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Columnista - 20 noviembre, 2017

¡Inaudito!

Si algún tema está generando preocupación en la comunidad en general, es la preservación del medio ambiente, pues las noticias sobre el calentamiento global como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero son verdaderamente alarmantes. A la gente no se le engaña tan fácilmente, pues es conocedora del daño ambiental que produce la […]

Si algún tema está generando preocupación en la comunidad en general, es la preservación del medio ambiente, pues las noticias sobre el calentamiento global como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero son verdaderamente alarmantes. A la gente no se le engaña tan fácilmente, pues es conocedora del daño ambiental que produce la minería a gran escala, por la corrupción existente, que hace que los recursos derivados de dichas explotaciones, vayan a parar a los bolsillos de unos cuantos, quedando la bonanza minera representada en la grave afectación a la salud de sus pobladores y del ecosistema, y en los famosos “elefantes blancos”, obras inconclusas en la que se invierten grandes sumas del erario, y que se evaporan sin que pase absolutamente nada.

Es así como la ciudadanía ha tenido a bien resolver por la vía democrática la conveniencia, o no, de cada proyecto minero, que se vaya a ejecutar en su territorio, y nada más legítimo para un ente territorial que poder expresarse por las vías legales, que no mediante el uso de la fuerza. Es lo que nuestra Constitución denomina como mecanismos de participación ciudadana.

No obstante, el Gobierno insiste en mostrarse displicente frente a este ejercicio democrático, excusándose en los elevados costos que demanda cada consulta, y lo hace extensivo también a los procesos de revocatoria de alcaldes y gobernadores, como forma de frenarlos, imponiéndole a los entes territoriales, el pesado fardo de asumir sus costos, tal como ocurrió recientemente en San Vicente del Chucuri (Santander).

Ahora bien, si preocupa tanto la financiación de las consultas y/o revocatorias, porque no se escatimó en gastos con la consulta liberal, para escoger candidato a la Presidencia de la Republica, entre Humberto De La Calle y Juan Fernando Cristo, llevada a cabo en el día de ayer, y donde se gastaron más de 44 mil millones de pesos del erario ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Gobierno Santos, no es otro que mantener en todo su vigor, la asfixiante política centralista, negando la posibilidad de que la gente exprese su opinión en las urnas, sobre todo en temas que para el Gobierno resultan bastante incómodos, como es la defensa del medio ambiente frente a la extracción minera a gran escala. Los chocoanos sí que saben, en que terminan estas bonanzas, pues la mayoría de sus afluentes se encuentran contaminados, por la minería ilegal-es cierto-, pero también por la legal, que dejan a su paso los más aberrantes niveles de atraso y pobreza, amén de una interminable lista de necesidades básicas insatisfechas.

Ante este panorama desolador, tendrá la Corte Constitucional que pronunciarse para recordarle al Gobierno que Colombia es un Estado Social de Derecho, Democrático y Participativo, y que impedir que el pueblo se exprese en las urnas, resulta inconstitucional e inaudito.

Columnista
20 noviembre, 2017

¡Inaudito!

Feel the sand on your feet, not your wardrobe weight.
Dario Arregoces

Si algún tema está generando preocupación en la comunidad en general, es la preservación del medio ambiente, pues las noticias sobre el calentamiento global como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero son verdaderamente alarmantes. A la gente no se le engaña tan fácilmente, pues es conocedora del daño ambiental que produce la […]


Si algún tema está generando preocupación en la comunidad en general, es la preservación del medio ambiente, pues las noticias sobre el calentamiento global como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero son verdaderamente alarmantes. A la gente no se le engaña tan fácilmente, pues es conocedora del daño ambiental que produce la minería a gran escala, por la corrupción existente, que hace que los recursos derivados de dichas explotaciones, vayan a parar a los bolsillos de unos cuantos, quedando la bonanza minera representada en la grave afectación a la salud de sus pobladores y del ecosistema, y en los famosos “elefantes blancos”, obras inconclusas en la que se invierten grandes sumas del erario, y que se evaporan sin que pase absolutamente nada.

Es así como la ciudadanía ha tenido a bien resolver por la vía democrática la conveniencia, o no, de cada proyecto minero, que se vaya a ejecutar en su territorio, y nada más legítimo para un ente territorial que poder expresarse por las vías legales, que no mediante el uso de la fuerza. Es lo que nuestra Constitución denomina como mecanismos de participación ciudadana.

No obstante, el Gobierno insiste en mostrarse displicente frente a este ejercicio democrático, excusándose en los elevados costos que demanda cada consulta, y lo hace extensivo también a los procesos de revocatoria de alcaldes y gobernadores, como forma de frenarlos, imponiéndole a los entes territoriales, el pesado fardo de asumir sus costos, tal como ocurrió recientemente en San Vicente del Chucuri (Santander).

Ahora bien, si preocupa tanto la financiación de las consultas y/o revocatorias, porque no se escatimó en gastos con la consulta liberal, para escoger candidato a la Presidencia de la Republica, entre Humberto De La Calle y Juan Fernando Cristo, llevada a cabo en el día de ayer, y donde se gastaron más de 44 mil millones de pesos del erario ¿Cuál es el mensaje? El mensaje del Gobierno Santos, no es otro que mantener en todo su vigor, la asfixiante política centralista, negando la posibilidad de que la gente exprese su opinión en las urnas, sobre todo en temas que para el Gobierno resultan bastante incómodos, como es la defensa del medio ambiente frente a la extracción minera a gran escala. Los chocoanos sí que saben, en que terminan estas bonanzas, pues la mayoría de sus afluentes se encuentran contaminados, por la minería ilegal-es cierto-, pero también por la legal, que dejan a su paso los más aberrantes niveles de atraso y pobreza, amén de una interminable lista de necesidades básicas insatisfechas.

Ante este panorama desolador, tendrá la Corte Constitucional que pronunciarse para recordarle al Gobierno que Colombia es un Estado Social de Derecho, Democrático y Participativo, y que impedir que el pueblo se exprese en las urnas, resulta inconstitucional e inaudito.