El 80 % de la población estudiantil en la zona rural del Cesar tiene problemas para movilizarse hacia sus centros educativos. Como ha ocurrido en los últimos años, la falta de contratación en el transporte escolar es el centro del problema.

Hace más de 20 días que los estudiantes regresaron a clases, pero los gobiernos municipales ni el departamental han puesto en marcha el transporte y la alimentación escolar (Proyectos con vigilancia permanente del Ministerio de Educación Nacional, que el año anterior denunció la existencia de tres redes en la operación del Programa de Alimentación Escolar, en departamentos como Cesar, Córdoba, Santander y Norte de Santander).

En diciembre del año anterior, el alcalde Augusto Ramírez Uhía pidió facultades al Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras excepcionales y así contratar la alimentación escolar por un costo superior a los $12.000 millones, que fueron aprobadas pero igual el proceso de contratación se ha extendido.

Sobre esta situación el secretario general del municipio, José Juan Lechuga Zambrano, explicó que el proceso inició a finales de 2016 y ya se encuentra en manos de la Alcaldía y los oferentes el informe de evaluación.

“Tenemos una fecha probable de adjudicación como es este 14 de febrero, creemos que a más tardar el 16, 17 o en su defecto, el lunes 20 los niños deberán estar recibiendo la alimentación escolar”, declaró Lechuga Zambrano.

El contrato del PAE este año tendrá algunas modificaciones, según el funcionario, por recomendaciones y lineamientos del Ministerio de Educación. “En algunos puntos donde nuestros comedores tenían las deficiencias, que nos marcaban problemas en las distintas auditorías, se decidió que la gran mayoría de estudiantes recibirán una ración industrializada como son los complementos; los almuerzos se prepararán en sitios o comedores que tengan la capacidad para hacerlo”, subrayó el secretario general.

Ecoalimentos SAS, uno de los oferentes para operar la alimentación escolar en Valledupar, tuvo problemas el año anterior en Medellín, según publicación del diario EL TIEMPO. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

A la fecha existen dos ofertas de empresas que aportaron la documentación para quedarse con el suministro de raciones alimentarias a los estudiantes de Valledupar, especialmente de los corregimientos.

“Tenemos dos ofertas; una conformada por la Fundación Social con Futuro y Corporación Piedralipe (el representante legal es Wilson Xavier Benítez Gómez) y la otra es de Eco Alimentos PAE Valledupar, una unión entre Ecoalimentos SAS junto a la Corporación hacia un Valle Solidario de Yumbo, Valle del Cauca (representante legal, Carlos Guillermo Castillo)”, precisó José Juan Lechuga.

Un informe publicado por el periódico EL TIEMPO, hace referencia a que la comisión accidental del Concejo de Medellín, que le hace seguimiento a los restaurantes escolares, encontró fallas e irregularidades en el servicio ejecutado por el consorcio Nutriendo a Medellín, integrado por la Corporación Hacia un Valle Solidario, Ecoalimentos SAS y Fundación Concivica, que suministraron el servicio de alimentación en Medellín.

La administración de Ramírez Uhía invertirá más de $12.167 millones, valor que alcanzará para cubrir 122 de los 180 días que tiene el calendario escolar, establecido por las autoridades académicas en el país. El año anterior, el Programa de Alimentación Escolar fue contratado a través de un convenio interadministrativo, pero en 2017 la administración municipal abrió licitación pública.

De acuerdo con fuentes de la Secretaría de Educación Municipal, los principales beneficiarios del PAE se ubican en corregimientos como El Perro, El Vallito, Los Venados, Guaymaral, Patillal, La Vega y Badillo. Es menos del 10 %, de los cerca de 77 mil estudiantes matriculados en la capital del Cesar.

Contratación del departamento

El secretario de Educación Departamental, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez, sostuvo que ya fue abierta la licitación en la que se establecieron los términos y cláusulas que debe cumplir el contratista.

“Se tiene previsto que el contrato, en zona norte y zona sur, se adjudique el 10 de febrero (viernes) para iniciar en los días siguientes la puesta en marcha de este proyecto. Se contratarán dos operadores para que no se presente traumatismo, porque en 2016 nos fue muy bien con las 127 mil raciones alimentarias, tanto servidas como industrializadas”, dijo Araújo Gutiérrez, quien señaló que existen $13 mil millones para entrar a operar durante los primeros 38 días.

Tanto alimentación como transporte escolar son estrategias de permanencia del Ministerio de Educación, con el fin de que los padres no tengan excusa de no enviar sus hijos a estudiar.

Las jornadas escolares iniciaron el 23 de enero, desde entonces los beneficiarios de este programa acuden a clases sin el suministro. De igual manera, existen demoras en la contratación que empleados de oficios varios, vigilancia y encargados de atención a niños en condición de discapacidad.

En materia de transporte

Por medio de la licitación 004 de 2017, la Alcaldía de Valledupar abrió la convocatoria para los interesados en desarrollar el contrato de transporte escolar en la zona urbana y rural de este municipio.

“Por primera vez en Valledupar, el transporte escolar iniciaría con el favor de Dios y si no existen contratiempos en el proceso, el lunes 27 de febrero porque el viernes 24 pensamos adjudicar el contrato”, confirmó el secretario general, José Juan Lechuga.

