Durante el 2016, la administración de Augusto Ramírez Uhía fue criticada por la celebración del convenio 040 con la Fundación Asociación Creando Futuro (Asocref) representada por Gloria Añez Martínez, cuyo valor fue superior a los $2.753 millones, una cifra que para muchos es demasiado teniendo en cuenta que el objetivo del contrato era aunar esfuerzos para la implementación de procesos sociales orientados a la reconstrucción del tejido social y formación ciudadana para la paz y el pos conflicto en Valledupar.

Aunque el mismo alcalde salió en defensa de este convenio y explicó el motivo de su inversión, no todos los vallenatos quedaron convencidos y menos teniendo en cuenta que este no era el único contrato adjudicado a esta fundación, pues la organización también había sido seleccionada para la ejecución de un convenio por más de $1.453 millones, con el fin de aunar esfuerzos para promover la atención integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, indigencia, desnutrición y problemas de salud en los centros de vida de Los Mayales y La Nevada.

Pero lo que más críticas causó fue que ambos contratos se adjudicaron de manera directa, a pesar del valor a contratar. Esto llevó a sospechar a que se podría tratar de un pago de favores, aunque Ramírez Uhía defendió y señaló que se trataba de una fundación vallenata con toda la idoneidad y experiencia, con certificación de calidad.

Con el fin de que casos como estos no se sigan cometiendo y evitar que la corrupción sea protagonista a la hora de que el Estado contrate con fundaciones u ONG, recientemente el presidente Juan Manuel Santos emitió el decreto 092 del 23 de enero, que pone freno a la contratación directa mediante organizaciones sin ánimo de lucro, que a su juicio es uno de los grandes huecos de corrupción, pues muchas de esas instituciones “son una herramienta predilecta de los corruptos para arruinar al Estado”.

La decisión asegura, además, que con esta determinación se frena “en seco” los abusos en la contratación directa con dichas entidades, que han causado pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable.

Con el decreto expedido por la Presidencia de la República, esa modalidad de contratación, que está contemplada en el artículo 355 de la Constitución se mantiene, pero tendrá controles.

Frente a esto, el veedor ciudadano Jaine Mora Murgas, quien ha hecho seguimiento a los procesos de contratación del municipio, recordó que en su momento, él denunció el contrato con la Fundación Asociación Creando Futuro. “En el que un cantidad de muchachos que no tienen hijos van a saber cómo educar a los menores. En eso se perdieron casi $3.000 millones, en un proyecto que no tiene ningún beneficio hacia la comunidad, sino solamente a las personas que le adjudican ese convenio”, acotó.

Reconoció que el tema de las fundaciones no solo es en Valledupar, sino en todo el país “donde los corruptos en complicidad de las administraciones municipales y departamentales, le roban al Estado”.
“Eso había que frenarlo, porque la corrupción campea por todas partes y resulta que únicamente un poco de avivatos conforman una fundación o asociación y la registran en la Cámara de Comercio, pero no se sabe qué calidad están conformando, solo lo hacen con el fin de estafar al Estado, buscando prebendas a través de los municipios y departamentos para enriquecerse de los recursos públicos”, dijo Mora Murgas.

El veedor ciudadano espera que este nuevo decreto realmente ponga freno a esta situación y que la ley se cumpla, pues de nada sirve que emitan decretos y queden en anuncios y papel.

¿Qué dice la nueva norma?

El decreto 092 del 23 de enero de 2017, que hace referencia a la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, tiene por objeto reglamentar la forma como el gobierno nacional, departamental o municipal contrata con estas organizaciones, para impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con los planes de desarrollo.

Para el analista Gabriel Campillo Solano, esta es una buena noticia para el país, debido a que con esto se deroga el decreto 777 de 1992, por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política, que autoriza con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público, sin mayor control.
“Es un decreto que hacía falta para evitar que particulares se sigan quedando con el dinero de la población menos favorecida, además que los contratos sean asignados siempre a los amigos de los gobernantes, que en muchos casos crean fundaciones de papel sin cumplir con la experiencia para ejecutar los convenios”, expresó.

También refirió al término de aunar esfuerzos, el cual parece ser el favorito de la administración municipal a la hora de plantear un proyecto, cuando en realidad lo que debe hacerse es fortalecer los diferentes sectores en el municipio.
“La administración y las fundaciones se van a herniar de tanto esfuerzo que han aunado, mientras las necesidades del municipio siguen si satisfacerse”, acotó Campillo Solano.

Con este nuevo decreto se deja claro que las administraciones podrán contratar con las fundaciones u ONG, pero teniendo en cuenta algunas condiciones: la primera de ellas es que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previstos en el Plan de Desarrollo, con los cuales se busque exclusivamente promover los derechos de personas en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana.

