La Presidencia de la República le remitió documentos probatorios a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los directivos y consejeros de las corporaciones autónomas regionales del Cesar y Cundinamarca, presuntamente comprometidos en el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos, ampliación de los mismos y adjudicación de licencias.

En uno de los oficios confidenciales enviados por el zar anticorrupción a la Fiscalía textualmente señala, “en cuanto a la presunción de los delitos de enriquecimiento ilícito y otras conductas irregulares relacionadas con el recibo de comisiones y aprovechamientos de presupuestos de las Corporaciones Autónomas Regionales, (CAR) a través de alcaldías y fundaciones”.

El dosier emitido por la Casa de Nariño se enfoca básicamente en irregularidades que estarían ocurriendo en las CAR de Cundinamarca y Cesar.

En una de las puestas de evidencia dice que uno de los directores recibió un yate como parte de pago de una de estas comisiones. Por lo pronto no transcienden los nombres de los presuntos implicados pero las autoridades indicaron que se trata de una fuerte avanzada contra la corrupción en este campo.

EL PILÓN tuvo conocimiento de una denuncia que llegó a la Procuraduría Regional del Cesar en contra Kaleb Villalobos Brochel y otros servidores públicos por presuntos hechos de corrupción en su elección como director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, entre otras supuestas irregularidades de carácter penal, contractual, administrativa y fiscal en dicha entidad ambiental.

Desde la oficina de comunicaciones de Corpocesar, manifestaron que la entidad no ha sido notificada de la investigación y que desconocen las denuncias en contra de la corporación. “Es necesario conocer las acusaciones para poder emitir un comunicado”, refirió la entidad.

Investigación de la Contraloría

La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, fue una de las autoridades ambientales que apareció en un informe de la Contraloría General de la República que devela que por lo menos 10.022 millones de pesos que debían ser destinados para cuidar el medio ambiente en las regiones, se habrían perdido el año anterior debido a malos manejos en 16 corporaciones del país.

En Corpocesar, el organismo de control detectó que de $2.154 millones pesos de presunto detrimento patrimonial generados en la gestión de esa entidad, al menos $1.813 millones corresponden a un contrato de obra pública en el que el Consorcio Mitigación Guatapurí-Badillo aumentó los precios muy por encima de las condiciones del mercado.

“Estos hallazgos no han sido elevados a responsabilidad fiscal, ni se han surtido aún las etapas procesales correspondientes, que en su momento permitirán aclarar dicha información”, manifestó Kaleb Villalobos Brochel.

Mohamed Osman Díaz
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