BOGOTA AP y EL PILÓN
La sentencia y eventual condena al coronel que retomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia en 1985, “es un acto de reconocimiento a la lucha de 25 años” por conocer la verdad, estiman los parientes de 11 desaparecidos en esa acción.
Los familiares guardan la esperanza que antes de que termine el mes de mayo, el juez dicte sentencia condenatoria.
Sin embargo, la defensa del ahora coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, dice que no hay pruebas contra el militar en el caso de los desaparecidos y expresa sus dudas incluso sobre los testigos que lo han salpicado en el caso.
Plazas Vega está detenido desde mediados de 2007 bajo el cargo de ‘desaparición forzada’.
El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del entonces Movimiento 19 de Abril (M-19), entraron al Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y otras instancias judiciales, en el centro de la ciudad y demandaron hacer un juicio al presidente Belisario Betancur (1982-1986).
Entre el ingreso de los rebeldes y la decisión de los militares de retomar el Palacio murieron más de 100 personas, entre ellos los miembros del comando del M-19, 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema y además fueron dadas por desaparecidas al menos 11 personas, la mayoría trabajadores de la cafetería del Palacio.
Una sentencia condenatoria contra el oficial “más que un acto de justicia, es un acto de reconocimiento a la lucha de 25 años por el esclarecimiento de los hechos”, señaló René Guarín, hermano de Cristina Guarín, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia y una de las personas declaradas como desaparecidas.
El defensor de Plazas Vega, el abogado Jaime Granados, insiste en la inocencia de su cliente.
“A él lo tienen supuestamente por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, sin que exista una sola prueba en contra de él. No hay ninguna prueba”, precisó Granados.
Consideró que los testigos utilizados en el juicio al militar retirado no son válidos porque uno de ellos no declaró en presencia de un procurador delegado, ni de la defensa, mientras que el otro era una persona que “estaba presa y la sueltan supuestamente el día de la toma del Palacio de Justicia y sale a conducir un tanque cascabel, que requiere de tres meses de entrenamiento para conducirlo”.
El abogado, quien pidió la nulidad del proceso, explicó el viernes que Plazas se encuentra recluido en el pabellón de psiquiatría del Hospital Militar en Bogotá, presuntamente por la ‘presión psicológica’ del proceso.
En abril pasado, Plazas hizo evidente su descompostura cuando al salir de una audiencia alcanzó a golpear a familiares de los desaparecidos que se aglomeraron frente al juzgado.
Para Sandra Beltrán, de 45 años, y gerente hospitalaria, en entrevista telefónica la semana pasada, toda la cadena de mando, incluido el presidente Betancur, son culpables de las desapariciones de sus familiares, porque “hubo ausentismo de poder esos dos días. Si el máximo jerarca (el presidente) se hizo a un lado y no intervino, es tan culpable como los que ejecutaron la acción”.
Pero en un giro inesperado, Tania Parra, abogada del general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, investigado también por las desapariciones, aseguró que no era lógico que se inculpara a su defendido por cuanto él no desempeñó directamente las funciones de la retoma.
El militar, en declaraciones publicadas en un medio de comunicación impreso, aceptó que hubo desaparecidos pero quienes tendrían que responder son Plazas y el coronel retirado Edilberto Sánchez, comandante de inteligencia militar en esa época.
De acuerdo con Guarín, citando datos que dijo consiguió a fines del 2008 entre militares retirados de bajo rango que participaron en la retoma del Palacio, algunos cuerpos de desaparecidos estarían enterrados en un campo de práctica de tiro en un batallón del Ejército en la capital.
Guarín aseguró que aunque suministró tales datos a las autoridades judiciales, no se ha hecho nada para hacer exhumaciones en el campo de tiro.
“La justicia para nosotros ha sido tardía…inexistente”, agregó Guarín.