En 2016 estalló el escándalo de Odebrecht y la empresa reconoció haber pagado millonarios sobornos para verse beneficiada con la entrega de contratos viales, entre los que se encuentra el tramo dos de la Ruta del Sol, que va de Puerto Salgar, Cundinamarca a San Roque, Cesar, y el anexo para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra.

Ese fue el inicio de una desdicha para unos 4.000 trabajadores de la contratista Consol en el departamento del Cesar, que prestaban sus servicios en la obra. Lo que ellos no se imaginaron es que serían los protagonistas de una ‘masacre’ laboral.

Los empleados denunciaron que fueron constreñidos ilegalmente para firmar unos acuerdos en los que a ellos les decían que tenían que aceptar las condiciones o perdían todas sus prestaciones. Aseguran además que les hacían creer que les estaban pagando un bono extra, pero ni siquiera les pagaron lo que correspondía.

Pero eso es solo una parte de lo que implica este caso de corrupción. Hermann Garrido Prada, representante de los trabajadores, denunció que hubo un robo al sistema de seguridad social y parafiscales. “Se hacia la liquidación por menos de la realidad del salario del trabajador y no se tenía en cuenta el porcentaje que la ley asigna para ese aporte. En el tema de la salud el pago se hacía por el 4% y no por el 12.5% que correspondía, pero al trabajador si se le hacía el descuento que le tocaba, pero Consol no pagaba el resto”, dijo Garrido.

El denunciante asegura que esto debió hacerse con la complicidad del interventor del contrato, supervisor, funcionarios de la ARL, EPS, cajas de compensación, porque Consol estaba evadiendo el pago completo del porcentaje que le correspondía por ley.

“Los hechos corruptos se extendieron hacia otros funcionarios públicos. O son muy corruptos los funcionarios de esas entidades o son muy ineptos, pero esto era algo que ocurría mes tras mes, en una suma que fácilmente supera los 50 mil millones de pesos y por eso una consecuencia de eso es la quiebra de varias EPS del sistema de salud, ya que hubo una elusión. De eso tenemos las pruebas”, acotó.

Aunque a comienzos del 2017 se tomaron las primeras decisiones frente al caso de Odebrecht, como la revisión de los contratos, la suspensión de las obras y las investigaciones que terminaron con la captura del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, y el exsenador Otto Bula Bula, frente a los trabajadores de las obras aún no se ha dicho nada para compensarlos, por haberlos despedido y dejarlos sin amparo.

Garrido dio a conocer que en el mes de enero fueron convocados para que firmaran un contrato de transacción “donde, aparentemente, bajo mutuo acuerdo, se daba por terminada la relación laboral. Ellos dejaron de recibir sus salarios pese a que la empresa les dijo que les iba a seguir pagando puntualmente”.

La empresa les dijo que no regresaran a las obras, pero que se quedaran en la zona mientras se solucionaba la situación. Sin embargo, en mayo Consol le dijo que recibieran lo que les ofrecían o se quedarían sin nada, porque la contratista ya se iba y los trabajadores bajo presión firmaron esos acuerdos. Los que no aceptaron no hay recibido el pago de sus salarios.

Días después los trabajadores fueron citados a Barrancabermeja (Santander) para que se adelantan el examen de retiro y para eso tenían cinco días para cumplir, pero como algunos no tenían como trasladarse no asistieron y la empresa no les dio ayuda para el transporte ni la estadía, “A los pocos que fueron les hicieron examen de todo excepto el de columna cuando es el mayor riesgo ocupacional que ellos tienen”, agregó.

El representante de los trabajadores asegura que esta situación la ha denunciado ante el Ministerio del Trabajo, “porque hubo una masacre alusiva y no se han condolido y no hay una sola investigación, ni sanción, a pesar de evidente. La corrupción no es solo lo que se conoció del pago de unas coimas, sino que esas coimas trascendieron a otros lados. Estamos preparando 400 tutelas para interponerlas en los próximos días, para que ese mismo fallo se replique a los otros trabajadores de Consol”, explicó Garrido.

Dice además que es una situación lamentable porque son padres y madres cabeza de hogar que estando en edad productiva no pueden trabajar.
“Los que están enfermos no están siendo atendidos, y no les dan trabajo por las condiciones en las que están, y los que han logrado conseguir un sustento no están en condiciones de hacerlo. Están abandonados a su suerte y el Estado les dio la espalda, sufriendo ellos y sus familias”, expresó.

