La firma brasilera Odedrecht, que tiene inversiones en el Cesar con la Ruta del Sol sector dos, está en ‘el ojo del huracán’ desde que la justicia norteamericana descubriera prácticas corruptas de la mencionada empresa, a la que se le acusa de incurrir en presuntos sobornos para asegurar contratos públicos en doces países, entre los que figura Colombia, donde la compañía constructora tiene presencia desde 1991.

En el país Obedrecht aparece con dos contratos importantes: la Ruta del Sol sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el antiguo Instituto Nacional de Concesiones, Inco, ahora Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, que va desde Puerto Salgar, Cundinamarca, hasta San Roque, Cesar, (que comprende los municipios cesarenses de Aguachica, Pelaya, Pailitas, San Martín y Curumaní); y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena.

El documento judicial que dio apertura al proceso en Estados Unidos resume que entre 2009 y 2014 Odebrecht promovió aparentes pagos corruptos por más de un millón de dólares para asegurar contratos de obras públicas. “Obtuvo beneficios de más de 50 millones de dólares como resultado de estos pagos corruptos”, se plasma en la misiva.

Una vez se conoció el escándalo, la Fiscalía emitió acciones para clarificar la situación en tres escenarios específicos: la Agencia Nacional de Infraestructura, para conocer los orígenes de la contratación de la Ruta del Sol Sector 2, con sus prórrogas y adiciones. Las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), en Bogotá y Barrancabermeja, para los mismos fines respecto al contrato celebrado con Odebrecht.

Otra tarea de la justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 a la fecha, al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio buscan establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana dan para estructurar procesos penales por cohecho impropio, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, si se comprueban ilícitos.

Voces locales

Al respecto, el secretario de Infraestructura del Cesar, Federico Martínez, aseguró que la encargada de hacerle seguimiento a la Ruta del Sol, tanto del sector dos como la tres, es la Agencia Nacional de Infraestructura, puesto que las vías que comprenden son del orden nacional.
“Los diseños, ejecución e intervención de la Ruta del Sol son de resorte nacional no departamental; es más ellos tienen su propia interventoría. El gobierno nacional es la que realiza el control sobre la ejecución del proyecto, pagos y contratos. Nosotros como departamento lo que podemos hacer es un control visual; si encontramos cualquier anomalía se le informa a la ANI. No tenemos control de avance de obras ni de contratación”, explicó.

El funcionario expresó que en la actualidad se está trabajando en los municipios del sur del Cesar por el tema de las variantes, asegurando que “el gobernador Francisco Ovalle gestiona que éstas no afecten el comercio de los municipios, puesto que normalmente las hacen fuera de estos; la idea es que los usuarios de la vía transiten por el municipio para que se active el comercio”.
EL PILÓN intentó comunicarse con el gerente del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, seccional Cesar, Gilberto Elías Pérez, para conocer su opinión frente al tema, pero resultó infructuoso, porque el funcionario estaba de comisión y no tenía señal en su celular.

Avances de obras de la Ruta del Sol sector dos

Voceros de la Ruta del Sol, sector dos, aseguraron que no están emitiendo declaraciones relacionadas al escándalo de Odebrecht, pero EL PILÓN conoció de manera extraoficial que los avances de las obras de la Ruta del Sol, sector dos, van así: 200 kilómetros de doble calzada en operación, 300 kilómetros de vía nueva construida y 200 kilómetros de vía rehabilitada, lo cual representa un avance físico del 64 por ciento; y que lo que les resta por construir lo harán en el plazo que tienen fijado: hasta finales del 2018.

Por recordar

Cabe recordar que en el 15 de diciembre del 2009 la Concesionaria Ruta del Sol firmó un contrato con el INCO, por 5 billones de pesos, para la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de las obras en doble calzada del Sector 2 del proyecto Vial Ruta del Sol, que tiene una longitud aproximada de 528 kilómetros.

Los accionistas de la Concesionaria Ruta del Sol son las empresas del sector constructor y financiero de origen brasilero y colombiano, Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Participações e Investimentos S.A., Estudios y Proyectos del sol S.A.S. Y CSS Constructores S.A.

