Tal como lo dice el doctor Jaime Santofimio: “El crecimiento continuo de las ciudades intermedias tiene entre sus problemas fundamentales, la informalidad en la construcción en general, sin que la ciencia jurídica, en el caso nuestro, se haya preocupado en la medida de lo deseable por señalar reglas claras y precisas que han dado en denominarse en otras latitudes el “derecho urbano” y que tiene por objeto, precisamente, conducir el inevitable crecimiento de las ciudades por cauces de racionalización, orden y planificación. La ciudad es un hecho colectivo que condiciona la vida de todos sus habitantes. La consecuencia jurídica es que no se puede confiar a los intereses particulares las decisiones sobre los hechos colectivos. La ordenación urbanística surge, entonces, como una función pública; es el Estado el que debe determinarla; y no solo determinarla y planificarla, sino conducirla con autoridad”.

En el caso de Valledupar, la autoridad sigue oculta; al alcalde no le preocupa la grave situación del control físico y desconoce la enorme intranquilidad de los ciudadanos por el desaparecimiento de la competencia de Planeación para continuar en primera instancia con el control físico y la toma de medidas correctivas, ya que en adelante estas funciones recaerían en los inspectores de policía de la Secretaría de Gobierno, según lo manifestó Aníbal Quiroz.

Ahora desconocemos a qué entidad les corresponde estas investigaciones, misión seriamente comprometida por conductas indebidas de funcionarios que se han prestado a recibir dádivas a cambio de su silencio, como es el caso de los falsos positivos de solicitudes de licencias. La falsedad se constituye en radicar los proyectos en Curaduría con el único propósito de obtener la valla de publicidad de trámite y con esta valla adelantar la construcción hasta terminarla, con la complicidad de los inspectores que una vez instalada la valla no regresan jamás al inmueble, para comprobar si este cuenta con la debida licencia; el solicitante deja vencer los términos de la radicación y el acto termina archivándose; prueba de ello son las 300 radicaciones archivadas en ambas curadurías desde enero de 2016 hasta hoy. Es fácil constatar la evasión con solo visitar dichos inmuebles uno a uno, plano en mano y ahí están: sin licencia ni pagos de impuestos. Evasión total.

Casos como la expedición de circulares sin el lleno de los requisitos, casas construidas en áreas de cesión, edificios de mayor altura a las permitidas, monumentos sin legalizar, procesos archivados con justificaciones amañadas y desaparición de documentos, son el diario acontecer en esta alcaldía. No me explico entonces la conformidad del alcalde con la convivencia entre lo legal y lo ilegal, entre lo formal y lo informal, entre lo ordenado y lo desordenado. Tampoco me explico cómo puede sobrevivir funcionalmente un alcalde que no escucha a sus comunidades ni le da soluciones a sus problemas y que permita que sus funcionarios violando sus propias normas sigan campantes consolidando su progresiva indiferencia por el derecho urbano, ante una ciudadanía impávida por la falta de autoridad del alcalde para eliminar este flagelo.

Por Augusto Enrique Orozco Sánchez