Juan Romero es uno de los trabajadores afectados, quien contó a EL PILÓN cómo han vivido el drama. “Nosotros salimos a vacaciones el 21 de diciembre de 2016, para regresar el 4 de enero. Ese día nos dijeron que nos fuéramos para la casa, pero que nos mantuviéramos en la zona y que nos iban a seguir pagando. Se dio todo el tema de la liquidación y los perjudicados hemos sido nosotros”, dijo.

Él trabajaba como supervisor y fue uno de los que no se hizo el examen de retiro, por lo tanto hoy aún no ha recibido el pago que le corresponde por ley, mientras tanto sigue desempleado.
Por esta razón, Hermann Garrido Prada y Antonio Pabón Pedraza interpusieron una acción popular el pasado martes ante el Tribunal Administrativo del Cesar, donde piden medidas cautelares para que se les permita lo mínimo que es un examen de egreso para determinar su estado de salud, les paguen lo que les corresponde realmente con un despido injustificado. “Toda esa indolencia de Consol no ha merecido el más mínimo reproche del Mintrabajo”, agregó Garrido.
En casos como estos, el Estado está en la obligación de proteger a los trabajadores, o el patrimonio público está en peligro, porque todas esas indemnizaciones que no pague Consol las tiene que cubrir la Nación.

“Tenemos trabajadores que hoy están sin trabajo y se anuncia que Invías va a retomar la obra y a los muchachos no los han llamado para decirles que son la primera opción porque ya estaban vinculados a un proyecto que les faltaba cinco años, y por lo que ellos se endeudaron al ver que tenían un sueldo que les permitía adquirir compromisos, quedando en una situación lamentable. Los trabajadores son las víctimas de la corrupción, víctimas inocentes y no fueron los que propiciaron los actos corruptos; mientras tanto los medios de comunicación se han dedicado a hablar de una parte del escándalo, pero no han tocado el fondo del asunto y no hablan de lo qué pasó con las víctimas de la corrupción”, puntualizó Garrido.

El Estado prácticamente abandonó a su suerte a estas familias. Son cerca de 4.000 los trabajadores que se encontraban a lo largo de los 548 kilómetros de la obra y que se quedaron de la noche a la mañana sin trabajo.
“Es un drama social y el Gobierno no le ha prestado atención. Hay un grave componente de impunidad por parte de la empresa. Consol no solamente cometió actos corruptos cuando le adjudicaron el contrato, sino que está cometiendo actos criminales porque ha incurrido en un constreñimiento ilegal, consignado situaciones que no tienen nada que ver con la verdad”, manifestó.

Frente a la obra, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunciaron que a finales del presente año se realizarán los respectivos procesos de licitación para entregar los contratos a nuevos proponentes y continuar las obras.

Suprimir peajes
Lo que tiene que ver con los trabajadores no es el único drama que se vive en el sur del departamento del Cesar. Con las obras de la vía se instalaron dos peajes en la vía Ocaña Gamarra y se le aumentaron los precios a los existentes en el tramos de la Ruta del Sol II.

Es así que entre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes también se pide suspender de manera inmediata el cobro de los cinco peajes existentes en el tramo por el mismo lapso en que su cobro fue excesivo e injustificado, desde el 14 de marzo de 2014 hasta la fecha.

De igual manera piden suspender los dos peajes creados en el tramo Ocaña – Gamarra, medida que deberá mantenerse de forma definitiva. Además que la ANI adopte las medidas complementarias a punto de garantizar la realización del proyecto de infraestructura vial, truncado por los actos corruptos.
A esta petición se sumó el personero del municipio de Gamarra, Fredy Martínez Jiménez, quien requirió a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Ministerio de Transporte que, según él, cese el agravio y la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa causados con la imposición de los dos peajes: Platanal – Gamarra y la cesión y aumento de las tarifas a los peajes Morrison, Zambito, La Gómez, Aguas Negras y Pailitas.

Según la queja la cesión y los aumentos en estos “son viciados, pues se efectuaron motivados en un acuerdo ilegítimo, al ser establecidos como parte importante para la financiación del contrato suscrito con la concesionaria Ruta de Sol”.
La solicitud de supresión de los peajes llegará al Senado de la República, donde el senador Alberto Castilla, del Polo Democrático, liderará un debate de control político al respecto, para conocer por qué se sigue cobrando si las obras de la vía a Ocaña están paralizadas, por el escándalo de Odebrecht.

Ante esto, Castilla aseguró que en el peaje están recibiendo plata y las obras están paralizadas. “Hay un escándalo de corrupción y lo que se está haciendo con el recudo es pagar un soborno”, afirmó.

Con la elusión del pago de la salud, existe un desfalco de más de 50 mil millones de pesos, afectando así a las EPS que terminan en la quiebra y por ende perjudicando a los colombianos.

Andreina Bandera / EL PILÓN
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