Por: Raúl Bermúdez Márquez El miércoles pasado, me llamó una periodista para auscultar mi parecer acerca de la designación de rector en propiedad de la UPC, y me negué a hacerlo. Le contesté que me encontraba ocupado en una reunión, lo cual era cierto, pero la razón de fondo es que de haberlo hecho habría […]
Por: Raúl Bermúdez Márquez
El miércoles pasado, me llamó una periodista para auscultar mi parecer acerca de la designación de rector en propiedad de la UPC, y me negué a hacerlo. Le contesté que me encontraba ocupado en una reunión, lo cual era cierto, pero la razón de fondo es que de haberlo hecho habría incurrido en el riesgo inminente de que mi mensaje fuera tergiversado.
Precisamente esa periodista, formó parte de todo el engranaje maquiavélico que a la postre produjo como resultado la designación de Raúl Maya como nuevo rector de la UPC. Ella en su conciencia debe saber por qué me expreso así, de manera categórica. Pero no es ese el eje central de mi escrito.
Me dedicaré más bien a presentar sin intermediarios y de manera serena y fundamentada, como siempre lo he hecho, mi punto de vista sobre la unción del nuevo ejecutivo de la institución. Lo primero que es necesario apuntar es que el Consejo Superior no era el organismo competente para aceptar la renuncia del candidato Enrique Meza.
El acto administrativo de inscripción que otorgó la calidad de candidatos a siete personas naturales, no lo firmó alguno de los miembros del Consejo Superior, sencillamente porque no es de su potestad. Lo hicieron el presidente del Tribunal de Garantías Electorales de entonces, los doctores Hernán Hinojosa e Iván Morón, presidente y secretario, respectivamente. Y uno renuncia ante quien lo nombra o lo designa. En consecuencia, a ese, el organismo electoral legalmente instituido en la UPC, es adonde el CSU debió trasladar la comunicación dimitente del ingeniero Meza. Eso en la jerga jurídica, doctor Ernesto Orozco, usted que ha demostrado ser tan cuidadoso y celoso en el cumplimiento de la normatividad, se tipifica como una extralimitación de Funciones.
De otro lado, un acontecimiento tan importante como es la designación del rector titular de la UPC, no puede ser objeto de camuflaje en alguno de los puntos del orden del día de cualquier sesión del CSU. Así lo prevé la normatividad interna que establece que la sesión donde se designe el rector debe ser convocada expresamente para tal fin, porque un asunto de tanta trascendencia no puede aparecer como se saca un conejo del sombrero de un mago, sorpresivamente en el punto de “Proposiciones y Varios”.
Como si los anteriores vicios de forma no bastaran, ante el retiro de la disgustada presidenta del organismo, la delegada de la Ministra de Educación, procedieron en la misma sesión a nombrar un presidente entre los consejeros restantes, quien le dio posesión inmediata al nuevo rector. Olvidaron en la euforia, el “pequeño detalle”, de que no tenían el soporte del acta aprobada y firmada por el presidente y el secretario de la reunión. Se argumentará que son cuestiones de forma. Y es cierto.
Pero son vicios de forma los que tienen en aprietos en la Corte Constitucional al referendo reeleccionista. Aunque la verdad monda y lironda es que también se pasó por encima de asuntos de fondo. En toda la barahúnda ocurrida, la víctima más lamentable, al que se le propinó una herida mortal en todo el centro del corazón, fue el derecho fundamental a la participación de los estamentos básicos en el proceso de designación del rector, tal como lo garantiza la Constitución Nacional, el Estado Social de Derecho, la Autonomía Universitaria y la misma normatividad interna.
Había que verlo para creerlo. La ministra de Educación y el Gobernador del Cesar, a través de sus delegados, exigiendo que antes de la designación se permitiera a los cinco candidatos restantes exponer y defender su programa ante la comunidad universitaria, tal como lo establece el reglamento. Petición a la que se opusieron, -¡qué horror!, los representantes de los estudiantes, profesores, egresados, ex rectores, directivas académicas, gremios y el delegado del Presidente Uribe. Era una especie de extraño mundo de Subuso. A pesar de todo, de manera análoga a lo que expresó el profesor Roberto Daza, también seguiré siendo un soldado, desde cualquier trinchera, pero de la buena causa académica.
PD: Sería interesante que el director de EL PILON le exigiera al escritor de EL HERVIDERO, que aportara una, una sola prueba, de los cubanos y venezolanos que merodean en los pasillos de la UPC.