Este contrato estuvo rodeado de suspicacias por las objeciones que se presentaron al momento de su adjudicación. En ese año participaron el grupo Nule, la compañía española OHL y Odebrecht. El grupo Nule fue descalificado porque no presentó las garantías necesarias. La propuesta de OHL tampoco fue tenida en cuenta porque no cumplió los requerimientos técnicos. Finalmente se abrió un solo sobre con la propuesta de la Concesionaria Ruta del Sol (Consol) integrada por Odebrecht, que tenía una participación mayoritaria, Episol, filial de Corficolombiana y CSS, de los hermanos Solarte.

En el 2014 se le hizo al proyecto una adición de 1,2 billones de pesos para construir un nuevo tramo de 82 kilómetros, la transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra para conectar Norte de Santander con el sur de Cesar y el río Magdalena. En total el valor de la obra con esta adición ascendió a 4,4 billones de pesos.

Aunque el fiscal indicó que es de competencia del contratante definir qué pasará en términos de inhabilidades de Odebrecht por el soborno en Colombia, se prevé que la ANI tendrá que caducar el contrato, de acuerdo con la Ley Anticorrupción. Según la normativa vigente para el momento de la adjudicación del contrato, las conductas de soborno entre los socios se castigan con la caducidad.

El presidente Juan Manuel Santos pidió ayer a la Fiscalía agilizar las pesquisas sobre eventuales sobornos a funcionarios por parte de Odebrecht.

‘Tropiezos’ con el proyecto del río Magdalena

Durante varios meses en Cormagdalena, así como en sectores económicos y políticos del país, se dudó de que la empresa Navelena, cuyo mayor accionista es Odebrecht, pudiera cumplir con las obligaciones derivadas de la licitación que ganó para garantizar la navegabilidad del río Magdalena. Las dudas persistían porque en un comienzo la multinacional brasileña con su filial estaban presentando retrasos en el cumplimiento de los cronogramas financieros establecidos. Sin embargo, cuando se esperaba que se declarara caducidad del contrato, todo se solucionó: el pasado 16 de diciembre, Navelena acreditó el cierre financiero del proyecto y quedó suspendido el proceso de caducidad. Además se anunció que en enero se inician las obras.

La compañía pudo cumplir en esta primera etapa en razón a que hizo una alianza financiera con el banco Sumitomo Mitsubishi Banking Corporate, el segundo más importante de Japón, al cual convirtió en socio del proyecto.

Primer capturado por este escándalo

Luego de tres semanas de investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Fiscalía capturó al ex viceministro de transporte, Gabriel García Morales, del gobierno de Álvaro Uribe.

Según las pesquisas, él habría recibido un pago de 6,5 millones de dólares por parte del grupo Odebrecht a cambio de garantizar que esta sería la única firma habilitada para la licitación del tramo dos de la Ruta del Sol, que fue adjudicado por la INCO, cuando estaba bajo su administración.  Por esto, la Fiscalía le imputaría los delitos de cohecho perfecto, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito.

Estos pagos, indicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fueron realizados por Odebrecht en Brasil utilizando el sistema financiero a través de la banca off shore, y del Departamento de Operaciones Estructuradas que se organizó por la firma brasilera para transacciones “indebidas con el mecanismo de contrataciones ilícitas alrededor del mundo”.

Martínez además explicó que los 4,5 millones de dólares restantes que recibió Colombia en sobornos “se utilizaron para acceder a otros contratos de obra pública, en este caso no con el INCO sino con la ANI durante la actual administración”.

Según el ente acusador, Odebrecht solicitó un principio de oportunidad con el objetivo de colaborar en el proceso y de obtener inmunidades en el marco acusatorio. En relación con esto, la Fiscalía condicionó su concesión al pago de 32.000 millones de pesos como una reparación integral del daño causado a la administración pública; sobre este monto hubo acuerdo con la constructora.

El Gobierno anunció en diciembre la cancelación de los contratos en los que se comprueben actos de corrupción de la constructora brasileña, señalada por Estados Unidos de pagar millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas en Colombia entre el 2009 y el 2014.

Por Annelise Barriga/EL PILÓN