El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la condena al Estado colombiano el homicidio de los sindicalistas de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya.
El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó, en segunda instancia, la condena al Estado colombiano por las fallas en la protección que se debió brindar a los sindicalistas de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, respectivamente, asesinados hace 11 años cuando salían de una mina propiedad de la mencionada empresa en el departamento del Cesar.
De acuerdo con lo consignado en la decisión del Tribunal, fueron hallados responsables los ministerios del Interior y Defensa así como a la Policía y al DAS del doble crimen, ya que no brindaron la debida protección en defensa de la vida de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, asesinados el 12 de marzo de 2001 por paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, bajo el mando de Óscar Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’.
Los sindicalistas desde el 2 de abril de 2000, denunciaron que en un panfleto que circuló en el municipio de El Paso, Cesar, habían sido declarados objetivo de los paramilitares y señalaban a Sintramienergética de nexos con las Farc.
El despacho judicial encontró que los órganos de seguridad del Estado tampoco los protegieron pese a que ya había sido asesinado el trabajador carbonero y miembro de la organización sindical, Cándido Pérez.
Al momento de evaluar la situación de Locarno y Orcasita, funcionarios del DAS determinaron que sí existían amenazas pero que eran anónimas y calificaron el riesgo de “medio-bajo”.
Antes que darles una protección adecuada, les recomendaron que adoptaran “medidas de auto seguridad personal en sus desplazamientos”, que evitaran “la continua presencia en zonas rurales” y que dieran a conocer “oportuna y en forma eficaz” a las diferentes autoridades cualquier irregularidad que conocieran y que pudiera afectar su integridad física.
Al analizar dichas recomendaciones, el Tribunal señala que “este documento, en sí mismo, constituye una burla“, si se tiene en cuenta que los dirigentes asesinados trabajaban fuera de Valledupar, que la Drummond solo permitía el desplazamiento en buses contratados y que ellos no poseían ni les suministraron un sistema de comunicación para advertir a las autoridades en caso de una situación de riesgo.
“Además, causa indignación que pese a que se reconoce que el orden público en la zona era difícil, y que la calidad de directivo sindical en este país conllevaba un estigma de asociación con la izquierda, el nivel de riesgo se haya calificado como medio-bajo, cuando era claro que las circunstancias consignadas en el estudio de riesgo imponían concluir de manera diferente”, dice el fallo.
Por estas razones, además de confirmar la condena, la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y sus colegas José Aponte Olivella y Alberto Espinosa Bolaños, ratificando el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, emitido el 2 de mayo de 2011, adicionó y concedió perjuicios morales en favor de Sintramienergética y, de manera simbólica aplicando un modelo de justicia restaurativa.
Ordena que las entidades condenadas realicen un acto público o elaboren una comunicación de amplia divulgación en el Cesar, reconociendo la labor realizada por este sindicato, en procura de resarcir el buen nombre de las víctimas.
‘El Samario’ testigo clave
Por la muerte de los sindicalistas Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, han sido condenados exparamilitares como Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ y Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, este último ha revelado que el doble crimen fue, presuntamente, planeado entre directivos de Drummond y el Bloque Norte de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
‘El Samario’ es testigo clave en el juicio que adelanta una corte de Alabama en Estados Unidos, tras la demanda interpuesta por cerca de 600 víctimas de los grupos paramilitares en el norte de Colombia, quienes acusan a la carbonera de patrocinar a los grupos armados ilegales.
Por el caso de los sindicalistas fue llamado a juicio el empresario Jaime Blanco Maya, quien confesó ante la Fiscalía que la Drummond, de manera voluntaria, buscó la protección de los paramilitares. Sin embargo, la compañía ha negado dichos nexos.
El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la condena al Estado colombiano el homicidio de los sindicalistas de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya.
El Tribunal Administrativo del Cesar confirmó, en segunda instancia, la condena al Estado colombiano por las fallas en la protección que se debió brindar a los sindicalistas de la multinacional Drummond, Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, respectivamente, asesinados hace 11 años cuando salían de una mina propiedad de la mencionada empresa en el departamento del Cesar.
De acuerdo con lo consignado en la decisión del Tribunal, fueron hallados responsables los ministerios del Interior y Defensa así como a la Policía y al DAS del doble crimen, ya que no brindaron la debida protección en defensa de la vida de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, asesinados el 12 de marzo de 2001 por paramilitares del frente ‘Juan Andrés Álvarez’, bajo el mando de Óscar Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’.
Los sindicalistas desde el 2 de abril de 2000, denunciaron que en un panfleto que circuló en el municipio de El Paso, Cesar, habían sido declarados objetivo de los paramilitares y señalaban a Sintramienergética de nexos con las Farc.
El despacho judicial encontró que los órganos de seguridad del Estado tampoco los protegieron pese a que ya había sido asesinado el trabajador carbonero y miembro de la organización sindical, Cándido Pérez.
Al momento de evaluar la situación de Locarno y Orcasita, funcionarios del DAS determinaron que sí existían amenazas pero que eran anónimas y calificaron el riesgo de “medio-bajo”.
Antes que darles una protección adecuada, les recomendaron que adoptaran “medidas de auto seguridad personal en sus desplazamientos”, que evitaran “la continua presencia en zonas rurales” y que dieran a conocer “oportuna y en forma eficaz” a las diferentes autoridades cualquier irregularidad que conocieran y que pudiera afectar su integridad física.
Al analizar dichas recomendaciones, el Tribunal señala que “este documento, en sí mismo, constituye una burla“, si se tiene en cuenta que los dirigentes asesinados trabajaban fuera de Valledupar, que la Drummond solo permitía el desplazamiento en buses contratados y que ellos no poseían ni les suministraron un sistema de comunicación para advertir a las autoridades en caso de una situación de riesgo.
“Además, causa indignación que pese a que se reconoce que el orden público en la zona era difícil, y que la calidad de directivo sindical en este país conllevaba un estigma de asociación con la izquierda, el nivel de riesgo se haya calificado como medio-bajo, cuando era claro que las circunstancias consignadas en el estudio de riesgo imponían concluir de manera diferente”, dice el fallo.
Por estas razones, además de confirmar la condena, la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y sus colegas José Aponte Olivella y Alberto Espinosa Bolaños, ratificando el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, emitido el 2 de mayo de 2011, adicionó y concedió perjuicios morales en favor de Sintramienergética y, de manera simbólica aplicando un modelo de justicia restaurativa.
Ordena que las entidades condenadas realicen un acto público o elaboren una comunicación de amplia divulgación en el Cesar, reconociendo la labor realizada por este sindicato, en procura de resarcir el buen nombre de las víctimas.
‘El Samario’ testigo clave
Por la muerte de los sindicalistas Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, han sido condenados exparamilitares como Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ y Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, este último ha revelado que el doble crimen fue, presuntamente, planeado entre directivos de Drummond y el Bloque Norte de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
‘El Samario’ es testigo clave en el juicio que adelanta una corte de Alabama en Estados Unidos, tras la demanda interpuesta por cerca de 600 víctimas de los grupos paramilitares en el norte de Colombia, quienes acusan a la carbonera de patrocinar a los grupos armados ilegales.
Por el caso de los sindicalistas fue llamado a juicio el empresario Jaime Blanco Maya, quien confesó ante la Fiscalía que la Drummond, de manera voluntaria, buscó la protección de los paramilitares. Sin embargo, la compañía ha negado dichos nexos.