En el municipio minero de La Jagua de Ibirico la historia se repite. Tal parece que sus mandatarios están condenados a salir mal librados por el manejo de los recursos públicos y de regalías. Cuando se creía que Didier Lobo Chinchilla sería el primero en no tener problemas con los entes de control, la Contraloría General de la República dio a conocer que trasladó a la Fiscalía un hallazgo con connotación fiscal por un presunto sobrecosto.

En La Jagua de Ibirico en varias administraciones el protagonista siempre ha sido el sobrecosto en las compras de programas sociales y, en este caso, Lobo Chinchilla no fue la excepción.

Según el reporte que envió la Contraloría a la Fiscalía, en el municipio carbonífero se habría presentado un sobrecosto por 2.384 millones de pesos, por lo que el contralor General, Edgardo Maya Villazón, le abrió un proceso de responsabilidad fiscal al exmandatario y a los integrantes de la firma contratista Unión Temporal Servicios Nutricionales, la Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS), Industrias Alimentos y Cathering Catalina S.A.S, y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda, Fundalimentos.

Maya Villazón no solo reportó el hecho ante la Fiscalía sino que también lo hizo ante el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado.

Según el informe de la Contraloría, la Corporación GERS también hizo contratos similares con la Alcaldía de Becerril.

La auditoría

Los hallazgos que dieron lugar a que la Contraloría diera traslado del presunto sobrecosto a la Fiscalía, obedecen a una auditoría en la que encontró que en 2012, la administración de Lobo Chinchilla suscribió un contrato con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios por valor de 15.295 millones de pesos.

El objeto de dicho contrato era el suministro durante 18 meses de paquetes nutricionales para la recuperación de niños desnutridos y de madres gestantes o lactantes, en el municipio de La Jagua de Ibirico.

Entre los hallazgos que llama la atención se encuentra el presunto sobrecosto que hizo la administración por la compra de 125 gramos de mantequilla, por los que pagó 7.200 pesos, cuando en el mercado su valor es de 1.820 pesos.

Por 250 gramos de avena molida pagó 4.596 pesos cuando el valor es de 1.980 pesos, el aceite vegetal lo pagó a 6.228 pesos cuando el valor era de 4.480 pesos, por la libra de lentejas pagó 2.028 pesos cuando su valor real es de 1.300 pesos, entre otros productos que muestran el sobrecosto.

Según el informe del ente de control, la administración de Didier Lobo Chinchilla pagó un sobrecosto de 3.683 millones de pesos en la adquisición de víveres como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche. Además que estos kit presentaron presuntas deficiencias en materia de calidad.

La Contraloría determinó el daño patrimonial en 2.384 millones de pesos, al descontar del valor antes mencionado los gastos de pólizas de calidad y cumplimiento, además de impuestos, que ascendieron en total a 1.298 millones de pesos.

Para el ente de control, el exmandatario suscribió el contrato 3040 de 2012 con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios “sin verificar de manera estricta el cumplimiento del objeto del contrato, por lo que presuntamente su conducta generó o contribuyó al resultado del detrimento patrimonial”.

La Contraloría General tuvo en cuenta que Lobo Chinchilla como gestor fiscal, fue quien adelantó un proceso licitatorio, en el que además participó un solo proponente, en el que hubo una deficiente elaboración de los estudios previos de mercado, que culminó con la suscripción del contrato de suministro 240 de 2012.

“Comportamiento que posiblemente desatendió principios de la contratación estatal en detrimento del patrimonio público del municipio de La Jagua de Ibirico, específicamente los de economía y responsabilidad”, dice el informe.

De igual modo, la Contraloría considera que la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, se benefició de manera irregular con el mayor valor que se les pagó, lo que podría haber configurado un posible enriquecimiento injusto en beneficio del contratista y en perjuicio del patrimonio público.

Al proceso de responsabilidad fiscal, la Contraloría vinculó como terceros civilmente responsables, a las compañías de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia y Suramericana S.A.

La Contraloría comparó los precios en varios supermercados y encontró sobrecostos en productos de más de cinco mil pesos.

Sandra Santiago B.
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