Esta semana el Congreso de la República inició en firme el estudio y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, bautizado con el nombre de “Todos por un país nuevo”.
Repasé los 200 artículos incluidos en los siete capítulos del Plan, pero en particular me voy a referir en profundidad a los siete artículos del capítulo III, dedicados a la propuesta de transformación del campo. Confieso que quisiera hacer parte del debate en el Congreso sobre el futuro de este importante sector de la economía del país. Como eso no es posible, espero que las sugerencias que aquí planteo lleguen a oídos de los ponentes y de aquellos que tienen injerencia en el tema.

El Plan establece un programa de inversiones para el sector rural calculado en $49.2 billones durante el cuatrienio. Pienso que es fundamental establecer también una meta de crecimiento del sector en términos de superficie, producción y exportación de alimentos, para medir el impacto de esos recursos. Debería quedar establecida por ejemplo, una meta de aumento en la superficie cosechada de 4 a 6 millones de hectáreas y de 25 a 32 millones de toneladas en la producción de alimentos.

El Plan establece un subsidio integral de Reforma Agraria del 100% del valor del predio para familias campesinas de escasos recursos, pero no exige al Incoder implementarles previamente un programa en buenas prácticas agrícolas y pecuarias. Tampoco veo en el texto el compromiso de un acompañamiento en la viabilidad técnica, financiera y ambiental de los proyectos productivos para que sean rentables y sostenibles. Las escuelas de emprendimiento rural las dejaron como las guayaberas. Por fuera.

El Plan también otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis meses, para expedir decretos con fuerza de Ley, con el fin de suprimir y crear nuevas entidades que direccionan la política de tierras y desarrollo rural, modificar la ley que rige el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y reasignar funciones a las Umatas.

Sobre lo primero, urge plantear la creación de una Entidad Nacional de Desarrollo Rural y otra que administre la política de presas y canales de irrigación que proporcione agua a precios subsidiados a los agricultores. El Sistema de Crédito rural, debe contemplar un subsidio a la tasa de interés, para que esta no sea mayor a la inflación. A las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Rural (Umatas), hay que despolitizarlas y asignarles la función de proveer a los campesinos el mapa de las zonas agrícolas y los períodos ideales de siembras según el riesgo climático. El POT rural.

El Plan, en su articulo 103, vuelve a crear los cargos de los asesores de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuaria (dos expertos en financiamiento y política agraria, nombrados por el Presidente de la República), que habían sido eliminados por el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, con el único propósito de quitar del medio a quienes podríamos cuestionarle algunas decisiones que mas tarde fueron escandalo nacional.

Particularmente me gustaron las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo. Dios quiera que los debates en el Congreso sean para mejorar –sin interés particular -estas iniciativas que seguramente van a volver rentable los agronegocios de nuestras familias campesinas y empresarios del campo.
En el tintero. Vamos a tener que volver al almanaque Bristol, el Ideam no pega una con el clima.