A partir del año 1992, Roberto Prada Gamarra con cinco exsoldados del Batallón Los Guanes del Ejército Nacional, constituyó su propio grupo de autodefensas, porque de manera reiterada había denunciado ante el Ejército Nacional a las cuadrillas guerrilleras que hacían presencia en la zona, siendo amenazado de muerte en el corregimiento Los Bagres.

Paradójicamente, este hombre tenía buenas relaciones con los miembros de los grupos subversivos al punto que les facilitaba hospedaje, pero también utilizaba la información que obtenía de estos para facilitarla a la Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (fundada por un grupo de ganaderos, hacendados y agricultores, con el fin de defenderse de la guerrilla). Finalmente fue declarado objetivo militar.

Prada Gamarra que trabajaba la agricultura en el corregimiento de El Líbano, jurisdicción de San Alberto, Cesar, ante los hostigamientos de los subversivos, decidió armarse.

“Ya uno no se aguantaba más a la guerrilla, yo iba por los potreros míos a trabajar en el cultivo y encontraba uno a la guerrilla en la trocha y ellos le decían: -‘compañeros necesito que me lleve estos compañeros’- y tenía uno que dejar a los obreros, y eso era casi todos los días. Estando uno en la casa empezaron que –‘présteme la camioneta, para llevar estos compañeros’-.

Con Roberto empezamos dándole información al Ejército de dónde los dejábamos, llegaba uno a la Base del Ejército a dar información y no actuaban de una vez y hubo una información de Los Bagres, que el sapo estaba entre nosotros mismos y que nos iban a matar a Roberto y a mí”, dijo su primo Juan Francisco Prada Márquez, en diligencia de versión libre ante un fiscal de Justicia y Paz.

Prada Márquez, también dedicado a las labores del campo, contó que después de haber colaborado con el pequeño grupo paramilitar durante los años 1992 y 1993, ante la imposibilidad de trabajar por los hostigamientos de la guerrilla, se trasladó con su maquinaria en 1994 al departamento de Casanare, donde estuvo cortando arroz en los municipios de Yopal, Aguazul, Maní, La Nevera, La Caparrera y el corregimiento de Morichal.

Sin embargo, en esa zona también era fuerte el accionar guerrillero, por lo que regresó al Cesar a principios del año 1995, momento a partir del cual decidió, por invitación de su primo Roberto Prada Gamarra, liderar otro comando de autodefensas que luego fue llamado frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’, en honor al hombre que tenía este mismo nombre y era conocido con el alias de ‘Fredy’, quien siendo comandante de contraguerrilla en Aguachica, murió durante combates.

En 1996 Roberto Prada Gamarra fue capturado y la organización ilegal quedó al mando de su hijo Roberto Prada Delgado, hasta el año 1999, cuando su grupo se fusionó con los hombres de Juan Francisco Prada Márquez, donde adquirió el alias de ‘Juancho Prada’.

Según informes de la Fiscalía, el mencionado frente paramilitar tuvo 251 miembros que se desmovilizaron en el 2002; 15 eran mujeres y 236 hombres, existiendo la posibilidad que el número de mujeres que lo compusieron haya sido superior, en la medida que ellas desarrollaban mayoritariamente labores de inteligencia.

El 31.6% de los hombres de ‘Juancho Prada’ fueron militares que en la organización criminal cumplieron las siguientes labores: patrulleros, ‘radiochispas’ o informantes; comandantes de escuadra, de Bloque, de contraguerrilla, así como comandante segundo, escoltas, financieros, supervisores, estafetas y conductores.

Las autoridades han establecido que quienes ingresaban a las filas del ‘Héctor Julio Peinado Becerra’ encontraban una estabilidad económica en un imperio criminal que tenía millonarios ingresos a través de extorsiones, hurtos, contrabando, narcotráfico y apoyo de dirigentes políticos, que los financiaban en contraprestación por eliminar a los contradictores políticos.

Los patrulleros, durante el período 2004-2005, recibían mensualidades de 800 mil pesos; los comandantes de contraguerrilla, 1.200.000 pesos. Anualmente, los dotaban de uniformes, botas, armamento y municiones, aspecto que anualmente representaba un egreso para la empresa criminal de 95 millones de pesos, sin contar los 505 millones que aproximadamente se invertían por año en alimentación.

De aquellos ingresos, una pequeña parte se destinaba para pagar bonificaciones, o porciones de salario a aquellos miembros de la organización privados de la libertad y como honorarios a sus respectivos abogados, lo que sumaba entre 500 millones y 600 millones de pesos al año. De igual forma, una parte de los ingresos era destinada para cubrir salud, transporte, mantenimiento de automotores (compra de combustible y revisión en talleres), pero sobre todo para la adquisición de material de guerra.

