En el marco de la segunda etapa de la Ley de Víctimas, el gobierno firmó el decreto que de cierta forma acaba con el asistencialismo a las víctimas.

Se trata del decreto 2569 de 2014, que busca entre otras cosas, modificar las políticas asistencialistas por otras que garanticen de manera plena los derechos de las víctimas para que así superen la vulneración de sus derechos y sean ciudadanos, en todo el sentido de la palabra.

Según un informe revelado por el diario El Espectador, uno de los cambios es que de ahora en adelante se focalizarán mejor los recursos de ayuda de emergencia para el desplazamiento.

Es así como aquellas personas que ya tienen lo necesario para garantizar la subsistencia mínima y que ya se separaron de la situación de vulnerabilidad, pero aun así siguen recibiendo desembolsos por ayudas de emergencias no tendrán acceso a éstas.

Así las cosas, el gobierno lo que pretenden es que los recursos para ayudas de emergencias vayan a quienes han padecido de desplazamiento en los últimos tiempos o para quienes por algún tipo de discapacidad, pese a ser víctimas desde hace tiempo, no han podido consolidar unas condiciones mínima de vida digna.

Las personas que dejen de recibir la atención humanitaria, tendrán prioridad a la hora de recibir la indemnización que estipula la Ley de Víctimas.
Otro punto que cambiará, tiene que ver con que ahora las entidades del orden nacional involucradas en la ejecución de la Ley serán sometidas a un proceso de certificación, según el informe de El Espectador.

Es así como los ministerios y dependencias que no giren a tiempo a los municipios o no ejecuten los programas dirigidos a las víctimas, serán señalados por la Unidad de Víctimas y Planeación Nacional como las incumplidas, lo que permitirá la descentralización de la ley y un control sobre los recursos que llegan a las regiones.

De igual modo, el Estado asume el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas (PAARI) como el sistema de medición para saber cuál es la situación de las víctimas. Con esto, la Unidad de Víctimas, que ha aplicado este diagnóstico a cerca de 470 mil, se compromete a medir, en un plazo de un año, la situación de los más de seis millones de desplazados.

El decreto a voz de la Unidad de Víctimas, marca el comienzo de una nueva etapa de la Ley 1448, pues tendrá un panorama claro de la situación de las víctimas, la integración de las distintas entidades responsables de su atención y el empoderamiento de los propios afectados por el conflicto, con lo que será posible cumplir con más celeridad el objetivo de haber reparado a todas las víctimas en 2021.

El gobierno tiene un informe que muestra la situación de pobreza de los desplazados, en lo que tiene que ver con pobreza extrema en las 6.044.000 víctimas pasó del 74% al 33% y la pobreza en general, del 97% al 63%.

Este tema será estudiado por el presidente Juan Manuel Satos y varios de sus ministros en una reunión que sostendrá en los próximos días.

Miguel Caro, víctima de la violencia, explicó que todavía no conoce a profundidad el decreto, por lo que una vez que lo conozca se pronunciará.

Redacción política