Debo aclarar que no intento defender a María Fernanda Cabal –mi esposa–, pero sí el derecho a la libre expresión, esperando no ser encausado por ello, pues cuando empezamos a ponerle cortapisas, ya conocemos en el vecindario las consecuencias. López está incomunicado en una cárcel chavista, no por lo que haya hecho o dejado de hacer, sino por lo que dijo, o mejor, por lo que otros hicieron por lo que él dijo. Con esa lógica judicial perversa, para que nunca pase nada, es mejor nunca decir nada.
Algo así no habría sucedido cuando las opiniones eran dominio exclusivo de los medios, que hoy han tenido que entregar esa dictadura a la democratización de las redes sociales. Si yo denunciara a los columnistas y terceros que, por tuiter y en los medios, me tildan de guerrerista y enemigo de la paz, la justicia estaría muy ocupada.
Por ello rechazo también la intención de semejante polvareda. La parlamentaria, movida por su legítimo desacuerdo con unas negociaciones que no la convencen, como a millones de colombianos, hizo unas preguntas válidas y, al margen de si el personaje era o no guerrillero, a juzgar por las reacciones, terminó abriendo otra puerta a quienes estigmatizan a todo el que se oponga a esa universalización de las víctimas que busca hacer invisibles a las de las Farc.
¿Por qué tan rápida condena de los medios, el Gobierno, el jefe negociador, la Fiscalía y hasta las Farc, hacia quien no ha hecho sino defender a las víctimas? ¿Qué autoridad tiene Márquez para acusar a alguien de guerrerista? ¿Qué desvergüenza le permite acusar a un trino de sabotear el proceso? ¿Acaso no son los tiros y los bombazos de las Farc los saboteadores? ¿Cuáles fueron los criterios de escogencia de las víctimas? ¿Por qué las de las Farc son minoría? ¿Acaso el Gobierno no sospecha que la ‘comisión histórica’ busca responsabilizar a toda la sociedad de la violencia? ¿Acaso no adivina que buscan con ello legitimar su lucha con total impunidad?
Inquieta igualmente la situación de los congresistas frente al derecho a la libre opinión, que adquiere relevancia, pues ellos representan la Voz del Pueblo, como está tallado en piedra en el recinto del Senado. ¿Existe delito de opinión? ¿Dónde quedan la autonomía del Congreso y el equilibrio de poderes? ¿Se está judicializando la política? ¿Cómo hizo la Fiscalía para individualizar la responsabilidad, ¡en solo un día!, frente a una denuncia indeterminada? ¿Cómo compulsa copias a la Corte sin investigación alguna? ¿Es acaso la misma que lleva décadas sin aclarar los asesinatos de Galán y Gómez Hurtado, y se resiste a declarar este último de lesa humanidad? ¿Será, más bien, que se está politizando la justicia?
Menos retórica y más respuestas. Más trinos en libertad y menos tiros como amenaza extorsiva. Eso espera el país.