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril, Codazzi, El Paso, Bosconia),
Son esas víctimas las que espera Pax que reparen las empresas mineras involucradas. Hasta ahora ni Drummond ni Prodeco (filial de Glencore) han aceptado que hayan financiado grupos paramilitares y menos que tengan que responder por las víctimas. El hecho es que las dos empresas están entre la espada y la pared, porque esta organización internacional adelanta una campaña internacional, especialmente en Holanda y Alemania que compran el 70 por ciento del carbón que explotan en el Cesar, con el fin de que las empresas de energía europeas exijan a las dos mineras que inicien un diálogo con las víctimas que los lleve a la reparación, y de no lograrlo, esperan que las compradoras del carbón suspendan las relaciones comerciales con las dos empresas.
Es un escenario bastante escabroso, especialmente porque tanto Drummond como Prodeco no están en plan de aceptar diálogos con víctimas, porque sería aceptar su responsabilidad, y si no se llega a ningún acuerdo y las empresas de energía europeas dejan de comprar carbón, es probable que la producción de carbón disminuya y con ello todo el andamiaje construido alrededor del carbón en el Cesar se derrumbe.
Todo este panorama se aclarará un poco en noviembre próximo, cuando a Valledupar lleguen la Ministra de Relaciones Exteriores de Holanda y cinco ejecutivos de las empresas más influyentes de energía para reunirse con representantes de las mineras y las víctimas. De esta reunión dependerá lo que pase en el futuro con este tema. De todas maneras, cada una de las partes defienden sus argumentos y defienden sus verdades, y ojalá que al final lo que resulte, sea para bien del Cesar, un grano de arena más a la construcción de paz que tanto se anhela en Colombia.
Desde el año 2011 cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas se abrieron nuevos escenarios para comenzar la difícil, pero no imposible, tarea de reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Este no ha sido un proceso fácil, pero ya ha dado sus resultados, más de 400 mil víctimas han […]
Desde el año 2011 cuando el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Víctimas se abrieron nuevos escenarios para comenzar la difícil, pero no imposible, tarea de reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano. Este no ha sido un proceso fácil, pero ya ha dado sus resultados, más de 400 mil víctimas han sido reparadas por vía administrativa y se trabaja en el tema de reparación colectiva de varias comunidades.
En ese mismo contexto de reparación, aparece ahora un informe de la organización holandesa Pax, que denuncia la presunta relación entre los paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ y las mineras Drummond y Prodeco, que buscaba que los paramilitares le garantizaran a las multinacionales la seguridad y “limpiaran” la zona de guerrilla, grupo que hacía atentados frecuentes contra la línea férrea e infraestructura de éstas. En conclusión, el informe que se denomina ‘El lado oscuro del carbón’ da cuenta de 55 mil desplazados, 2.600 homicidios y 260 desaparecidos en los municipios de la zona minera (La Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Becerril, Codazzi, El Paso, Bosconia),
Son esas víctimas las que espera Pax que reparen las empresas mineras involucradas. Hasta ahora ni Drummond ni Prodeco (filial de Glencore) han aceptado que hayan financiado grupos paramilitares y menos que tengan que responder por las víctimas. El hecho es que las dos empresas están entre la espada y la pared, porque esta organización internacional adelanta una campaña internacional, especialmente en Holanda y Alemania que compran el 70 por ciento del carbón que explotan en el Cesar, con el fin de que las empresas de energía europeas exijan a las dos mineras que inicien un diálogo con las víctimas que los lleve a la reparación, y de no lograrlo, esperan que las compradoras del carbón suspendan las relaciones comerciales con las dos empresas.
Es un escenario bastante escabroso, especialmente porque tanto Drummond como Prodeco no están en plan de aceptar diálogos con víctimas, porque sería aceptar su responsabilidad, y si no se llega a ningún acuerdo y las empresas de energía europeas dejan de comprar carbón, es probable que la producción de carbón disminuya y con ello todo el andamiaje construido alrededor del carbón en el Cesar se derrumbe.
Todo este panorama se aclarará un poco en noviembre próximo, cuando a Valledupar lleguen la Ministra de Relaciones Exteriores de Holanda y cinco ejecutivos de las empresas más influyentes de energía para reunirse con representantes de las mineras y las víctimas. De esta reunión dependerá lo que pase en el futuro con este tema. De todas maneras, cada una de las partes defienden sus argumentos y defienden sus verdades, y ojalá que al final lo que resulte, sea para bien del Cesar, un grano de arena más a la construcción de paz que tanto se anhela en Colombia.