Un nuevo cartel esta en la mira de las autoridades en Colombia, el cual estaría afectando el sistema de salud, principalmente en Valledupar, sincelejo y Mocoa, donde la Procuraduría General de la República denunció el embargo irregular a los recursos de la salud.

Por tal motivo pidió a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la República y al Consejo Superior de la Judicatura, acciones penales, fiscales y disciplinarias contra jueces, abogados y algunos particulares vinculados con este nuevo cartel.

Esto teniendo en cuenta que la Constitución y las leyes dicen que los recursos para la salud son inembargables; sin embargo el ente asegura que hoy día, $500.000 millones permanecen en depósitos judiciales, como respaldo a obligaciones con terceros. De ese valor, $300.000 millones corresponde a las EPS y a la red pública de hospitales.

Según la Procuraduría, en la capital del Cesar, los jueces civiles locales estarían ordenando el embargo de los recursos que deberían ser girados a los hospitales, como instituciones prestadoras de salud.

En diálogo con EL PILÓN, la gerente de del Hospital Eduardo Arredondo Daza, HEAD, Judith Jácome Torres, aseguró que la entidad hoy se encuentra libre de embargos y reconoció que tienen 120 demandas relacionadas con el restablecimiento de derechos. Además tienen pendientes 10 sentencias para pago.

La Procuraduría General ordenó a los procuradores judiciales intervenir en los procesos donde se haya ordenado o se pida el embargo de dichos recursos y si es el caso solicitar las investigaciones que sean necesarias, ya que estos recursos deben circular en el sistema de salud, pues existen otros medios para garantizar las insolvencias que tengan las entidades.

El ente del Ministerio Público reveló que en casos como el de Sincelejo, el embargo que está cerca de los $11.000 millones, que debían llegar al Hospital Universitario, los reclamantes son representados por un mismo abogado y el monto de la deuda no supera los $4.000 millones. A esta entidad le han embargado más de 20.000 millones de pesos.

Por razones como esas, la Procuraduría remitió a la Fiscalía, Contraloría y Judicatura copia del informe preventivo sobre la vigilancia de los procesos en contra de los recursos del sistema de salud, con el que el ente se basó para iniciar las respectivas acciones disciplinarias.

Andreina Bandera Martínez / EL PILÓN
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