Los voceros de la Mesa Departamental de Víctimas dicen que han insistido para que el gobierno de Luis Alberto Monsalvo ejecute el Plan de Atención Territorial, pero no ha sido posible.
Hugues Fonseca Fragozo, José Luis Peralta y Javier Gutiérrez son miembros de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar y voceros de esta población que supera las 326 mil personas en este departamento. Ellos expresaron su preocupación por el desinterés del gobierno de Luis Alberto Monsalvo para cumplir con el Plan de Atención Territorial –PAT-, aun cuando este fue aprobado en diciembre de 2012.
Los tres líderes tienen claro que desde el 2011 cuando comenzó la implementación de la Ley de Víctimas, los gobernadores y alcaldes deben garantizar la atención de la población víctima, tal como lo establece dicha ley, sus decretos reglamentarios y la circular 005 de la Procuraduría General de la Nación que detalla las responsabilidades de los entes territoriales, de las instituciones hospitalarias y las comisiones del Ministerio Público para el tema de Justicia Transicional.
Por eso hoy reclaman que las acciones contempladas en el PAT sean una realidad y no se dilate más su ejecución, y además piden que el Comité de Justicia Transicional haga su papel como les corresponde porque desde febrero de 2012 cuando se conformó solo se ha reunido una sola, cuando la ley dice que mínimo deben ser cuatro cada año.
EL PILÓN: ¿Por qué no les ha ido bien a las víctimas?
Hugues Fonseca Fragozo: Hoy la situación en matera de atención a las víctimas por parte del gobierno departamental es gravísima porque en estos momentos no existe una política pública dirigida a las 326.359 víctimas registradas en el departamento. Como representantes de víctimas estamos muy preocupados porque este gobierno le ha dado la espalda a este tema que es muy importante, más cuando en el país hoy se habla de paz y vamos a enfrentar un postconflicto el cual requiere una atención oportuna por parte de los entes responsables.
E.P: ¿En qué ha fallado el gobierno de Luis Alberto Monsalvo?
H.F.F: El gobierno departamental aprobó un Plan de Acción Territorial para atención integral a víctimas por 296.892 millones de pesos en diciembre de 2013, y hoy nosotros no sabemos qué ha pasado con esos recursos ni con las acciones de atención que quedaron incluidas en ese plan.
E.P: ¿Han preguntado al gobierno departamental por qué?
H.F.F: Hemos sido pasivos, tolerantes, hemos esperado, creo que con exageración. Y solo a estas alturas, casi a diez meses de terminar este gobierno, es que nos pronunciamos públicamente porque se acaba el tiempo, lo que se planeó para el cuatrienio no se ha podido ejecutar y ahora menos en diez meses. El gobierno departamental ha dilatado los procesos, ha mostrado desinterés en el tema, prueba de ello es que la actualización del PAT que debió hacerse a finales del año pasado, hoy se encuentra estancado en las oficinas de la administración departamental. Además, la Asesora de Paz desafortunadamente no tiene conocimiento del tema, pero tampoco ha buscado la asesoría necesaria ni la forma de avanzar, sino que por el contrario se ha mostrado paquidérmica y desinteresada en este tema.
E.P: ¿Qué ha hecho la Mesa Departamental de Víctimas para que se cumpla el plan?
H.F.F: Nosotros fuimos los que dimos los insumos para la construcción del Plan de Acción Territorial (PAT), que se aprobó en diciembre de 2012. El Plan está constituido por unos ejes temáticos que son: verdad y justicia, asistencia y atención, reparación integral, prevención y protección, fortalecimiento organizativo y fortalecimiento institucional. Cabe resaltar que la Mesa Departamental en aras de hacer unos ajustes al PAT hizo un recorrido por todos los municipios del departamento y se identificaron tres necesidades fundamentales en la población víctima del Cesar: primero, generación de ingresos; segundo, vivienda, y tercero el tema de retornos y reubicaciones. Nos hemos cansado de insistir a la administración departamental que le hagamos esos ajustes al Plan de Acción y no ha sido posible, en distintas ocasiones hemos enviado cartas, derechos de peticiones, reuniones con la Asesora de Paz, el Secretario de Gobierno, y nada.
