He leído una y otra vez el testimonio del abogado Víctor Pacheco -publicado por la revista Semana-, y coincido con la versión que está tomando fuerza en varios medios de comunicación, acerca de un aparente complot que buscaba tumbar al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. Como la vuelta salió mal, terminaron destapando un escandalo de tráfico de influencias en las decisiones de las altas Cortes. (http://www.semana.com/nacion/articulo/el-testimonio-de-victor-pacheco-por-el-caso-pretelt/422227-3)

Desesperado por la embestida de la fiscalía y el matoneo de varios periodistas y medios de comunicación, el magistrado Pretelt, en su legítima defensa y en un acto de máxima desesperación, propuso al país que los magistrados, el abogado Pacheco y el Fiscal Montealegre, se sometieran al polígrafo para saber quiénes mienten y quiénes dicen la verdad. Con ello, se destapaba la olla podrida en la justicia y se le ponía freno a este triste y vergonzoso episodio. Si Pretelt, no hubiese sido el presidente de la Corte, tal vez nunca se hubiera conocido este escandalo. El magistrado, era una piedra en el zapato para ciertos temas del proceso de paz y en la elección del nuevo Registrador.

Nerviosos por el reto del magistrado Pretelt y desesperados por encontrar una estrategia que mitigara el daño causado a la Corte por el escandalo, los magistrados salieron con la disparatada idea de realizar una rendición de cuentas pública que después, cuando se dieron cuenta del oso que iban hacer, convirtieron en privada. Esta declaración me puso a pensar. ¿Quiere decir que van a revisar fallos de manera pública y a corregir sus efectos? ¿Si fuese así, que fallos van a revisar? ¿Será que nos dejan llevar fallos que fueron rechazados porque sus abogados no pagaron “peaje”?

Con la salida en falso de los magistrados en cuestión, el Gobierno Nacional optó por lanzar un globito al aire, proponiendo la creación de un tribunal de aforados nombrado por el Presidente de la República. La estrategia dio resultado y los congresistas que andaban aburridos con el debate del Plan de Desarrollo comenzaron a debatir la idea y con ello distrajeron a los medios de comunicación que comenzaban a presionar y posicionar la idea del polígrafo.

Con la salida en falso de los magistrado en cuestión, el Gobierno Nacional optó por lanzar un globito al aire proponiendo la creación de un tribunal de aforados nombrado por el presidente de la República. La estrategia dio resultado y los congresistas que andaban aburridos con el debate del Plan de Desarrollo comenzaron a debatir la idea y con ello distrajeron a los medios de comunicación que comenzaban a presionar y posicionar la idea del polígrafo.

Entre tanto, el fiscal Montealegre abrió investigación al magistrado Pretelt y a su esposa por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos y delitos de lesa humanidad. Por un momento pensé que se trataban imputaciones a algún jefe de la guerrilla.

Haciendo uso de la buena formación profesional adquirida en la Universidad Externado de Colombia, me di a la tarea de investigar las normas sobre “victimas y restitución de tierras” y observo que la Ley 1448 de 2011, -ley especial de carácter transicional-, creó una institución especializada en atender dichos casos bajo unas competencias y facultades especiales y amplias en cabezas de unos jueces designados única y exclusivamente para resolver la problemática de mas de 60 mil solicitudes de restitución radicadas hasta el momento.

Aquí, el que esté libre de pecado, que le preste el celular y el portátil cinco días al procurador.