La comercialización de medicamentos falsos o adulterados es más execrable que los atracos a mano armada, porque en estas últimas acciones, tanto las víctimas como los victimarios corren el riesgo de morir. En cambio, cuando a los enfermos o pacientes les suministran medicinas falsas o adulteradas, solo a ellos les sobreviene o les aumenta el evento de mortalidad.

Sin embargo, me asombra que la humanidad sea tan indulgente con la falsificación y adulteración de medicamentos. Por ejemplo, en nuestro país a quienes se les comprueba que venden y compran estos medicamentos, la sanción se les convierte en excarcelable porque la legislación lo permite con la rebaja de condenas, pues por el susodicho monstruoso delito la mayor penalidad apenas es de seis años de cárcel, y cuando el crimen es aceptado por el imputado, el castigo de ipso facto se reduce a la mitad, además de otros descuentos por otras circunstancias indemnizables.

En nuestro país, la falsificación y adulteración de medicamentos llega al 40 %, así se reveló en un foro que contó con la presencia de Sanofi, empresa líder de la industria farmacéutica en Europa, y voceros de la Secretaría de Transparencia y la Fiscalía General en Colombia. Otras fuentes fidedignas informan que cuatro de cada 10 medicamentos son falsos o adulterados, y según las investigaciones oficiales, la  mayoría de estos medicamentos son de alto costo ya que son utilizados para el tratamiento de cáncer, sida, patologías de neonatos prematuros y otras enfermedades manejadas en salas especiales como las unidades de cuidados intensivos, UCI.

Cada día el tráfico de medicinas falsificadas se facilita, debido a que exteriormente parecen auténticos por la refinada tecnología en la fabricación de moldes y empaques con impresión y coloración cuasi perfectas, que solo expertos pueden distinguir y a veces para confirmar o descartar la genuinidad se suele recurrir al estudio químico del componente activo del medicamento ambiguo.

En Valledupar se ha originado revuelo mayúsculo por un programa de televisión donde tres madres denuncian la muerte de sus hijos nacidos prematuros, porque supuestamente les aplicaron un medicamento falso o adulterado, lo cual tiene en entredicho la honestidad de la clínica donde nacieron y trataron a estos neonatos prematuros.

En modo alguno favorezco a la clínica denunciada, porque no se debe disculpar lo indefendible. Pero la responsabilidad también recae sobre el sistema de salud colombiano que ha convertido la atención de la salud en un negocio sinvergüenza protegido por la clase política dirigente que tiene el apoyo de una sociedad que ha perdido la moral y la ética. Lo más triste es que gran parte del gremio médico y demás profesionales de la salud han permitido la declinación de sus deontologías, al aplicar tratamiento con medicamentos comprados en el mercado negro.

Las IPS y EPS a menudo adquieren insumos y medicamentos en el mercado negro, cuando estos productos provienen del mercado informal, pueden ser falsos o estar adulterados. Falsos son aquellos que generalmente fabrican clandestinamente sin el adecuado cuidado y no tienen la sustancia química curativa y adulterados son los producidos en laboratorios legalmente autorizados, pero después de elaborados con todo el rigor, los comercializan clandestinamente por robo, contrabando, cambiándole la fecha de vencimiento. En todos los anteriores casos la sustancia activa original se desnaturaliza y se convierte en un químico peligroso para la salud, que en vez de curar ayuda a complicar a los pacientes y hasta a causarles la muerte.

Lamentablemente, por un lado el afán de enriquecimiento y por otro la iliquidez de los prestadores de servicios de salud han llevado a lo que se ha denunciado por el programa Séptimo Día.

Por José Romero Churio