Tal parece que la crisis carcelaria de Colombia encontró una luz al final del túnel en el Gobierno Nacional. En este aspecto, Valledupar mejoraría problemas como hacinamiento y salubridad en la Cárcel Judicial de Valledupar y la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad, popularmente conocida como ‘La Tramacúa’.
Después de un trascendental fallo de la Corte Constitucional que fijó plazos al gobierno de Juan Manuel Santos para que mejore la situación carcelaria del país y planteó, inclusive, el cierre de cárceles como La Modelo de Bogotá, el Jefe de Estado optó por algunas medidas.

En la sentencia, la Corte tuvo en cuenta los testimonios de los internos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, quienes denunciaron que el agua solo llegaba a los dos primeros pisos del penal y que tenían que pagar mil pesos para comprar baldes sucios con los que se bañaban y hacían aseo los internos de los demás pisos.
En ese orden de ideas, el Gobierno reveló una serie de medidas de choque para enfrentar la crisis penitenciaria del país, que va desde asignación de nuevos recursos hasta el combate a la criminalidad que se genera en los centros penitenciarios.
La decisión fue tomada en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes), que estableció un nuevo enfoque en la política del Sistema Penitenciario y Carcelario, (SPC), que contará con más de un billón de pesos para ejecutar un plan de acción en los próximos cuatro años.

Nuevas políticas
De acuerdo con diagnóstico del Conpes, en la actualidad hay una grave situación institucional, social y humanitaria en las cárceles, producida por el hacinamiento, problemas de salubridad y carencia de servicios públicos, además de las altas tasas de criminalidad que se generan desde estos establecimientos como es el caso de la extorsión.
Uno de los problemas más agudos del sistema penitenciario del país es la alta tasa de reclusos sindicados, que se calcula en 36 % de la población que se encuentra en los establecimientos carcelarios. Sin embargo, el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3 %, una cifra histórica en el país, algunas cárceles llegan a niveles del 400 % como ocurre en Riohacha o del 300 % como el registrado en la Cárcel Judicial de la capital del Cesar.

La población privada de la libertad es hoy de 118.658 internos, que se encuentran como sindicados y condenados en 137 establecimientos de reclusión del orden nacional, que se categorizan en tres tipos: primera, segunda y tercera generación.
La nueva política para el Sistema Penitenciario y Carcelario fijadas por el Conpes tiene tres objetivos: mejorar la infraestructura física, sanitaria, tecnológica y de capacidad humana; articular la política penitenciaria y carcelaria con la política criminal e integrar a los actores del nivel nacional con los territoriales y el sector privado.
Para ejecutar todas estas acciones, se espera una inversión de 1,1 billones de pesos en el cuatrienio, precisó el director del Departamento Nacional de Planeación, (DNP), Simón Gaviria Muñoz, al señalar que la apuesta con esta política es fortalecer la capacidad institucional desde una perspectiva integral para garantizar una efectiva resocialización de la población privada de la libertad y el cumplimiento de la pena en condiciones de dignidad humana.

El nuevo enfoque de la política carcelaria y penitenciaria está enmarcada en el capítulo de Seguridad, Justicia y Democracia del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, ‘Todos por un nuevo país 2014-2018’, que está a punto de sancionarse por la Presidencia y convertirse en ley de la República.

Bienvenido si es para mejorar
Sobre la medida anunciada por el Gobierno Nacional, el personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez dijo “si esto va a ser para solucionar de manera definitiva los problemas que hoy padecen las cárceles de Colombia, especialmente la Cárcel Judicial de Valledupar y la Penitenciaría, bienvenido”.
Campo Martínez agregó que si el gobierno va a ser efectivo para lograr una política donde estén primero los derechos de los internos, “nosotros como Ministerio Público apoyamos el anuncio, lo que queremos es que cumpla con estas propuestas, no que después que se hable del tema pero el gobierno no finalicen lo pactado, eso generaría un malestar mucho mayor en las entidades garantes de Derechos Humanos”.

Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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