La Fiscalía pidió medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario para las seis personas capturadas el pasado miércoles por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, tanto en Valledupar, como en Bogotá, en cumplimiento de órdenes de capturas libradas en su contra por el caso de la inmobiliaria Alyesko, en el que resultaron estafados más de 100 clientes.

La solicitud fue hecha al término de la audiencia de las audiencias preliminares contra el abogado y exconcejal de Valledupar, Walter Enrique Oñate Correa; la también profesional del derecho, Yannelys Paola Córdoba Peña, y la técnico Arlenis Luz Carrillo Jiménez, quienes fueron aprehendidos en la capital del Cesar.

Así mismo, casi que de manera simultánea en Bogotá hicieron efectiva las órdenes de capturas que pesaban en contra la técnico en comercio exterior, Ivón Katerine Piñeros Guerrero; el administrador de empresas, Jhon Fredy Velandia Martínez y el exmiembro de la Sijín de la Policía Nacional, Ildemaro Olivella Romero, esposo de Yajaira Gutiérrez Monroy, gerente de la empresa, también encarcelada por este caso.

La vista pública, que inició a las 10:00 de la mañana de ayer, se extendió hasta horas de la noche y al cierre de esta edición el Juez Primero Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Control de Garantías no había decidido sobre la imputación de cargos, que en principio sería por concierto para delinquir simple y estafa.

Cabe recordar que la inmobiliaria Alyesko que funcionó de manera aparentemente legal, previa diligencia de los documentos que acreditaba como tal, ofertaba viviendas, fincas y carros a sus clientes, recibía el dinero de los posibles compradores pero estos nunca recibieron los bienes inmuebles.

“Las capturas de mis clientes fueron ilegales”
Los abogados de los implicados declararon que las tres capturas realizadas en Valledupar fueron ilegales.

“Tanto ellos, como nosotros fuimos engañados, por cuanto fueron citados por funcionarios del CTI a la sede del organismo ubicado en el barrio Loperena con el argumento que tenían que asistir a un interrogatorio y una vez llegaron a la entidad, les dijeron que estaban en calidad de detenidos. Allí les leyeron los derechos del capturado, le respetaron sus derechos y le autorizaron hacer una llamada a un familiar, de conformidad a lo establecido en la ley”, explicó uno de los juristas.

Cabe anotar que Yajaira Gutiérrez Monroy era la representante legal de la referida empresa, investigada por presuntamente estafar a más de 35 familias que confiados en las ofertas de la entidad, invirtieron su patrimonio en la compra de unos inmuebles que no recibieron.
La mujer está privativa de la libertad en un centro carcelario de Bogotá desde septiembre de 2015.

Por Abdel Martínez Pérez