E.P: ¿Y el Comité de Justicia Transicional qué ha hecho?
H.F.F: Nada, porque desde febrero de 2012 que se instaló el Comité solo se reunió el 11 de diciembre de ese mismo año para aprobar el PAT, y no se ha vuelto reunir. El PAT se aprobó mediante el Decreto 351 del 2012 por medio del cual se adopta el plan de acción departamental para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas que habitan en el departamento del Cesar.
E.P: ¿Quiénes conforman el Comité de Justicia Transicional?
H.F.F: El gobernador lo preside, y hacen parte del Comité los secretarios de Gobierno, Planeación, Salud, Agricultura, Infraestructura, Educación, la Oficina de Asesora de Paz que ejerce la secretaría técnica. Además, el comandante de la Policía, del Ejército (brigada número diez), el director del ICBF, el director del Sena, el Defensor del Pueblo, el Procurador Regional, el director del Incoder, un delegado de la Unidad de Víctimas, dos representantes de las etnias indígenas y negritudes, dos representantes de la mesa departamental de víctimas y un delegado de la Unidad de Restitución de Tierras.
E.P: ¿Se puede decir que la atención a víctimas de parte del gobierno departamental sigue en el papel?
H.F.F: Así es, claro que sí, prueba de ello es que solo se ha formulado el PAT, no se ha actualizado y por lo tanto no existe implementación de la política pública de atención a víctimas. Hay departamentos como Cundinamarca que ha avanzado mucho.
E.P: ¿Cómo les ha ido con los alcaldes?
H.F.F: Queremos ser sinceros y es que a las víctimas en el Cesar no nos ha ido bien. Sin embargo, queremos traer a colación dos ejemplos, el del municipio de La Jagua de Ibirico y el de Valledupar, quienes se han apersonado del tema y han avanzado mucho en el tema de atención a las víctimas, fundamentalmente en tres ejes: vivienda, generación de ingresos y participación.
Por Redacción /EL PILÓN
Los voceros de la Mesa Departamental de Víctimas dicen que han insistido para que el gobierno de Luis Alberto Monsalvo ejecute el Plan de Atención Territorial, pero no ha sido posible.
Hugues Fonseca Fragozo, José Luis Peralta y Javier Gutiérrez son miembros de la Mesa Departamental de Víctimas del Cesar y voceros de esta población que supera las 326 mil personas en este departamento. Ellos expresaron su preocupación por el desinterés del gobierno de Luis Alberto Monsalvo para cumplir con el Plan de Atención Territorial –PAT-, aun cuando este fue aprobado en diciembre de 2012.
Los tres líderes tienen claro que desde el 2011 cuando comenzó la implementación de la Ley de Víctimas, los gobernadores y alcaldes deben garantizar la atención de la población víctima, tal como lo establece dicha ley, sus decretos reglamentarios y la circular 005 de la Procuraduría General de la Nación que detalla las responsabilidades de los entes territoriales, de las instituciones hospitalarias y las comisiones del Ministerio Público para el tema de Justicia Transicional.
Por eso hoy reclaman que las acciones contempladas en el PAT sean una realidad y no se dilate más su ejecución, y además piden que el Comité de Justicia Transicional haga su papel como les corresponde porque desde febrero de 2012 cuando se conformó solo se ha reunido una sola, cuando la ley dice que mínimo deben ser cuatro cada año.
EL PILÓN: ¿Por qué no les ha ido bien a las víctimas?
Hugues Fonseca Fragozo: Hoy la situación en matera de atención a las víctimas por parte del gobierno departamental es gravísima porque en estos momentos no existe una política pública dirigida a las 326.359 víctimas registradas en el departamento. Como representantes de víctimas estamos muy preocupados porque este gobierno le ha dado la espalda a este tema que es muy importante, más cuando en el país hoy se habla de paz y vamos a enfrentar un postconflicto el cual requiere una atención oportuna por parte de los entes responsables.
E.P: ¿En qué ha fallado el gobierno de Luis Alberto Monsalvo?
