El próximo 3 de noviembre en el auditorio Afranio Restrepo de la Cámara de Comercio, se llevará a cabo un conversatorio sobre la Justicia Especial para la Paz (JEP), enmarcada en la contextualización de democracia, memoria, derechos humanos y educación para el post conflicto.

El evento se realizará entre las 8:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, con la participación de Nadiehezka Palencia, enlace regional JEP para la Región Caribe. La jornada es organizada por la mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar.

Tras una larga deliberación, el pasado mes de octubre, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz que permite la participación de exmiembros de las Farc.

El Acto Legislativo 01 de 2017 asegura que “la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política. Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia”.

Luego de intervenciones del Fiscal General de la Nación, en todas las discusiones, y con la presencia y participación de organizaciones de víctimas, activistas sociales, miembros de la fuerza pública, y del ámbito académico, se aprobó el modelo de justicia transicional que nació del proceso de paz con las Farc, y que tendrá como tarea brindar justicia, buscar y esclarecer la verdad, y reparar a las víctimas del conflicto armado.

De esta manera, el Gobierno sacó adelante las normas que reglamenta el Tribunal de Paz que impartirá justicia a los excombatientes, agentes de Estado y terceros civiles en el marco del conflicto.

Recientemente, el magistrado Luis Guillermo Guerrero señaló que las sanciones penales dentro de la Justicia Especial para La Paz, solo pueden estipularse en una norma jurídica de rango legal, y no atadas a lo escrito en el acuerdo final con las Farc.

La ponencia mantiene el tema de la participación en política que contempla que cualquier sanción proferida por la JEP no inhabilitará en la participación en política ni limitará el ejercicio de ningún derecho.

Sobre el tema de los terceros, que hoy están sujetos a la jurisdicción penal ordinaria, solo podrán ir a la JEP de manera voluntaria. No podrán ser llamados a la JEP, a menos que acepten su jurisdicción.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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