Se volvió lugar común el tema del gran poder del Procurador, sobre todo por su competencia frente a funcionarios elegidos en las urnas, recién ratificada por la Corte Constitucional, muy a pesar de quienes quieren disminuir tal poder. Son centenares de funcionarios, sancionados o investigados, que estarían felices con una Procuraduría gris, comenzando por el alcalde Petro, cuyo caso llevó el tema al debate público.
Uno puede no estar de acuerdo con algunos veredictos de la Procuraduría, pero en general, lo que hay detrás de semejantes resultados en la vigilancia de lo público no es una cacería de brujas, sino un fenómeno de corrupción y abuso de poder, que conocemos de sobra y sobre el que el país pide una acción decidida.
No puede ser que cuando alguien ejerce con decisión esa acción de vigilancia y sanción, el país se levante contra un presunto poder excesivo del Procurador. Seamos serios. En realidad, su poder no radica en que tenga demasiadas competencias, sino en el ambiente de descomposición en que le corresponde ejercerlas.
En otras palabras, si los funcionarios fueran realmente servidores de la sociedad, si la pulcritud en el manejo de lo público fuera la norma y no la excepción, si el robo de los recursos que aportamos no estuviera a la orden del día, si el ejercicio de la política volviera a ser dignificado y dignificante, entonces el Procurador, por sustracción de materia, no tendría ese poder inmenso y, además, muy poco oficio. Su poder se deriva de que mucha gente le tiene miedo, y le tiene miedo, sencillamente, porque “el pecado acobarda”. Su poder se deriva de que, en medio de la corrupción reinante, tiene mucho oficio.
Pero acostumbrados a vender el sofá y a meter la cabeza en un hueco para no ver el desastre que nos rodea, pues la solución es fácil: para evitar tan molesta vigilancia y seguir pelechando de la corrupción y el desorden, hagamos a un lado al juez y pongamos uno que no pueda castigarnos. Entonces perderá poder, mas no porque tenga menos funciones, sino porque nadie le temerá.
La disciplina que admiramos en otros países es producto de la educación, pero también del temor a una justicia que funciona. El policía insobornable es incómodo; es incómodo el catón que rechaza la impunidad para criminales que hablan de paz mientras atacan a los colombianos. El procurador Ordóñez es incómodo para muchos y por eso hay que sacarlo, así haya que cambiar de opinión jurídica como quien cambia de camisa. “Se voltea una tractomula…”, ¿por qué no el magistrado Yepes en apenas dos meses?
Esperemos que la Sala Plena del Consejo de Estado enderece el rumbo y que las reformas no cercenen la actividad de la Procuraduría. Luchemos por el imperio de la Ley, pero no eliminando al vigilante, sino la necesidad de ser vigilados.
Por José Felix Lafourie