El proceso de restitución no ha sido fácil y poco a poco avanza en distintas partes del país, sin embargo, hay una problemática a la cual están atacando desde la Unidad de Restitución de Tierras y es la situación de los segundos ocupantes; en la intervención de la Unidad se ha identificado que muchas veces se encuentran con la figura del opositor tipo Tuto Castro, Jorge 40 o Codazzi, la empresa extractiva, el despojador como tal, quienes eran los que se beneficiaban con el desplazamiento masivo.

No obstante, con el paso del tiempo ha aparecido en el proceso de restitución la figura del segundo ocupante, que no son más que personas en condiciones de vulnerabilidad a los cuales la Corte Constitucional llama “pobres históricos” que no han tenido acceso a tierra o han sido víctimas de hechos no asociados al predio pero que llegan desplazados de otras zonas del país.
En el marco normativo de la Ley 1448 no se previó esa problemática pero se permitió establecer unas condiciones especiales a los solicitantes para tratar de reducir el desequilibrio que había entre ellos para que se pudiera construir una estrategia ya que no estaba en lo estipulado en la norma.

Hoy la Unidad de Restitución busca la manera de afrontar esta situación sin un nuevo conflicto social y sin hacerle daño a las personas en condiciones de vulnerabilidad teniendo en cuenta que muchas de esas personas sustentan su ingreso del predio donde hoy están viviendo y que al ser catalogados como pobres históricos deben ser sujetos de especial atención por parte del Estado.
Fabián Oyaga Martínez, director encargado de la Unidad de Restitución territorial Cesar-Guajira dijo “hemos implementado una estrategia de intervención para esas personas hoy estamos con la Defensoría del Pueblo porque una de las grandes preocupaciones es cómo garantizamos que las personas que están en el predio en el trámite judicial pudieran tener apoderamiento de manera adecuada, pudieran demostrar cómo llegaron al predio y la buena fe, en ese sentido los primeros hallazgos era que por la condiciones de pobres históricos no se les daba la condición de representarse o apoderarse, lo que hicimos fue decirle a la Defensoría del Pueblo que es la encargada del apoderamiento judicial, se garantice la representación jurídica de estas personas y se realiza un acompañamiento por parte de la Unidad, esta directriz la dieron de manera conjunta el Director Nacional de la Unidad de Restitución y el Defensor del Pueblo a nivel nacional donde ambas instituciones asumen compromisos, no solamente el de apoderamiento, sino acompañamiento, identificación de condiciones de vulnerabilidad, se hace una visita al predio y se conoce todo el proceso”.

Así pues, la unidad empezó a hacer los procesos de capacitación de los defensores del departamento del Cesar para contrarrestar esta situación que se vive en lugares como Curumaní, Pelaya, Becerril, San Diego, Codazzi y Mariangola.

En cuanto a Cesar ya se tiene un estudio preliminar sobre casos de segundos ocupantes en esos municipios. “Iniciamos el proceso de identificación y caracterización de 70 familias aproximadamente, pero sabemos que hay más. El ejercicio no es solo encuestarlos sino de caracterizarlos de manera integral y constatar las condiciones de hábitat, ausencia de necesidades básicas, servicios básicos primarios, producción del predio, permanencia en el predio, hacemos visitas, implementamos herramientas para ganarnos la confianza de ellos porque el primer objetivo de la Unidad es articular con otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas, el Incoder porque si se reconoce que ocuparon los predios en acto de buena fe deberán tener acceso a la tierra si son desalojados”, explicó Oyaga Martínez.

La Unidad de Restitución asegura que habrá garantías para los segundos ocupantes siempre y cuando se demuestre que hacen parte de los pobres históricos que señala la Corte Constitucional, como representación eficiente, eficaz y técnica por parte de la Defensoría del Pueblo, caracterizarlos y bridarles a los jueces de restitución de tierras elementos suficientes para que se revele las políticas complementarias para beneficio de estas personas.

Dentro del estudio preliminar que se tiene hay un porcentaje que todavía no ha sido revelado, sin embargo la Unidad corroboró que es un número significativo lo cual hace fundamental una atención específica y el compromiso de las instituciones del Estado.

Por Freddy Oñate Acevedo / EL PILÓN
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