El 21 de noviembre de 1997, seis empresas multinacionales, cinco nacionales y los departamentos de Cesar y Santander, decidieron unirse para participar en una licitación abierta, en ese entonces por Ferrovías, para otorgar en concesión por 30 años, la línea férrea del Atlántico.

Las 13 empresas, entre las que estaban Dragados y Construcciones de España, Rites de la India, Transgranos de Colombia, Emcarbón y Maderas Santa Bárbara, acordaron reunirse en la firma Fepaz. Según sus estudios, esperaban obtener un billón 400 mil pesos de utilidades con la concesión, más los ingresos de algunos negocios adicionales.

La licitación le fue adjudicada a Fepaz en 1999, pero cuando los socios llegaron a la Notaría 55 de Bogotá a firmar el contrato con el que constituirían definitivamente su empresa, el departamento del Cesar no se presentó. Así relata un artículo del diario EL TIEMPO para ilustrar la historia sobre la onerosa demanda que fue entablada contra el Cesar por las firmas Transgranos, Grodco y Maderas Santa Bárbara.

Los expedientes del proceso jurídico cuentan que el recién posesionado gobernador Lucas Gnecco Cerchar, echó para atrás el negocio que había apoyado Mauricio Pimiento Barreras. De esta manera, el proyecto nunca pudo ser constituido y unos meses después la licitación fue declarada desierta.

Con la declaración, las empresas fueron sancionadas con una multa de 5 millones de dólares y la prohibición de contratar con el Estado durante varios años, sanción que meses después fue levantada porque Ferrovías encontró que el incumplimiento de todas las empresas, con excepción del Cesar, había sido justificado.

Esta última decisión sirvió como fundamento para el proceso presentado ante un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, por la empresa Transgranos de Colombia.
Después de casi 13 años del hecho, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, falló a favor del Departamento del Cesar, que en caso de haber recibido la amonestación, la Gobernación habría pagado cerca de 500 mil millones de pesos.

Según el apoderado de Transgranos, la firma dejó de ganar, por culpa del Cesar, 113.622 millones de pesos en ese entonces. El año anterior la administración departamental terminó pagando solo 260 millones, atendiendo la figura de cesión de derechos litigiosos.

A esto, se agregan los daños materiales, por más de 200 millones de pesos, y los morales que le produjo a la empresa el haber sido tachada como incumplida por Ferrovías. Las cifras en la actualidad llegarían a más de 500 mil millones de pesos.

“La Gobernación ganó el proceso y esa es la buena noticia. Logramos hacerle el quite a esa demanda; hemos evitado unos pagos que iban a dañar las finanzas del Cesar”, declaró el gobernador Luis Alberto Monsalvo, al tiempo que agregó “se agotaron todas las instancias. El proceso está concluido y cerrado”.

Como resultado de las gestiones legales, se produjeron varios autos a favor del departamento. A finales del año pasado fue excluida de la demanda Maderas Santa Bárbara y el 10 de julio de este año, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, se pronunció en segunda instancia excluyendo igualmente al último demandante, Grodco S.A.C, lo cual libera al Cesar de cancelar las millonarias sumas exigidas.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN

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