La inversión inicial de $2.400 millones será para cubrir 104 de los 180 días calendario. El mismo caso ocurre en el resto de los 24 municipios del Cesar, en los que la Secretaría de Educación Departamental advirtió a los alcaldes para que contraten el transporte y así faciliten en tránsito a los alumnos residenciados en zonas de difícil acceso del departamento.

Irregularidades

Hasta el 8 de febrero, solo 60 entidades territoriales habían firmado contratos de alimentación escolar y estaban en operación. Además, 26 de estos tienen contrato firmado pero continúan en etapa de alistamiento.

Sin embargo, según el Ministerio de Educación Nacional, Armenia, Cauca, Jamundí, La Guajira, Popayán, Riohacha, Sucre, Piedecuesta y Tolima, no contratan y los colegios oficiales no cuentan con Programa de Alimentación Escolar.

Por ejemplo, el Centro Democrático presentó el pasado miércoles denuncias ante los organismos de control por presuntas irregularidades en la contratación de los operadores del PAE para los niños del departamento del Valle del Cauca.

Propuesta de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación hizo una propuesta para que cada gobierno de turno inyecte anualmente recursos de manera obligatoria para los planes de alimentación escolar.

Además, la entidad pidió al Ministerio de Educación invertir en la contratación de auditorías para “garantizar que los recursos destinados al programa sean ejecutados debidamente” y evitar casos de corrupción como el de La Guajira que tiene detenido al alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, por presuntas irregularidades en la contratación del PAE.

Para el tema de alimentación, la administración de Augusto Ramírez Uhía invertirá más de $12.167 millones, valor que alcanzará para cubrir 122 de los 180 días que tiene el calendario escolar. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

El Ministerio Público solicitó trabajar de manera coordinada para asegurar el derecho de los niños y niñas a una alimentación sana y equilibrada. El ente de control evaluó las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y de infraestructura que presenta aún el programa y elevó diversas recomendaciones encaminadas a mejorar su desarrollo e implementación.

En esta medida, el organismo de control solicitó al Ministerio de Educación Nacional continuar examinando fórmulas para convertir el PAE en una política de Estado, a través de la cual se le inyecten anualmente recursos de manera obligatoria, independientemente del gobierno de turno.
Así mismo, aseguró que existe un riesgo grande al tomar como referencia los criterios del Gobierno Nacional para controlar el efectivo uso de los recursos en el PAE.

“Dicho riesgo tiene que ver con el hecho de que para el Gobierno Nacional el giro de los recursos equivale a su ejecución”, explicó.

Desde este punto, el ente de control reiteró que se requiere fortalecimiento institucional a través de dichas auditorías que brinden información periódica sobre los hallazgos e irregularidades que se encuentren en la ejecución del programa y enfatizó en la necesidad de construir un esquema de indicadores más riguroso que mida con precisión el tiempo y las raciones que se brindan.

Sugirió al Mineducación liderar iniciativas que involucren a toda la comunidad, con el objetivo de enfrentar la corrupción y capacitar a la ciudadanía de una manera permanente en el ejercicio de sus derechos y en la protección de los recursos públicos.

Al Ministerio de Salud pidió promover mecanismos efectivos encaminados a controlar la calidad de los alimentos suministrados, así como el contenido nutricional de los mismos. Por su parte, al Ministerio de Hacienda le sugirió explorar alternativas para incrementar los recursos destinados por el gobierno al programa.

Responsabilidad del Icbf

En el informe del Programa de Alimentación Escolar, la Procuraduría exhortó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, a continuar liderando la formulación, implementación y seguimiento de las políticas encaminadas a mejorar la alimentación de la niñez y la adolescencia, ejerciendo su papel como organismo rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

“Que el Programa de Alimentación Escolar haya sido trasladado del Icbf al Ministerio de Educación, no lo exime de su obligación como rector de buscar protección integral de la población objeto del mencionado programa. Por el contrario, dada su experiencia de varios años manejando el PAE, debe continuar prestando una colaboración cercana para el desarrollo exitoso del mismo”.

En Valledupar, la entidad encargada de estudiar, otorgar y vigilar la prestación del servicio de alimentación escolar es la Secretaría de Educación Municipal, mientras que en los otros 24 municipios del Cesar es la Secretaría de Educación Departamental.

La Procuraduría pidió invertir en la contratación de auditorías especializadas en el manejo de bolsas comunes, con el fin de garantizar que los recursos destinados al programa sean ejecutados debidamente.

En 2015, el Ministerio de Educación Nacional canceló contratos de operadores de alimentación escolar en Atlántico y Bolívar, luego de encontrar hallazgos tras denuncias de los estudiantes, padres de familia y comunidad en general.

“Por primera vez en Valledupar, el transporte escolar iniciaría con el favor de Dios y si no existen contratiempos en el proceso, el lunes 27 de febrero porque el viernes 24 pensamos adjudicar el contrato”: José Juan Lechuga. Se contratarán dos operadores para que no se presente traumatismo, porque en 2016 nos fue muy bien con las 127 mil raciones alimentarias, tanto servidas como industrializadas”: Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez

Por Carlos Mario Jiménez
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