H.F.F: El gobierno departamental aprobó un Plan de Acción Territorial para atención integral a víctimas por 296.892 millones de pesos en diciembre de 2013, y hoy nosotros no sabemos qué ha pasado con esos recursos ni con las acciones de atención que quedaron incluidas en ese plan.
E.P: ¿Han preguntado al gobierno departamental por qué?
H.F.F: Hemos sido pasivos, tolerantes, hemos esperado, creo que con exageración. Y solo a estas alturas, casi a diez meses de terminar este gobierno, es que nos pronunciamos públicamente porque se acaba el tiempo, lo que se planeó para el cuatrienio no se ha podido ejecutar y ahora menos en diez meses. El gobierno departamental ha dilatado los procesos, ha mostrado desinterés en el tema, prueba de ello es que la actualización del PAT que debió hacerse a finales del año pasado, hoy se encuentra estancado en las oficinas de la administración departamental. Además, la Asesora de Paz desafortunadamente no tiene conocimiento del tema, pero tampoco ha buscado la asesoría necesaria ni la forma de avanzar, sino que por el contrario se ha mostrado paquidérmica y desinteresada en este tema.
E.P: ¿Qué ha hecho la Mesa Departamental de Víctimas para que se cumpla el plan?
H.F.F: Nosotros fuimos los que dimos los insumos para la construcción del Plan de Acción Territorial (PAT), que se aprobó en diciembre de 2012. El Plan está constituido por unos ejes temáticos que son: verdad y justicia, asistencia y atención, reparación integral, prevención y protección, fortalecimiento organizativo y fortalecimiento institucional. Cabe resaltar que la Mesa Departamental en aras de hacer unos ajustes al PAT hizo un recorrido por todos los municipios del departamento y se identificaron tres necesidades fundamentales en la población víctima del Cesar: primero, generación de ingresos; segundo, vivienda, y tercero el tema de retornos y reubicaciones. Nos hemos cansado de insistir a la administración departamental que le hagamos esos ajustes al Plan de Acción y no ha sido posible, en distintas ocasiones hemos enviado cartas, derechos de peticiones, reuniones con la Asesora de Paz, el Secretario de Gobierno, y nada.
E.P: ¿Y el Comité de Justicia Transicional qué ha hecho?
H.F.F: Nada, porque desde febrero de 2012 que se instaló el Comité solo se reunió el 11 de diciembre de ese mismo año para aprobar el PAT, y no se ha vuelto reunir. El PAT se aprobó mediante el Decreto 351 del 2012 por medio del cual se adopta el plan de acción departamental para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas que habitan en el departamento del Cesar.
E.P: ¿Quiénes conforman el Comité de Justicia Transicional?
H.F.F: El gobernador lo preside, y hacen parte del Comité los secretarios de Gobierno, Planeación, Salud, Agricultura, Infraestructura, Educación, la Oficina de Asesora de Paz que ejerce la secretaría técnica. Además, el comandante de la Policía, del Ejército (brigada número diez), el director del ICBF, el director del Sena, el Defensor del Pueblo, el Procurador Regional, el director del Incoder, un delegado de la Unidad de Víctimas, dos representantes de las etnias indígenas y negritudes, dos representantes de la mesa departamental de víctimas y un delegado de la Unidad de Restitución de Tierras.
E.P: ¿Se puede decir que la atención a víctimas de parte del gobierno departamental sigue en el papel?
H.F.F: Así es, claro que sí, prueba de ello es que solo se ha formulado el PAT, no se ha actualizado y por lo tanto no existe implementación de la política pública de atención a víctimas. Hay departamentos como Cundinamarca que ha avanzado mucho.
E.P: ¿Cómo les ha ido con los alcaldes?
H.F.F: Queremos ser sinceros y es que a las víctimas en el Cesar no nos ha ido bien. Sin embargo, queremos traer a colación dos ejemplos, el del municipio de La Jagua de Ibirico y el de Valledupar, quienes se han apersonado del tema y han avanzado mucho en el tema de atención a las víctimas, fundamentalmente en tres ejes: vivienda, generación de ingresos y participación.
Por Redacción /EL PILÓN