Por: Antonio Hernandez Gamarra

Si uno abre la página web de Fedesarrollo, y consulta el Observatorio Fiscal y Seguimiento Presupuestal (No. 1 abril de 2010), puede leer: “El Gobierno Nacional lleva tres lustros sin financiar plenamente sus gastos corrientes con ingresos corrientes, lo cual resulta insostenible a largo plazo y demuestra la necesidad de lograr superávits (sic) primarios estructurales. Esto exigirá tanto una reforma tributaria estructural que aumente el recaudo neto entre 1% y 1,5% del PIB, como una moderación en la tendencia del gasto público que permita reducirlo como proporción del PIB en una cifra similar”.

Dejando de lado el lenguaje técnico, lo que ello quiere decir es que el próximo gobierno necesitará más recursos y tendrá que gastar relativamente menos si quiere evitar un desbalance de las cuentas fiscales mayor al que heredará del gobierno actual, que se estima en cerca de 24 billones de pesos para este año.

Además, según Fedesarrollo, se necesita la reforma no sólo para aumentar el recaudo de los impuestos sino “habida cuenta de que el sistema tributario colombiano no cumple con ninguno de los criterios que establece la teoría de las finanzas públicas – y que se elevaron a la calidad de principios constitucionales en Colombia en 1991 – a saber, eficiencia, equidad y progresividad”.

Con seguridad, una opinión similar a ésta emitirán en breve los técnicos del BID que en semanas pasadas visitaron el país con la misión de recomendar al próximo gobierno mejoras en el frente fiscal. Ese es también el parecer de todos los expertos nacionales, incluidos los técnicos del Banco de la República, del DNP y del mismísimo Ministerio de Hacienda. La opinión ilustrada, dejando de lado explicables esguinces electorales, sabe eso y para ello debemos prepararnos una vez se posesione el nuevo gobierno.

Frente de especial importancia para la región Caribe son los complementos del ajuste fiscal nacional pues, sin duda, también habría que debatir la reforma tributaria territorial y las inaplazables modificaciones al régimen de regalías.

Sobre lo primero –como acerca de muchas otras promesas- lo mejor es no hacerse ilusiones. Las urgencias fiscales del gobierno nacional no van a permitir pensar en el fortalecimiento de las finanzas territoriales.

Sobre las regalías es bueno estar preparados porque una respetable corriente de opinión querría convertirlas en fuente principal de la estabilidad macroeconómica, sustrayéndole recursos al desarrollo regional. Posición que se sustenta, de un lado, en la necesidad de unas finanzas públicas sanas y, de otro, en la precaria institucionalidad que hoy gobierna el régimen de regalías en virtud de su anti-técnico sistema de reparto, de su carácter procíclico y de su desperdicio por múltiples factores, a lo cual no es ajena la corrupción prohijada por los varones electorales y por las tropelías cometidas por los actores del conflicto armado.

Pero una cosa es estar de acuerdo con una reforma encaminada a corregir esos manifiestos defectos y otra bien distinta es aceptar que el necesario ajuste del Gobierno Nacional Central corra por cuenta de las regiones. Entre otras cosas, porque si se impone esa tesis la primera víctima va a ser la idea de crear el Fondo de Compensación Regional con miras a reducir las notorias desigualdades ínter e intra-regionales que hoy existen en nuestro país.