A través de la información aportada en el informe de armas entregadas por el frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’ al momento de la desmovilización, en el mercado negro el costo de cada fusil, respecto de aquellos que fueron obtenidos entre los años 1995 y 1997 superaba el costo de los dos millones de pesos.

Impuesto de guerra
Para sostener todo ese andamiaje, los ‘paras’ impusieron impuestos a los comerciantes, descritos en versión libre por el comandante ‘Juancho Prada’.

Alirio Díaz, alias ‘Guasaco’, era el encargado de las finanzas y le reportó ingresos por cuenta de un gravamen a la venta de bebidas en tiendas, cantinas y otros establecimientos. Cobraban tres mil pesos por canasta de cerveza y dos mil por canasta de gaseosa, logrando ingresos anuales de 1.500.000 pesos, entre los municipios de Aguachica y Gamarra, igual cantidad en Ocaña (Norte de Santander), 350 millones en San Alberto y 200 millones en San Martín.

De la misma forma se fortalecieron financieramente mediante el cobro de impuestos sobre la venta de inmuebles rurales, práctica común durante la hegemonía de la guerrilla, lo que luego se extendió al cobro de un impuesto por la explotación de estos inmuebles, principalmente los cultivos de palma africana.

La maquinaria criminal de los Prada también recurrió al hurto de combustibles. ‘Juancho Prada’ reconoció durante las diligencias ante los fiscales de Justicia y Paz, que en el año 2000 autorizó instalar una válvula en San José de Las Américas, para extraer gasolina que posteriormente obligaba comprar a varias estaciones de gasolina y que también utilizaban para su propio abastecimiento.

La Fiscalía constató que como fuente de financiación, los paramilitares desmontaron todo el trayecto de línea férrea entre San Alberto y Gamarra, correspondiente a 148 kilómetros de rieles elaborados con hierro fortificado, que el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) valoró en 30.536 millones de pesos y cuyas piezas fueron vendidas como si fuera chatarra a recicladores del interior del país por un valor inferior.

Igualmente, se presentaron otra clase de hurtos, como el de vehículos, -del que se manifestó que al ser una práctica común en la zona donde el frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’ operaba, quienes resultaban víctimas optaban por no interponer las correspondientes denuncias-, así como el hurto de ganado y maquinaria agrícola.

El negocio del narcotráfico fue otra fuente de dinero implementada con posterioridad a la creación del grupo que se inició con el “cobro del impuesto de gramaje”, de cultivo y de laboratorios de la región teniendo en cuenta que Aguachica y Ocaña son centros de tránsito obligado para el transporte de ese tipo de sustancias.

La tarifa era de cien mil pesos por kilo de base de coca y entre 500 mil y 600 mil pesos por botella de mancha de amapola.

Nóminas paralelas
Un porcentaje de los recursos obtenidos era destinado a cubrir la nómina paralela con la que eran beneficiados varios integrantes de la Fuerza Pública, quienes a cambio de su silencio, negligencia o colaboración activa, permitían el accionar del frente ‘Héctor Julio Peinado Becerra’. En ese sentido, se fijaron pagos que iban desde los tres millones de pesos para ciertos comandantes y 300 mil pesos para los patrulleros, hasta el pago de facturas de celular.

El fin del imperio
En la ceremonia de desmovilización del imperio de ‘Juancho Prada’, fueron entregadas 89 armas largas, 53 armas cortas y 37 armas de apoyo, además de 35.054 municiones de diferente calibre y 357 granadas, armamento principalmente proveniente de los Estados Unidos de América (32.54%), la República Popular China (8.87%) y el Reino de Bélgica (8.87%).

En la sentencia que el pasado 11 de diciembre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá le impuso al exjefe paramilitar ‘Juancho Prada’, se le fijó una condena alternativa de ocho años de prisión estipulada en la Ley 975 de 2005.

Además, el exparamilitar debe entregar todos sus bienes para que entren a extinción de dominio para indemnizar a las víctimas.

Y una de las condiciones más importantes para cumplir a cabalidad con los lineamientos de Justicia y Paz, para efectos del cumplimiento de las medidas de satisfacción y reparación simbólicas a las víctimas, es una ceremonia pública coordinada y socializada, en la que Juan Francisco Prada Márquez deberá reconocer su responsabilidad en los crímenes que cometió su grupo armado, haciendo manifiesto su compromiso de no repetición.

Por Redacción Judicial / EL PILÓN