[email protected]
Por: Raúl Bermúdez Márquez El miércoles pasado, me llamó una periodista para auscultar mi parecer acerca de la designación de rector en propiedad de la UPC, y me negué a hacerlo. Le contesté que me encontraba ocupado en una reunión, lo cual era cierto, pero la razón de fondo es que de haberlo hecho habría […]
Por: Raúl Bermúdez Márquez
El miércoles pasado, me llamó una periodista para auscultar mi parecer acerca de la designación de rector en propiedad de la UPC, y me negué a hacerlo. Le contesté que me encontraba ocupado en una reunión, lo cual era cierto, pero la razón de fondo es que de haberlo hecho habría incurrido en el riesgo inminente de que mi mensaje fuera tergiversado.
Precisamente esa periodista, formó parte de todo el engranaje maquiavélico que a la postre produjo como resultado la designación de Raúl Maya como nuevo rector de la UPC. Ella en su conciencia debe saber por qué me expreso así, de manera categórica. Pero no es ese el eje central de mi escrito.
Me dedicaré más bien a presentar sin intermediarios y de manera serena y fundamentada, como siempre lo he hecho, mi punto de vista sobre la unción del nuevo ejecutivo de la institución. Lo primero que es necesario apuntar es que el Consejo Superior no era el organismo competente para aceptar la renuncia del candidato Enrique Meza.
El acto administrativo de inscripción que otorgó la calidad de candidatos a siete personas naturales, no lo firmó alguno de los miembros del Consejo Superior, sencillamente porque no es de su potestad. Lo hicieron el presidente del Tribunal de Garantías Electorales de entonces, los doctores Hernán Hinojosa e Iván Morón, presidente y secretario, respectivamente. Y uno renuncia ante quien lo nombra o lo designa. En consecuencia, a ese, el organismo electoral legalmente instituido en la UPC, es adonde el CSU debió trasladar la comunicación dimitente del ingeniero Meza. Eso en la jerga jurídica, doctor Ernesto Orozco, usted que ha demostrado ser tan cuidadoso y celoso en el cumplimiento de la normatividad, se tipifica como una extralimitación de Funciones.
De otro lado, un acontecimiento tan importante como es la designación del rector titular de la UPC, no puede ser objeto de camuflaje en alguno de los puntos del orden del día de cualquier sesión del CSU. Así lo prevé la normatividad interna que establece que la sesión donde se designe el rector debe ser convocada expresamente para tal fin, porque un asunto de tanta trascendencia no puede aparecer como se saca un conejo del sombrero de un mago, sorpresivamente en el punto de “Proposiciones y Varios”.
Como si los anteriores vicios de forma no bastaran, ante el retiro de la disgustada presidenta del organismo, la delegada de la Ministra de Educación, procedieron en la misma sesión a nombrar un presidente entre los consejeros restantes, quien le dio posesión inmediata al nuevo rector. Olvidaron en la euforia, el “pequeño detalle”, de que no tenían el soporte del acta aprobada y firmada por el presidente y el secretario de la reunión. Se argumentará que son cuestiones de forma. Y es cierto.
Pero son vicios de forma los que tienen en aprietos en la Corte Constitucional al referendo reeleccionista. Aunque la verdad monda y lironda es que también se pasó por encima de asuntos de fondo. En toda la barahúnda ocurrida, la víctima más lamentable, al que se le propinó una herida mortal en todo el centro del corazón, fue el derecho fundamental a la participación de los estamentos básicos en el proceso de designación del rector, tal como lo garantiza la Constitución Nacional, el Estado Social de Derecho, la Autonomía Universitaria y la misma normatividad interna.
Había que verlo para creerlo. La ministra de Educación y el Gobernador del Cesar, a través de sus delegados, exigiendo que antes de la designación se permitiera a los cinco candidatos restantes exponer y defender su programa ante la comunidad universitaria, tal como lo establece el reglamento. Petición a la que se opusieron, -¡qué horror!, los representantes de los estudiantes, profesores, egresados, ex rectores, directivas académicas, gremios y el delegado del Presidente Uribe. Era una especie de extraño mundo de Subuso. A pesar de todo, de manera análoga a lo que expresó el profesor Roberto Daza, también seguiré siendo un soldado, desde cualquier trinchera, pero de la buena causa académica.
PD: Sería interesante que el director de EL PILON le exigiera al escritor de EL HERVIDERO, que aportara una, una sola prueba, de los cubanos y venezolanos que merodean en los pasillos de la UPC.
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