Así mismo, que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la entidad estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto; que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades privadas sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del riesgo.

De igual manera, las fundaciones que quieran contratar con alguna administración pública deberán estar registradas en el Secop, el cual será el medio para acreditar los indicadores definidos por las entidades estatales.

Proceso de contratación en Valledupar
Durante el último año, la administración del municipio de Valledupar se ha caracterizado por aunar esfuerzos con diferentes fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, a través de convenios que se han celebrado para ejecutar diferentes actividades en sectores de la población.

En total han sido 78, según la base de datos del Secop, entre enero de 2016 y lo que va del 2017. Los procesos con este tipo de organizaciones y lo que todos tienen en común, en que se adjudicaron a través de la contratación directa, a pesar de que algunos tienen un valor monetario bastante elevado.

En todo este tiempo, la administración municipal ha contratado $72.603.208.484 con fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, donde sobresalen los contratos adjudicados a la Fundación Acción Social Integral, para aunar esfuerzos técnicos y económicos para el desarrollo de acciones para la “implementación del programa de alimentación, para la vigencia 2016, por valor superior a $12.312 millones.

De igual manera, a la Fundación para el Desarrollo de la Región Norte Colombiana se le adjudicó un contrato por cuantía de $2.199.775.698, “para aunar esfuerzos con el objeto de mejorar las condiciones nutricionales y protección integral del adulto mayor del municipio de Valledupar, vigencia 2016.

Para el tema de cultura ciudadana, la administración de Augusto Ramírez Uhía le entregó algo más de $1.372 millones a la Fundación Universitaria del Área Andina, contrato con el que buscaba “aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto denominado implementación de procesos de convivencia y cultura ciudadana en el municipio de Valledupar”.

La nueva norma emitida por el presidente Juan Manuel Santos regirá a partir del 1 de junio, de ahí en adelante las entidades sin ánimo de lucro deberán ajustarse a los nuevos parámetros de contratación.

“El que resultará beneficiado será el Estado”
El secretario General de Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga Zambrano, dialogó con EL PILÓN sobre los ajustes que deberá hacer la alcaldía.

Explicó que a la fecha los convenios realizados han sido en virtud del Decreto 777, que está regulado por la Constitución. “Y no podemos parar la administración pública para iniciar los nuevos procesos, ni tampoco podemos aplicarle la nueva normatividad pues esta no ha entrado en vigencia, además hacen falta unos nuevos requisitos que el mismo decreto estableció”, expresó Lechuga Zambrano.

El funcionario aseguró que deben esperar para tal caso la reglamentación que expida Colombia Compra Eficiente. “Con eso lo que se busca ahora es la competencia entre las fundaciones, pues deberá haber un proceso de selección y al final el que resultará beneficiado será el Estado”, puntualizó.
Lechuga Zambrano expuso su punto de vista frente al convenio por el que tanto ha sido criticada la administración municipal. “Si bien nosotros contratamos el año inmediatamente anterior el proyecto ‘La Familia es lo Primero’, es porque estamos convencido de que si no invertimos en tejido social, cualquier inversión que se haga no va a servir para nada”, acotó.

Del mismo modo explicó que aunque se pudo haber hecho hasta ocho convenios con diferentes fundaciones para ejecutarlo, “por eficacia agarramos todos los componentes y los consolidamos con un solo convenio con una sola fundación”.

En el Cesar

Aunque la Gobernación de Cesar ha sido un poco más cuidadosa a la hora de hacer convenios y contratos de manera directa, también deberá ajustarse al nuevo decreto.

Durante el primer año de administración de Francisco Ovalle Angarita, sobresalen los procesos contractuales con algunas entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Social Obras de Amor Esperanza y Vida, con el objetivo de aunar esfuerzos par a desarrollar programas sociales de inclusión y participación, beneficiando a la primera infancia, niños, adolescentes, jóvenes, equidad de género, discapacidad, comunidad LGBTI y población vulnerable del departamento del Cesar, por una cuantía de $2.386.741.038.

Igual que en el municipio de Valledupar, aquí también figura la Fundación para el Desarrollo de la Región Norte Colombiana, para aunar esfuerzos para promover las condiciones de calidad de vida del adulto mayor en el departamento, a través de los componentes de seguridad alimentaria, participación, sensibilización y capacitación, por valor de $12.723.940.000.

El nuevo decreto empieza a regir el 1 de junio de 2017 y deroga los decretos 777 y 1403 de 1992, así como al 2459 de 1993. Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán ejecutándose de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fueron suscritos.

Andreína Bandera / EL PILÓN
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